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Tribuna:

Cataluña propone

El comentario más repetido que recibimos los federalistas catalanes cuando casi hemos convencido a un nacionalista de las virtudes de la vía federal es el siguiente: ¿con quién vais a pactar si casi no hay federalistas en España? Razón no le falta si analizamos la historia contemporánea española. Y, por el contrario, no hay otro camino posible que el pacto autonómico o federal. Esto último también lo sabe el nacionalista catalán. En realidad federalistas y nacionalistas catalanes hemos coincidido muchas veces en la práctica política del pasado siglo XX, porque teníamos al nacionalismo español como adversario común y a la autonomía política como objetivo compartido tanto de la estrategia federalista como de la nacionalista.

La democracia en España ha sido la condición necesaria para poder alcanzar el autogobierno en Cataluña. La histórica relevancia de los Estatutos de 1932 y de 1979 viene dada por la restitución de la Generalitat como la institución representativa y de gobierno de Cataluña. Así lo destacó Macià en la sesión constitutiva del Parlamento catalán, el 10 de diciembre de 1932, al considerar la importancia de la institución parlamentaria como signo de permanencia y representación de la nación catalana. El fracaso del golpe de Estado del general Sanjurjo, el 10 de agosto de 1932, desbloqueó y aceleró la aprobación del Estatuto de 1932, pero también confirmó que el ejercicio de la autonomía republicana estaría plagado de espinas. La distancia en cuanto a la calidad del autogobierno entre el proyecto de Estatuto de Nuria de 1931 y el finalmente aprobado por la Cortes republicanas era más que notable, excesivo. Y el Estatuto de 1979 se parece mucho más al de 1932. Para ser más preciso, en materias como enseñanza, orden público, división territorial y poder judicial, por ejemplo, ya quisiera que la reforma en curso nos acercara a los postulados del proyecto de Núria.

La gran diferencia entre el actual proceso de reforma y los anteriores periodos estatuyentes es que la autonomía política de las nacionalidades y regiones forma parte ya de un paisaje normalizado de la democracia española. El problema que todavía subyace en el Estado autonómico es su insuficiente desarrollo en un sentido federal y plurinacional. Todavía prevalecen los monólogos nacionalistas frente al diálogo federal. La cultura federal implica dos requisitos, como mínimo: 1) el reconocimiento permanente del pluralismo como expresión de la diversidad del Estado compuesto; 2) la falta de legitimidad de toda decisión unilateral cuando afecta a dos, o a más de dos. Los años de la transición democrática tuvieron "gestos federales", es decir de reconocimientos y acuerdos con el otro. Lo hicieron el Rey y Adolfo Suárez cuando reconocieron la legitimidad histórica de la Generalitat republicana y de su representación en la figura del presidente Tarradellas; lo hicieron las Cortes Constituyentes cuando regularon la pluralidad territorial de nacionalidades y regiones que integran España; lo hicieron los "nacionalismos de oposición" que comprendieron la autonomía política como un derecho de todas las regiones y no sólo de las nacionalidades. El reconocimiento de la diferencia fue un pilar esencial de la unidad constitucional.

La presidencia de Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha abierto una nueva oportunidad para el desarrollo federal del Estado autonómico. En este marco hay que situar la reforma del Estatuto catalán, una reforma que no pretende ser ni exclusiva ni excluyente. Cada comunidad autónoma puede proceder igualmente a la reforma de su Estatuto si ésta es su voluntad. Lo más interesante y positivo de este proceso es que se va de lo particular a lo general y no al revés. Varias voces del centro y algunas de la periferia regional ya se han alzado contra el peligro de centrifugación que tiene todo proceso de reforma de los Estatutos que no nace de una previa reforma constitucional, o bien de unas bases previamente acordadas de carácter general sobre materias especialmente importantes como la financiación de las autonomías o la administración de la justicia. Se equivocan. Padecen la enfermedad del unitarismo y temen la diversidad. En la democracia pluralista lo particular es el fundamento de lo general mediante el pacto y el consenso entre diversos.

La presentación e información del proceso de reforma estatutario en Cataluña que el consejero de Relaciones Institucionales y Participación, Joan Saura, está realizando prácticamente desde el inicio de esta legislatura en sus desplazamientos a otras comunidades autónomas, forma parte de esta concepción del catalanismo como motor de cambio de la concepción territorial del Estado español hacia un modelo más pluralista y más federal de la democracia española. Varios consejeros de la Generalitat se unirán a esta positiva campaña cuyo lema Cataluña propone tiene la prudencia de no querer dar lecciones a nadie, pero sí quiere combatir prejuicios y desinformaciones muy extendidas en el territorio español con relación a las legítimas y democráticas aspiraciones del catalanismo político.

Miquel Caminal es catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Barcelona.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 27 de abril de 2005