Los jueces censuran a la Generalitat por no tramitar los papeles para menores migrantes

La justicia censura la actuación de las administraciones por sus carencias en la gestión de los permisos de residencia a menores migrantes en Cataluña. Una decena de sentencias dictadas en el último año, a las que ha accedido EL PAÍS, ponen especialmente en evidencia a la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) de la Generalitat por su supuesta inacción a la hora de tramitar los papeles para los menores bajo su tutela. Las resoluciones revelan también errores de la Subdelegación del Gobierno en Barcelona y de la Oficina de Extranjería en la resolución de los expedientes.

La Ley de Extranjería prevé conceder la autorización para residir en España a los menores no acompañados que, llegados de otros países, se encuentran en situación de desamparo y pasan a ser protegidos por una administración pública. Como Omar C., un joven gambiano a quien la DGAIA, que tenía su tutela, no tramitó los papeles. Lo hizo, un mes antes de que el joven alcanzara la mayoría de edad, el abogado Albert Parés, de la asociación Noves Vies. La Subdelegación del Gobierno en Barcelona rechazó la solicitud, pero el abogado recurrió y, como ha ocurrido en otras ocasiones, el juzgado le ha dado la razón.

La sentencia dictada por la titular del Juzgado Contencioso-Administrativo 13 de Barcelona, María Lourdes Chasan, reconoce a Omar la residencia legal. Y carga contra la Generalitat: “Se desconoce por qué la DGAIA no cumplió con las obligaciones que le incumbían con el fin de regularizarle cuando aún era menor de edad”. Omar, que tiene ahora 19 años, vive en Mataró (Barcelona), trabaja y colabora con una fundación. Para él y para jóvenes en su situación, obtener ese permiso inicial es fundamental para encarrilar sus vidas y optar, con más facilidades, a una futura renovación.

A Balla J., la Subdelegación del Gobierno también le tumbó la solicitud del permiso de residencia por no haber presentado la documentación que acreditara su arraigo. El fondo del asunto no se ha resuelto aún, pero la titular del Juzgado Contencioso-Administrativo 5 de Barcelona, Montserrat Raga, acaba de acordar, como medida cautelar, “la concesión de la autorización durante el tiempo legalmente establecido”. En su resolución, la jueza recuerda que el afectado no dispuso de las pruebas “por la actuación hecha por los poderes públicos que ostentaban su tutela”, o sea la DGAIA. Raga remarca que, para un menor de edad, no contar con la debida regularización supone “un perjuicio evidentemente muy grave”.

“La DGAIA incurre una dejadez de funciones para la que no tiene excusa. Quizás tenga que ver con la creencia de que algunos tutelados puedan ser mayores de edad. Pero es el propio organismo el que los mantiene tutelados y la ley es clara al respecto”, razona Parés, que defiende a muchos de estos chicos. En una línea similar se expresa un juez de Barcelona que conoce a fondo el asunto: “Mientras haya resolución de desamparo, la Administración debe actuar como tal y tramitar los papeles. No puede presumir sin más que son mayores”, razona. El magistrado agrega que, cuando la autorización se reconoce en sede judicial, es retroactiva: aunque el afectado haya alcanzado la mayoría de edad, obtiene el permiso de un año que le permite vivir y trabajar, antesala para solicitar el de larga duración (por cinco años).

Preguntado por las resoluciones judiciales, un portavoz del Departamento de Asuntos Sociales, del que depende la DGAIA, asegura que el organismo “gestiona con la máxima diligencia que le es posible” la documentación de esos menores, pero recuerda que en los últimos tres años han llegado, anualmente, más de 2.500 jóvenes migrantes. La DGAIA, sostiene, es responsable de gestionar la documentación “siempre que se haya determinado legalmente que [el interesado] es menor” y matiza que, mientras esa cuestión se ventila, “presta protección al joven y lo acoge en el sistema”. La Generalitat, agrega, trabaja de forma “coordinada” con la Subdelegación para que la regularización se haga “de la forma más ágil y eficiente posible”.

Peticiones injustificadas

Kamo D. estaba tutelado por la Generalitat, que tampoco tramitó la solicitud de su permiso de residencia. En abril de 2023, a falta de un mes para que cumpliera los 18, Parés hizo el trámite por él. La Oficina de Extranjería solicitó una serie de documentos a una tal Cristina Ch., una supuesta abogada de la DGAIA. Nadie contestó a la petición y, unos meses después, su caso fue archivado. Otra sentencia, dictada por el titular del Juzgado Contencioso-Administrativo 2 de Barcelona, Gerard Ribera, concluye que “no consta” que esa mujer “ostente la representación del extranjero menor de edad” y concluye que las actuaciones deben volver a examinarse. La resolución critica a la Administración por hacer solicitudes de documentación que no están “justificadas”, ya que pidió papeles “que ya habían sido requeridos anteriormente” y “aportados por el abogado”.

La misma situación (petición de documentación a Cristina Ch. que no llega a ningún sitio) se ha producido en otros casos. Como el de Mohamed C., otro extutelado de la DGAIA. La Subdelegación desestimó su petición para obtener la residencia por silencio administrativo al no haber aportado la documentación exigida. La sentencia, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 2, señala que no consta que la mujer interviniera en nombre de ese organismo público y, en todo caso, que ni el menor ni su abogado “tuvieron conocimiento” de la notificación, por lo que no pudieron aportar los documentos. Hubo “indefensión” y la consecuencia es que el archivo de su expediente es nulo.

Por su parte, el Juzgado Contencioso-Administrativo 8 ha concedido a Aboubacar N. el permiso de residencia que la Subdelegación el Gobierno le negó en abril de 2023 por el mismo motivo. Aboubacar estaba en situación de desamparo, según una resolución provisional, y tutelado por la Generalitat. La jueza, de nuevo Montserrat Raga, recuerda que “la Administración tenía la obligación de otorgar la autorización correspondiente al menor”, tal como marca la Ley de Extranjería, y le concede por ello “la autorización de residencia”.

La reiteración de esas situaciones ha llevado a abogados como Parés a incluir las sentencias en sus nuevas peticiones. Como la del tutelado Kebba S., para quien pide que se le conceda la autorización “sin dilaciones indebidas”, conforme a la “jurisprudencia consolidada” y para “evitar la vía contenciosa que ha sido recurrente por las actuaciones incorrectas de la Administración”. En su escrito, el abogado recuerda que deben evitarse “notificaciones erróneas” y también “requerimientos de documentación que ya fueron aportados” o que son “innecesarios”, lo que genera “una dilación injustificada”.

Preguntadas por ese asunto, fuentes de la Delegación del Gobierno subrayan que deben dirigirse a la entidad tutelar (la DGAIA) para solicitar la documentación, niegan duplicidades y afirman que los casos que llegan a los juzgados son una exigua minoría. En los supuestos en que la sentencia que tumba el expediente inicial, la Abogacía del Estado —que actúa en nombre de la institución— evita presentar recurso.