Los menores extranjeros no acompañados se independizan

Sus compañeras de trabajo pensaron de ella que era una niña bien, mantenida por sus padres, sin ninguna necesidad de trabajar. “¿Pero tú por qué estás aquí?”, le preguntaron alguna vez. “Cuando les cuento que llegué a España nadando con solo 16 años no me creen”, afirma Hafsa Zkirim, una joven marroquí de 19 años, inteligente y de sonrisa fácil. “Me ven bien vestida, me ven sonriente y nadie se imagina lo que pasé. Pero me gusta que piensen eso de mí”, se ríe la Hafsa de ahora, la joven feliz, la centrada, la independiente. La Hafsa de hace unos años, herida y perdida, está guardada bajo llave, aunque se asome de vez en cuando.

Hafsa Zkirim, que perdió a su madre al nacer y a su padre solo cuatro años después, llegó desfallecida a una playa de Ceuta a finales de abril de 2021 después de casi tres horas en el agua. Dejaba atrás su casa en Tetuán, donde sus hermanos ya habían diseñado un futuro para ella sin ella: abandonar el colegio, trabajar más y un matrimonio concertado. “Me maltrataban física y psicológicamente”, recuerda. Se metió en el agua convencida: “O muero o llego”.

Zkirim se recuerda en la arena llorando y cómo la valentía se convirtió en miedo durante las noches que tuvo que dormir en la playa. O en las temporadas que pasó en el puerto, intentando colarse en un ferry para llegar a la Península, con el resto de niños de la calle. O en los centros de menores de los que se escapaba colgada de una sábana por temor a que la devolviesen a su casa. “Era otra Hafsa muy distinta a la de ahora, vivía con mucha ansiedad”, cuenta.

Su paso por la ciudad autónoma coincidió con la entrada masiva de más de 10.000 personas en mayo de 2021 y todo se complicó algo más. Ella misma, sin techo, acabó pidiendo ayuda en una de esas naves donde almacenaron a los cientos de niños que se colaron en la ciudad autónoma en aquel episodio. “Fue lo peor que me ha pasado en la vida. Decían que era mayor de edad y me pusieron con los mayores para mandarme a Marruecos. Y yo llorando todo el rato porque mis hermanos me iban a matar si volvía. Todos los días había peleas y solo nos daban de comer leche y galletas”, recuerda. Pero sus pruebas certificaron que era menor y gracias a una fórmula que se explora poco en España, Ceuta mantuvo su tutela, aunque cedió la guardia a una organización que la acogió en Madrid. Zkirim hizo cursos de cocina, de camarera de pisos, de informática y de camarera de restaurante, el mismo periplo formativo de tantos chavales que al cumplir los 18 años se quedaban sin papeles y en la calle.

La suerte de Zkirim fue que, en noviembre de 2021, el Ministerio de Migraciones cambió el reglamento de Extranjería para facilitar las autorizaciones de residencia y trabajo a los menores migrantes tutelados y a los jóvenes extutelados. Dice que su primer empleo en un restaurante, ya mayor de edad, le cambió la vida. Los primeros días, salía del trabajo y se aseaba en unas duchas para personas sin hogar, para luego ir a dormir a un parque, pero pronto encontró donde vivir y, desde entonces, no ha parado de trabajar. “Yo no tengo otra opción”, advierte. Ahora es encargada del personal que hace de extras en un espectáculo musical de Madrid. “A veces me siento muy orgullosa de mí. Otras, me pregunto por qué me ha tocado vivir todo esto, poca gente de mi edad ha pasado lo que he pasado yo... Vivir sin el apoyo de mi familia, de mis amigos, sentirse sola de verdad es muy duro. Pero ahora veo que puedo conseguir lo que me proponga”, se felicita mientras se acaricia el cuello, donde acaba de tatuarse un emoticono sonriente.

Con la reforma del reglamento, las entidades a cargo de los menores pasaron a tener un plazo de tres meses —y no de nueve— para solicitar las autorizaciones de residencia. Al contrario de lo que ocurría antes, ese permiso iba a permitir trabajar de forma automática. También facilitó la obtención y la renovación de permisos de los que cumplían los 18 años, un alivio a los requisitos leoninos, entre ellos la independencia económica, que se les exigía.

Las ONG, varias comunidades autónomas y los expertos consideran un éxito la iniciativa porque parte del problema del sinhogarismo y la exclusión en España se estaba viendo agravada por la precariedad de chavales que no lograban regularizar su vida después de años en el país. A 31 de diciembre (los últimos datos disponibles), había 15.045 jóvenes de entre 16 y 23 años, tutelados o extutelados, con una autorización de residencia que les permite trabajar. Casi el 70% son marroquíes, seguidos por los gambianos, argelinos y senegaleses. El cambio supuso dar la vuelta a la lógica de un sistema que invertía durante años en la acogida y educación de miles de jóvenes para después expulsarlos a la marginalidad.

Los tutelados y extutelados trabajan, por sus circunstancias, mucho más que el resto de chicos de su edad. Entre los que han logrado sus autorizaciones de residencia y trabajo, el 60% está dado de alta en la Seguridad Social, mientras que la tasa de actividad en España entre los jóvenes de 16 a 24 años es del 36%, según la Encuesta de Población Activa. Esta diferencia también se ve entre jóvenes españoles y extranjeros en general, independientemente de las circunstancias en las que emigraron. La tasa de actividad entre la población joven española es del 34%, mientras que la de los jóvenes extranjeros se sitúa en el 48,6%.

Michel Bustillo, un referente para este colectivo, celebra que se haya dejado de “relegar a estos chicos al campo” (se recurrió a ellos facilitando papeles durante la pandemia). “Ahora los vemos en restaurantes, en empresas de construcción, pero también en los grados medios y superiores”, mantiene Bustillo, delegado de la ONG Voluntarios Por Otro Mundo. “Ahora pueden alquilarse una casa, sacarse el carné de conducir, visitar a sus familias… su proyecto de vida avanza y están casi en igualdad de condiciones que el resto”, reflexiona. Aunque aún hay algunos desafíos que no dependen de cambios legislativos. “La sociedad civil aún tiene unos prejuicios alimentados por algunos partidos políticos que siguen criminalizando a los chicos”, lamenta Bustillo.

En los márgenes, sin embargo, todavía quedan cientos de jóvenes. Lourdes Reyzábal, presidenta de Fundación Raíces, señala alguno de los problemas que aún persisten para que los chicos consigan su documentación en el país de origen, y reclama más ayuda por parte de las entidades que los tutelan. “Otros jóvenes, que alcanzan la mayoría de edad con pasaporte y permiso de residencia y trabajo, se quedan en la calle, porque no tienen ningún apoyo a la transición a la vida adulta por parte de las comunidades autónomas y la policía les para una y otra vez”, explica Reyzábal. “Esto les genera antecedentes policiales, que no penales, y solo por ello y en contra de lo previsto en el reglamento, les deniegan la renovación de su tarjeta, dejándoles en situación irregular”.

Volver a casa siete años después

Mamadou Moussa Sow fue uno de esos miles de jóvenes que lograron regularizarse con el cambio del reglamento y, en seguida, empezó a trabajar. Las oportunidades están contadas para chicos como él. Este joven guineano, que ahora tiene 23 años, llegó a Almería con solo 15 y pasó su adolescencia pleiteando para que reconociesen su minoría de edad. Cuando lograba que le acogiesen en un centro de menores, una resolución de la Fiscalía insistía en que era mayor de edad. El Supremo acabó dándole la razón cuando ya había cumplido 18 años y estaba sin papeles. “Fue una época muy complicada. Pasé más de cuatro años en los que ni siquiera podía comprar un pantalón, mi familia se enfermaba y yo no podía ayudarles… Es una historia que nunca se borra, aunque yo ahora esté bien”, cuenta en la terraza de un bar de Madrid.

En el camino de Sow, como en el de Zkirim, se cruzó la Fundación Raíces, que lleva más de 20 años apoyando a los niños que emigran solos. Por su programa de formación Empleo Conciencia han pasado ya decenas de jóvenes que ahora trabajan en restaurantes de postín, una iniciativa que les ayuda en su transición a la vida adulta y que ha sido premiada por el Ministerio de Derechos Sociales. Tras sus prácticas en dos restaurantes, Sow comenzó a trabajar en diciembre del año pasado en DSTAge, el restaurante del chef Diego Guerrero, con dos estrellas Michelín. “Yo tenía experiencia, pero nunca había trabajado en un restaurante de tanta exigencia. Al principio me reía al ver las porciones tan pequeñas, ahora explico perfectamente cada menú de hasta 22 platos”, cuenta. Y se recrea con sus favoritos: el flan sin huevo que ningún cliente es capaz de adivinar que está elaborado con el colágeno de los tendones de la ternera o el falso queso, que en realidad es un boniato inoculado con un hongo. Su sueño es, algún día, abrir un restaurante.

Mohamed Bouyajghal, de 24 años, atiende la videollamada en plena mudanza desde Jérez de la Frontera. Está exultante, se ha comprado una casa con su novio. La van a llenar de plantas. Bouyajghal emigró a España en 2016, cuando tenía 17 años. Su peaje hasta conseguir un contrato gracias a la reforma fue el de la explotación. “En hostelería he trabajado tantas horas gratis… Me despertaba a las seis de la mañana y trabajaba todo el día y luego me iba a otro trabajo hasta las ocho de la mañana. Todo sin contrato”, relata. “Lloraba en silencio, estaba tan agotado y no tenía a quién contarle mis problemas…”, cuenta al otro lado de la cámara. “Mi primer contrato llega solo después del cambio de reglamento”, señala.

Bouyajghal es una celebridad local por sus logros en el boxeo (ha sido campeón de Cataluña y de Andalucía de súper ligeros). Su trabajo, en la cocina de un restaurante de un club de golf, no le deja mucho tiempo para practicar su pasión, pero no tiene prisa. “Estoy mejor de lo que he estado nunca”, asegura. “Tengo muchos sueños”.