El CNI atribuyó la crisis de Ceuta al “discurso agresivo” de Rabat sobre el Sáhara Occidental

El 18 de mayo del año pasado, el Gobierno español intentaba hacer frente a la crisis provocada por la entrada, desde el día anterior, de miles de inmigrantes irregulares en Ceuta ante la pasividad de las autoridades marroquíes. La situación disparó las alarmas en el Gobierno y el presidente, Pedro Sánchez, se desplazó de urgencia a la ciudad norteafricana, donde se había desplegado el Ejército para ayudar a la Policía Nacional y la Guardia Civil, desbordadas por la marea de personas que cruzaban la frontera. Ese día, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) redactó un informe “reservado” de cuatro páginas, que hizo llegar a Sánchez y a otros miembros de su Ejecutivo. En él, analizaba el estado en aquel momento de las “relaciones” con Marruecos “tras la acogida” en España, un mes antes, de Brahim Gali, líder del Frente Polisario y presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), para ser tratado de una grave infección por la covid.

El documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, enmarca aquella entrada masiva de inmigrantes dentro del “discurso agresivo” con el que Rabat pretendía que Madrid cambiara de posición en la cuestión del Sáhara Occidental. Y señala que Marruecos trataba de “implicar directamente al presidente del Gobierno”. Un segundo informe del CNI, fechado el 24 de junio, incide en la misma idea al concluir que el objetivo era “presionar al Gobierno de España para conseguir un posicionamiento favorable a Marruecos en el contencioso del Sáhara Occidental”. En marzo, 10 meses después de la crisis de Ceuta, Sánchez abandonaba la tradicional postura de neutralidad de España en el conflicto del Sáhara, mantenida durante 47 años, y tomaba partido por Rabat, al considerar su propuesta de autonomía para la excolonia “como la base más seria, realista y creíble para la resolución del contencioso”.

Poco después de este último anuncio se conocía que, en plena crisis de Ceuta, los teléfonos móviles del propio Sánchez, del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; de la titular de Defensa, Margarita Robles, y de la entonces responsable de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya —quien saldría del Ejecutivo en julio siguiente— habían sufrido ataques con el programa espía Pegasus. La organización no gubernamental Amnistía Internacional ya había acusado en el verano de 2021 a Marruecos de usar este virus informático para espiar 50.000 teléfonos, entre ellos el del presidente de Francia, Emmanuel Macron. Rabat siempre ha negado haber utilizado Pegasus. La Audiencia Nacional investiga desde hace un mes quién está detrás de los ataques a Sánchez y sus ministros.

En el informe del 18 de mayo, el CNI analiza la evolución de la política exterior marroquí en los meses anteriores a la crisis de Ceuta. De ella destaca que había estado centrada en conseguir que el presidente de EE UU, Joe Biden, mantuviera el reconocimiento de la soberanía de Rabat sobre el Sáhara que había materializado en diciembre de 2020 su antecesor, Donald Trump. El documento añade que, tras considerar alcanzado este objetivo, Rabat había adoptado “un discurso agresivo buscando que otros países siguieran esa decisión o revisaran su posición” sobre la excolonia española. “No obstante —recoge el documento—, en el caso de España, la posición marroquí se había mantenido en el contexto de una relación marcada por el entendimiento y la cooperación”, una situación que cambió cuando trascendió la llegada, el 18 de abril, de Gali a un hospital de Logroño. El servicio secreto destaca que Rabat pasó de considerar este hecho como “una ocasión para desprestigiar al líder del Frente Polisario, a gestionar esta situación como una ‘magnífica oportunidad’ para obtener mayores concesiones de nuestro país en el ámbito bilateral”.

Una estrategia dirigida por Mohamed VI

Para ello, añade el CNI, Marruecos inició “una estrategia perfectamente planificada y dirigida desde las más altas instancias del poder” y, en concreto, por el rey Mohamed VI. “El monarca marroquí se implicó directamente en la estrategia al considerar que la decisión española fue aprobada por los niveles de decisión política más altos en nuestro país y estimó insuficientes las explicaciones recibidas”, recalca el servicio secreto. El informe destaca que en aquel momento las autoridades de Rabat ya consideraban que Berlín y Madrid habían influido “negativamente” en sus aspiraciones de conseguir más apoyos dentro de la UE a su posición sobre la cuestión saharaui. Para Marruecos, “la vecindad de España y su postura” constituían “uno de los principales obstáculos para el ejercicio de su soberanía sobre el conjunto del territorio del SO [Sáhara Occidental]”.

El documento señala como planificador de esta estrategia a Fouad Alí el-Himma, consejero del rey Mohamed VI (con quien mantiene amistad desde la infancia) y fundador del Partido de la Autenticidad y Modernidad, el segundo más votado en las elecciones de 2016 y 2021. El-Himma compartió mesa en abril con Pedro Sánchez en el iftar (la comida que pone fin del ayuno del Ramadán) organizado por Mohamed VI y que simbolizó el fin de la crisis diplomática. Junto a este consejero del monarca, el CNI sitúa al ministro de Asuntos Exteriores, Nasser Bourita, y a los responsables de la Dirección General de Estudios y Documentación (DGED en sus siglas en francés, el servicio de inteligencia exterior dependiente de las Fuerzas Armadas marroquíes), Yassin Mansouri, y de la Dirección General de Vigilancia del Terrorismo (DGST, el servicio secreto interior), Abdellatif Hammouchi.

A ellos, el CNI los responsabiliza también de “diversas acciones de influencia” en redes sociales, medios de comunicación y juzgados. Entre estas últimas, destaca la reactivación de dos procedimientos en la Audiencia Nacional contra el líder del Frente Polisario que llevaban tiempo archivados. El informe les atribuye también el supuesto intento de introducir el debate sobre la conveniencia de recibir a Gali en el Congreso a través de preguntas escritas de diputados españoles —entre mayo y junio de ese año, Vox presentó cerca de medio centenar de estas preguntas, un número muy superior al del PP, segunda formación más activa en este sentido—, así como en Europa “a través de un eurodiputado francés”, que no identifica.

El informe destaca que Marruecos mantuvo esta estrategia hasta “aproximadamente” el 10 de mayo de 2021, cuando vislumbró la posibilidad de que Gali abandonase España sin que se tomase ninguna medida judicial contra él, como finalmente ocurrió tres semanas más tarde. En ese punto, Marruecos cambió la estrategia y la reenfocó a la migración irregular. El CNI destaca que hasta el 16 de mayo del año pasado “no se había producido una alteración evidente en lo que se refiere a la colaboración bilateral” en este asunto. Sin embargo, coincidiendo con el fin del Ramadán, afirma que empezó a extenderse “entre la comunidad migrante subsahariana que las FCS [Fuerzas y Cuerpos de Seguridad marroquíes] iban a retirar los controles en el litoral norte. Esto provocó el intento de salida de varias embarcaciones desde las costas de Tánger y la llegada a Ceuta de migrantes que entraron a nado a lo largo del día 17 de mayo”.

Instrucciones desde Rabat

El CNI no duda en afirmar que la policía marroquí recibió instrucciones desde Rabat “para que relajasen la vigilancia en la franja costera desde Larache a Saidia [más de 200 kilómetros]” y que las autoridades de los municipios de la zona “dieron instrucciones a los taxistas y dueños de medios de transporte de poner sus vehículos a disposición del traslado de inmigrantes subsaharianos para llevarlos a las cercanías de Ceuta”. También advertía que unos días antes, el 15 de mayo, las autoridades marroquíes habían dado “instrucciones de dejar pasar las embarcaciones de inmigrantes hacia las costas españolas”. A la vez, en el puesto fronterizo de El Tarajal desapareció la presencia policial marroquí, “lo que facilitó la entrada de decenas de inmigrantes de forma simultánea, sobre todo de jóvenes”. Al menos 10.000 personas, muchas de ellas menores, cruzaron la frontera de forma irregular aquellos días.

El CNI muestra su convencimiento de que, a partir de ese momento, Rabat iba “a mantener como línea de acción prioritaria la adopción de nuevas medidas soberanistas en el SO [Sáhara Occidental]”. Y apunta la posibilidad de que provocara incidentes que “reabrirán el debate sobre las zonas de solape entre las aguas saharauis y las islas Canarias”. El parlamento marroquí ya había aprobado en enero de 2020 dos leyes que ampliaban a 200 millas náuticas la Zona Económica Exclusiva sobre las aguas del Sáhara Occidental, algo no reconocido internacionalmente. El servicio secreto español no descarta tampoco que Rabat impulsase “actuaciones para tratar de hacerse con el control del espacio aéreo saharaui, actualmente bajo titularidad española”.

El documento augura que Rabat mantendría a partir de ese momento “un discurso duro y poco amigable al abordar las cuestiones más delicadas para España”, como la reapertura de las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla, que llevaban más de un año cerradas por la pandemia y que no se reabrieron hasta el 17 de mayo. La inteligencia española también informa de que el ministro Bourita había recomendado “seguir manteniendo un incremento paulatino de la presión” a España. Y apunta como “muy probable” que Rabat llamara a consultas a su embajadora en Madrid, Karima Benyaich, lo que ocurrió el mismo día que se redactó el informe.

Para el CNI, en la crisis estaba siendo “determinante el peso que tiene el componente personal de Mohamed VI”. El documento concluye señalando que “no puede descartarse que Rabat deje en un segundo plano las consecuencias para las relaciones bilaterales y decida mantener su escalada de tensión, sin que con ello persiga ya objetivos concretos más allá de atender las indicaciones del monarca”.

Tanto el CNI como la Embajada de Marruecos en España han declinado hacer comentarios sobre el contenido de este documento.