La exministra de Exteriores González Laya también fue espiada en plena crisis con Marruecos
El Gobierno confirmó el ciberataque en mayo de 2021, pero no había determinado la autoría
Los móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, no fueron los únicos espiados en mayo de 2021. En esas mismas fechas, en las que se encontraba en su punto culminante la crisis diplomática entre España y Marruecos, también fue atacado el teléfono de la entonces ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, según fuentes gubernamentales.
La entonces jefa de la diplomacia española fue avisada por los servicios secretos de que su teléfono había sido atacado, González Laya entregó su terminal y los técnicos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) confirmaron la intrusión, pero no llegaron a determinar el malware empleado ni la autoría de la agresión, según las fuentes consultadas. No consta que entonces se presentara denuncia judicial, como se ha hecho ahora.
Entre el 17 y el 19 de mayo del año pasado, Marruecos instigó la entrada irregular en Ceuta de más de 10.000 inmigrantes, muchos menores de edad, usados como instrumento de presión sobre el Gobierno español después de que este hubiera acogido al secretario general del Frente Polisario, Brahim Gali, enfermo de covid. González Laya negoció la entrada en España del líder saharaui, mientras que Robles fue la encargada de movilizar al Ejército para frenar la avalancha de inmigrantes irregulares.
Marruecos es uno de los clientes de la empresa israelí NSO. Según la investigación del consorcio Forbidden Stories y Amnistía Internacional, ha utilizado el programa Pegasus para espiar a decenas de defensores de los derechos humanos, periodistas y activistas; y ha tenido en su punto de mira al propio presidente francés, Emmanuel Macron, y a varios de sus ministros.
El espionaje marroquí es muy activo en España. El CNI ha elevado informes al Gobierno en los que asegura que varios procesos abiertos en tribunales españoles contra responsables del Frente Polisario por supuestos casos de tortura han sido dirigidos y financiados por la Administración marroquí, en un intento por dañar su imagen ante la opinión pública española. La campaña de relaciones públicas de Marruecos ha incluido también, según las mismas fuentes, a medios de comunicación favorables a la posición de Rabat sobre el conflicto del Sáhara Occidental.
El ciberataque de mayo del año pasado no fue el primero sufrido por González Laya. En agosto de 2020, los móviles de la ministra de Asuntos Exteriores y del entonces titular de Justicia, Juan Carlos Campo, ya fueron objeto de intrusiones. Aunque no se aclaró su autoría, las sospechas se dirigieron en aquel momento hacia sectores próximos al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, que en los últimos años han cultivado una estrecha relación con Israel. De repetirse ahora la autoría independentista, lo que el Gobierno no descarta, se daría la paradoja de que algunos de los hackeadores habrían sido ellos mismos hackeados.
La investigación abierta por la Audiencia Nacional, tras la denuncia presentada por la Abogacía del Estado, intentará aclarar quién fue el destinatario último de los más de 2,6 gigas de información sustraída al presidente y a la ministra de Defensa. No será fácil, advierten los técnicos, pues, como en el blanqueo de capitales, se utilizan múltiples escalas intermedias para dificultar la trazabilidad y hacer que se pierda el rastro del ladrón.
En el caso de que se confirmara la autoría de Rabat, el Gobierno tendría además un problema añadido: tomar represalias diplomáticas contra un país con el que acaba de reconciliarse a un alto precio político, el cambio de postura sobre el Sáhara.
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