Los socios intensifican el control en el Congreso y exigen una comisión de investigación sobre el espionaje de Pegasus
Unidas Podemos, ERC, PNV y Más País insisten en reclamar responsabilidades políticas
Las explicaciones del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y la denuncia judicial sobre el espionaje a la cúpula del Gobierno, el lunes, no convencieron a los socios de legislatura del Ejecutivo. Una decena de partidos que normalmente votan los proyectos del Gobierno de coalición, entre ellos los socios de Unidas Podemos, ya registraron la semana pasada una petición de comisión de investigación sobre el caso Pegasus, que volverán a abordar en la Junta de Portavoces del Congreso este martes. Creen que el hecho de que el propio presidente, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, hayan sido espiados agrava el caso, y demandan responsabilidades al máximo nivel.
Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, Junts, PdeCAT, la CUP, Más País, Compromís, BNG y PNV suscriben la reclamación de una comisión. La Mesa permitió el primer trámite con la aceptación de esa iniciativa, pero otra cosa será ahora lo que haga este martes la Junta de Portavoces, donde están todos los grupos y donde el PSOE pensaba contar con el PP, Vox y Ciudadanos para oponerse y bloquear esa petición. Los populares de Alberto Núñez Feijóo se reservan hasta última hora su voto. No les gusta la presión que están ejerciendo otra vez los socios sobre el Gobierno, pero no están dispuestos a salvarles sin más. Requieren más información, sobre todo de espionajes a otros ministros y sobre el origen “externo” de la intromisión, que apuntó Bolaños. El jefe del gabinete del presidente, Óscar López, llamó a las 9.31 del lunes a Marta Varela, la jefa de gabinete de Alberto Núñez Feijóo, justo cuando Bolaños empezó su comparecencia ante la prensa. No le aportó más datos de los conocidos públicamente del caso Pegasus. Luego, la titular de Defensa contactó con el vicesecretario Institucional del PP, Esteban González Pons.
Los grupos firmantes pretenden conocer la implicación de posibles instituciones del Estado en esas presuntas intromisiones ilegales de 65 líderes políticos y activistas vascos y catalanes; la posible responsabilidad de las estructuras de varios ministerios; los datos y costes de los contratos del software Pegasus; el resarcimiento a los afectados y el estudio de futuras medidas para implantar un mayor control y evitar abusos.
Aitor Esteban, el portavoz del PNV, coincidió no solo en la relevancia de montar cuanto antes la comisión ante la “extrema gravedad” de lo conocido hasta ahora, y urgió a identificar a los responsables “para exigir las dimisiones correspondientes”. Fue el planteamiento de la secretaria general de Unidas Podemos, Ione Belarra. El portavoz de Más País, Íñigo Errejón, abundó en esa línea y apeló a que el PSOE se sume para no poner en cuestión la calidad democrática de España.
Los socios han puesto en su punto de mira a la ministra de Defensa, pese a que también ha sido supuestamente espiada. No ha ayudado nada su actitud. Robles comparecerá el miércoles en el Congreso en la comisión de Defensa con pocos aliados. La presidenta de la cámara, Meritxell Batet, decidirá este martes cuándo cita a la directora del CNI, Paz Esteban, para que se explique en el estreno en esta legislatura de la comisión de secretos.
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