La UE busca neutralizar el sistema de espionaje Pegasus
La autoridad europea de protección de datos pide la prohibición del programa por considerarlo una amenaza para la democracia
La preocupación por el uso del sistema de espionaje Pegasus gana intensidad por momentos en la Unión Europea. La comisión de investigación puesta en marcha por el Parlamento Europeo prepara ya la que debe ser la primera reunión de trabajo operativo, tras una sesión el 19 de abril en la que se decidió su estructura y presidencia. La agenda provisional de esa cita, que cabe que se celebre el mismo jueves, incluye la presencia de miembros de la comisión de investigación del Senado de Polonia, uno de los países donde hay sospechas sobre el empleo de Pegasus para espiar a rivales políticos del Gobierno. El Supervisor Europeo de Protección de Datos (EDPS, por sus siglas en inglés) ya ha reclamado que se prohíba el empleo de programas como Pegasus porque son muy difíciles de controlar y ponen en peligro derechos y libertades fundamentales.
La comisión de investigación se planteó después de que los gobiernos de Polonia y Hungría, ambos expedientados desde hace años por su presunta vulneración de valores fundamentales de la UE, admitiesen disponer del programa, un poderosísimo software de espionaje desarrollado por la empresa israelí NSO Group. Pegasus puede tomar el control de un teléfono móvil sin que su propietario se percate y, además de acceder a todos sus contenidos, puede convertirlo también en una terminal de escucha y captación de imágenes. La apertura de la comisión coincidió con la publicación del llamado CatalanGate, una investigación sobre el espionaje a independentistas catalanes vinculados al procés. Y la próxima sesión tendrá lugar después de que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, haya sido el primer dirigente en reconocer que su teléfono fue espiado con Pegasus.
Los 38 miembros de la comisión de investigación (entre los que figura el eurodiputado Carles Puigdemont) intentarán recabar durante un año testimonios y documentos que acrediten la utilización del programa en la UE. Y si las conclusiones confirman su aparente peligrosidad, “el Parlamento Europeo reclamará a la Comisión que legisle sobre su uso”, señala el eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar, miembro de la comisión de investigación y presidente de la comisión parlamentaria de Libertades Civiles, Justicia e Interior.
López Aguilar está convencido de que “la respuesta que dé el Parlamento Europeo marcará la actitud de los parlamentos nacionales sobre este asunto”. Y cree que, como mínimo, Pegasus “tendrá que ser regulado, porque afecta a derechos fundamentales que están sumamente protegidos en la Carta [de derechos fundamentales de la UE]”.
El Supervisor Europeo de Protección de Datos, la autoridad europea en esta materia, aboga ya “por prohibir el desarrollo y despliegue de programas de espionaje con capacidades como la de Pegasus”. En un informe preliminar publicado a mediados de febrero, el Supervisor considera que Pegasus “tiene el potencial de provocar riesgos y daños sin precedentes, no solo para los derechos fundamentales y las libertades individuales, sino también para la democracia y el Estado de Derecho”.
El potencial invasivo del programa es de tal magnitud que el Supervisor incluso duda de que se pueda utilizar de manera legal en Europa. “El nivel de interferencia con el derecho a la privacidad es tan enorme que el individuo de hecho la pierde”, señala el citado informe.
El programa, además, atenta, según la autoridad europea de protección de datos, contra otros derechos fundamentales, como el de las personas sometidas a juicio o en prisión a una comunicación confidencial con sus abogados. O incluso el derecho a un juicio justo, porque Pegasus permite obtener pruebas sin dejar un rastro evidente en el teléfono, por lo que podrían ser admitidas si los peritos judiciales no se percatan de su origen ilegal. “Por consiguiente, el despliegue de Pegasus o de una tecnología de espionaje tan elevadamente intrusiva no sería compatible con el orden legal de la UE”, concluye el Supervisor.
La autoridad europea fija también las condiciones —supervisión democrática, revisión judicial, freno al uso de pruebas obtenidas ilegalmente— que deberían cumplirse si, a pesar de todo, algún Gobierno decide utilizar ese tipo de programas por razones de seguridad, como en caso de un inminente atentado terrorista. “Sin embargo, el EDPS considera que tales casos serían de naturaleza excepcional y no pueden justificar un uso amplio y sistemático de una tecnología tan intrusiva”, subraya el informe.
La compañía NSO asegura que solo vende su programa a autoridades gubernamentales. “Ese dato está por contrastar”, apunta López Aguilar. “Lo cierto es que el programa es muy caro y cada intervención cuesta un dineral, por lo que en principio no está al alcance de aficionados”, añade el eurodiputado. En todo caso, algunos gobiernos europeos, en particular los de Hungría y Polonia, están bajos sospecha de haber utilizado el programa para fines ajenos a la seguridad internacional y más ligados a la guerra sucia contra opositores políticos, periodistas molestos o magistrados incómodos.
