El independentismo catalán anuncia en Bruselas querellas por el ciberespionaje de Pegasus
Los líderes soberanistas plantean una estrategia judicial contra “el Estado español” y la desarrolladora del sistema y aseguran que se personarán en cinco países europeos
El caso de supuesto espionaje masivo Pegasus ha logrado reunir este martes en Bruselas a la plana mayor del independentismo catalán y el asunto amenaza con convertirse en una nueva batalla judicial de dimensiones europeas. Encabezados por el eurodiputado y expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, huido de la justicia, y su exvicepresidente, Oriol Junqueras, condenado por sedición y malversación e indultado por el Gobierno, los líderes soberanistas han denunciado el presunto espionaje a 63 políticos y activistas vinculados al procés mediante este programa de vigilancia desarrollado por la compañía israelí NSO, al que teóricamente solo tienen acceso los Gobiernos. Y han anunciado una estrategia coordinada de querellas contra esta empresa tecnológica y contra el “Estado español” por vulneración de derechos fundamentales.
Los detalles de la estrategia conjunta aún se están perfilando. Las querellas serán presentadas “en los próximos días” y no solo en España, según han detallado Puigdemont y Junqueras junto a otros políticos independentistas durante una comparecencia de prensa convocada en la sede bruselense del Parlamento Europeo. La intención es personarse en diferentes Estados europeos, como Bélgica, Francia, Suiza, Luxemburgo y Alemania, en los que se han producido las infecciones de los móviles que dieron lugar a la infiltración por parte del programa de ciberespionaje Pegasus.
El anuncio de las medidas legales, que prometen un nuevo frente en la ya extensa y enrevesada batalla judicial derivada del procés por diversas jurisdicciones europeas, llega un día después de que se haya hecho público el informe Catalangate elaborado por Citizen Lab, un grupo de expertos en ciberseguridad de la Universidad de Toronto (Canadá). El análisis de este organismo constata 63 casos de personas relacionadas con el proceso independentista que fueron efectivamente infectadas con el sistema Pegasus (51 de ellos) o, al menos, fueron un blanco de esa infección (12 casos).
“Estamos lanzando una ofensiva internacional”, ha asegurado Junqueras, “para asegurarnos de que estos hechos no quedan impunes”. A su lado, Puigdemont ha añadido que no dejarán “a nadie” sin querella. “A nivel legal, presentaremos querellas a varios niveles y en los países europeos involucrados por espionaje masivo contra la sociedad civil, miembros del Gobierno catalán, representantes políticos, eurodiputados, abogados, periodistas, activistas de los derechos humanos y sus familiares y seres queridos”. “Espero del Estado que rinda cuentas”, ha zanjado. “Es un sistema entero el que está corrupto”.
Un documento que los soberanistas han entregado durante la presentación asevera: “Es evidente que quien ha usado el programa Pegasus es España y, por ello, pedimos que el CNI sea investigado”. Carles Riera, de la CUP, otro de los líderes soberanistas que ha participado en la cita, ha declarado: “Responsabilizamos plenamente al Estado español de este atentado contra la democracia”. Le acompañaban Elisenda Paluzie, de ANC, y Xavier Antich, de Òmnium Cultural, conformando una imagen insólita en el interior del Parlamento Europeo, con todo el friso de representantes del proceso independentista sentados codo con codo.
Entre los asistentes, sentados en las primeras filas, también se ha podido ver a otros rostros clave de la política catalana, como el secretario general de Junts, Jordi Sànchez, la presidenta del Parlamento de Cataluña, Laura Borràs, y la diputada en el Parlament y líder de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona, Elsa Artadi, los tres afectados por el espionaje. En algunos momentos, la comparecencia se ha convertido en una reivindicación de la autodeterminación y también ha dejado entrever algunas fisuras en la estrategia actual del independentismo.
John Scott-Railton, investigador de Citizen Lab y coautor del informe Catalangate, también se ha sumado por videoconferencia. Este experto ha defendido que aunque no han logrado reunir pruebas “de forma concluyente” de que el espionaje haya sido organizado por instituciones españolas, sí hay “numerosas evidencias” que así lo indican, entre las que se encuentran la revelación por parte de EL PAÍS de que los servicios de información de España cuenta con este programa.
El abogado Gonzalo Boye, que ejerce la defensa de Puigdemont y de otros políticos independentistas huidos de la justicia española en Bélgica, ha explicado que asumirá más de 15 casos; se presentarán previsiblemente “querellas individuales” por cada persona afectada y se seguirán diversas estrategias judiciales, aunque de forma coordinada, ha añadido. El letrado ha explicado que su enfoque será el de querellarse contra la compañía israelí, para que de la investigación se deriven otros responsables, si fuera el caso.
Boye, persona de confianza del expresidente Puigdemont, ha sido otro de los blancos de Pegasus, según consta en el informe de Citizen Lab, y uno especialmente perseguido: constan al menos 18 intentos de infección entre enero y mayo de 2020; algunos de los mensajes a través de los cuales se trató de infectar su teléfono se hicieron pasar por tuits de organizaciones como Human Rights Watch, o medios como The Guardian y Politico. “Boye fue infectado con Pegasus alrededor del 30 de octubre de 2020″, asevera el informe. “El momento es interesante: uno de sus clientes había sido detenido apenas 48 horas antes de la infección”.
Boye ha explicado cómo la investigación se remonta varios años atrás, cuando Citizen Lab comienza a investigar numerosos casos de vigilancia a través del programa Pegasus. Esta organización había colaborado con WhatsApp en 2019 por un caso de espionaje a través de esta aplicación que afectaba a 1.400 usuarios, entre los que se encontraban varios miembros de la sociedad civil y figuras políticas de Cataluña, como el entonces presidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent, de ERC, tal y como desveló EL PAÍS junto a The Guardian en 2020.
Según Boye, para conocer la magnitud de la infiltración, se entregó a Citizen Lab un listado con posibles personas de las que se sospechaba que pudieran haber sido víctimas del espionaje, facilitándole a la organización los números de teléfono. El resultado es el que figura en el informe hecho público este lunes. “Todos los eurodiputados catalanes que apoyaban la independencia fueron atacados directamente con Pegasus, o a través de un presunto objetivo relacional”, asevera el análisis.
Este martes ha comenzado, además, una comisión de investigación en el Parlamento Europeo sobre el uso fraudulento del ciberespionaje “tras el presunto uso del programa espía de vigilancia Pegasus contra periodistas, políticos, agentes de la ley, diplomáticos, abogados, empresarios, actores de la sociedad civil y otros ciudadanos”, según un comunicado de la Eurocámara. El acuerdo para su puesta en marcha es, sin embargo, anterior al informe sobre el espionaje a los políticos catalanes, y tiene su origen en las diversas informaciones que han ido apareciendo desde 2020 sobre los centenares de espiados mediante este sistema. Una de las vicepresidentas de la comisión, que tratará de indagar a través de testimonios de organizaciones como Amnistía Internacional o el medio de investigación Forbidden Stories, será la eurodiputada de ERC Diana Riba, que también figura en la lista de los infectados por Pegasus, según Citizen Lab.
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