Las administraciones logran en 2004 un récord al ofertar obras por 1.633 millones

La actividad de la construcción experimentó un espectacular repunte en el País Vasco durante 2004 gracias al fuerte aumento de la demanda de obra pública de las instituciones. Las administraciones general, autonómica, foral y municipal autorizaron el año pasado la contratación de nuevas obras por valor de 1.633,8 millones de euros, lo que representa un incremento del 58,4% respecto al ejercicio anterior. Los ayuntamientos y las diputaciones, que acapararon cerca del 70% de la licitación oficial, siguen siendo los principales clientes de las empresas constructoras.

La demanda de las administraciones públicas al sector de la construcción, formalizada a través de la denominada licitación oficial, se elevó el año pasado en Euskadi a 1.633,8 millones de euros. Este volumen de contratación de obras públicas (principalmente infraestructuras de transporte y edificaciones) supone el 5,1% del total licitado en España, un porcentaje muy inferior al 22,9% de Madrid (7.266,9 millones) y el 11,5% de Cataluña (3.647,9 millones), según el último informe sobre la licitación pública en 2004, elaborado por la Asociación de empresas constructoras de ámbito nacional (Seopan).

Después de un cuatrienio 2000-2003 marcado por la estabilidad en la contratación de obras civiles, periodo en el que las constructoras se adjudicaron un promedio de mil millones de euros anuales, los organismos públicos -la Administración central, el Gobierno vasco, las diputaciones y los ayuntamientos- elevaron esta cifra un 58,4% durante el pasado ejercicio. Una de las críticas al crecimiento económico en España es que está demasiado sustentado en la construcción.El incremento de la licitación, más acusado en Guipúzcoa y Vizcaya que en Álava, está sustentado principalmente en la mayor demanda de las diputaciones y los ayuntamientos, que concentran más del 60% de las obras (el 86% en el caso de Guipúzcoa) debido a la capacidad que tienen para gestionar la construcción de carreteras. Por el contrario, la participación de las administraciones central y autonómica apenas alcanza el 7,6% y el 22,8% del total, respectivamente.

Las patronales de la construcción no se atreven a cuantificar el porcentaje de las obras públicas que recaen en las empresas vascas, fundamentalmente porque en muchos concursos éstas van agrupadas con alguna firma radicada fuera del País Vasco. En todo caso, los representantes territoriales de los constructores coinciden en que la presencia en Euskadi de las grandes firmas españolas del sector va en aumento, lo que está traduciéndose en una "mayor competitividad" y, consiguientemente, en una "pérdida de rentabilidad" económica. El gerente de los constructores alaveses, Enrique González, apunta que 7 de las 27 compañías (el 26%) que se presentaron en 2004 a los concursos públicos convocados en esta provincia provenían de otras comunidades.

Más firmas de fuera

En este sentido, el gerente de Ascongi (la patronal de la construcción en Guipúzcoa), Paul Lizeaga, sin cuantificar el reparto de las obras que recaen en las firmas regionales y en el resto, asegura que "se puede constatar la presencia e implantación, cada vez mayor, de empresas de distintas procedencias", aunque precisa que este dato "no debería ser relevante mientras haya buenos profesionales".

Un caso reciente que evidencia el aumento de la presencia de grandes constructoras españolas en las obras públicas de Euskadi es el de la Y ferroviaria vasca. En la licitación de los dos primeros tramos de vía férrea, correspondientes al tramo guipuzcoano, que autorizó a comienzos del pasado el Gobierno vasco se presentaron 15 uniones temporales de empresas (UTE), entre las que se encuentra la mayoría de las principales constructoras del país. Lizeaga considera que la obra pública "necesita una profunda reflexión respecto del contenido de los pliegos, la definición de los proyectos, los procedimientos y formas de adjudicación y de los criterios de valoración de las ofertas" de las empresas.

Uno de los principales caballos de batallas del sector constructivo, aseguran las tres patronales, estriba en la paulatina pérdida de rentabilidad de los contratos de obra pública que ofrecen las administraciones. Así, Enrique González constata que en muchas licitaciones "se están dado bajas del 25%" sobre el presupuesto inicial, lo que "aboca a las empresas a bordear las pérdidas". El presidente de los constructores de Vizcaya (Ascovi), Iñaki Barrenetxea, afirma que los precios que establecen los organismos públicos en las licitaciones "están muy ajustados". Por ello, agrega, los constructores están tratando de que las administraciones "se comprometan a actualizar las condiciones de los contratos" porque "los precios se han quedado desfasados en el mercado".