Los efectos de la regulación comercial en la inflación

En los últimos meses estamos asistiendo a un debate sobre los efectos que la regulación de la actividad comercial puede tener sobre la evolución de los precios y sobre la competitividad. De todas formas, es preciso decir que cualquier análisis que se haga no se puede desvincular de la vertiente territorial del comercio, y existe un gran número de ejemplos del papel estructural y crítico que ha desempeñado el comercio en la historia morfológica de las ciudades.

Por lo tanto, la política o regulación del sector que se quiera llevar a cabo deberá tener en cuenta las características de distribución y concentración, tanto del comercio como de la población e, igualmente, es necesario que a la hora de realizar la planificación urbanística del territorio se tenga en cuenta cuál es la respuesta y el papel que se quiere que tenga el comercio.

Hay que vincular comercio y territorio para determinar la función de los espacios urbanos, la movilidad o la dinámica social

Así pues, sin entrar en la discusión sobre la idoneidad de la tipología de comercio (grande o pequeño, de alimentación o de no alimentación, de pequeña, media o gran empresa, etcétera), es necesario vincular comercio y territorio. Esta integración determinará aspectos futuros tan críticos como la funcionalidad de los espacios urbanos, la movilidad o la misma dinámica social (no despreciable de cara a afrontar fenómenos como la inmigración o el incremento del colectivo de la tercera edad).

A partir de aquí, la regulación comercial que se ha venido desarrollando en Cataluña ha tenido como premisa fundamental la preeminencia del tejido comercial preexistente en la respuesta a los crecimientos de la demanda. Por lo tanto, la regulación de los horarios comerciales o los planes territoriales de equipamientos comerciales no dejan de ser políticas dirigidas a favorecer esta interrelación entre la estructura comercial que existía en Cataluña a principios de la década de 1980 y el territorio. En este sentido, y viendo lo ocurrido en otros países europeos como Francia o el Reino Unido, donde cada vez se ha puesto más énfasis en la necesidad de imbricar comercio y territorio, o en otras comunidades autónomas donde las políticas comerciales se han ajustado a los respectivos modelos territoriales aceptados, podemos decir que la política y la regulación comercial desarrollada en Cataluña en los últimos años ha sido coherente con su modelo territorial.

Ahora bien, es preciso ver si esta regulación comercial basada en el modelo territorial catalán ha tenido, por contra, elementos negativos desde el punto de vista de la evolución de los precios, y la respuesta es que no.

El Instituto Cerdà viene trabajando desde hace más de 15 años en el análisis del sector de la distribución comercial. Recientemente ha desarrollado un estudio conjuntamente con el profesor Jordi Gual, director del Departamento de Economía del IESE, con el objetivo de determinar las causas de los diferenciales de inflación en las diversas comunidades. Para el estudio se utilizaron más de 20 variables vinculadas al grado y evolución de la regulación comercial autonómica, la estructura comercial existente, la productividad o el precio del suelo.

Los resultados fueron suficientemente concluyentes:

1) los diferenciales de inflación entre comunidades autónomas en España son persistentes en el tiempo; 2) la regulación comercial no tiene ningún efecto desde el punto de vista estadístico sobre la inflación relativa; 3) las dos variables explicativas de la evolución de la inflación relativa son: la productividad relativa y el precio del suelo, esta última determinante en la gestión y explotación de la actividad comercial.

En resumen, la política y regulación comercial tienen que ser coherentes con el desarrollo territorial debido a que la estructura comercial acaba siendo un componente crítico en la funcionalidad y dinámica urbana y social. No nos tiene que extrañar, pues, que haya diferencias significativas entre comunidades autónomas a la hora de plantearse la visión del comercio y que desde las Administraciones públicas respectivas se puedan impulsar políticas radicalmente opuestas. Otra cosa es que nos puedan agradar más o menos los modelos urbanísticos que se adopten y que se vayan desarrollando.

Esta visión integrada territorio-comercio será cada vez más importante, y es imprescindible pedir al comercio la máxima eficiencia, productividad y competitividad, olvidando políticas proteccionistas que tienen un corto recorrido, y sí desarrollando políticas dirigidas a la modernización del comercio y a su adecuación a las exigencias de la demanda, y en definitiva, como se ha mencionado a lo largo de este artículo, al territorio.

Del mismo modo, la planificación urbanística tendrá que incorporar desde sus primeras fases la definición del papel que se quiere que tengan el comercio y la estructura comercial.

Carles Cabrera es director general del Instituto Cerdà.