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Reportaje:

Escándalo en la misión

Los abusos sexuales a menores cometidos en la misión de los 'cascos azules' de la ONU en la República Democrática del Congo han minado el prestigio de esta fuerza de paz. La política de tolerancia cero decretada por Annan no lo ha restituido. El 'sexo por comida' sigue vigente.

Caso A. La niña, identificada como V046A, tiene 14 años. Por falta de dinero no va al colegio. Contó a los investigadores que mantuvo relaciones sexuales con un soldado de la Misión de la ONU en la República Democrática de Congo (MONUC), identificado a su vez como PK1. Cada vez que esto ocurrió, el soldado le dio uno o dos dólares, o dos huevos.

Caso B. La misma niña afirmó haber mantenido relaciones sexuales con otro soldado, PK2. Recibió a cambio tres dólares y un paquete de leche. La víctima identificó al soldado en fotografías y en la rueda de reconocimiento. El soldado negó haber mantenido contacto sexual con ninguna mujer o niña congoleña.

Caso C. La chica, identificada como V030A, tiene 14 años. En cuatro ocasiones se encontró con un soldado de la MONUC que le dio comida. En el quinto encuentro, el soldado solicitó relaciones sexuales. La niña accedió. A cambio, el soldado le dio dos dólares, chocolate y pan.

La misión de mantenimiento de la paz de la ONU en la República Democrática del Congo (RDC) vive sus horas más bajas. La Oficina de Servicios de Supervisión Interna de la ONU divulgó el pasado 5 de enero el resultado de la investigación sobre abusos y explotación sexual por miembros de la MONUC en Bunia, en la provincia de Ituri, situada en el extremo noreste del país. El informe contenía los casos A, B y C y mucho más.

"La evidencia demuestra que los cascos azules incurrieron en un comportamiento explotador. Al solicitar favores sexuales de estas víctimas vulnerables, abusaron de su posición de poder. Por su relativa riqueza y su posición social desigual, los soldados podían aprovecharse de la población local", señala el documento.

Tanto el código de conducta de todos los cascos azules como el específico de la MONUC prohíben la explotación sexual -definida como "cualquier intercambio de dinero, empleo, bienes o servicios por sexo"-, así como las relaciones sexuales con menores de 18 años, aunque haya consentimiento y con independencia de cuál sea la mayoría de edad fijada en el país de destino. Tampoco es excusa alegar que la menor aparentaba o confesó tener más edad.

Las denuncias de abuso sexual emergieron a comienzos de 2004, y la investigación interna, realizada entre junio y septiembre, analizó 72 acusaciones, de las cuales pudo corroborar suficientemente 20, aunque no siempre logró establecer la identidad de los autores de los abusos. Algunas niñas dijeron que no miraban a la cara a los militares o que no sabían distinguir a unos de otros. En todos los casos en que se pudo identificar a los soldados, éstos negaron los hechos.

Miembros de la misión no dudan en destacar que fueron ellos mismos quienes dieron la voz de alarma e impulsaron la investigación de los abusos. Pero el daño estaba hecho. "Los cascos azules se han tornado de un color más bien negruzco, y ello a causa de heridas autoinfligidas", ha dicho al Congreso estadounidense Jane Holl Lute, funcionaria de alto nivel del Departamento de Misiones de Paz al frente de un grupo de trabajo sobre explotación sexual. "No cesaremos hasta restaurar su brillo". En el empeño, nada fácil, es muy probable que la ONU, y por ende sus países miembros, se vean obligados a cambiar elementos esenciales sobre la manera como organizan sus misiones de paz.

No es la primera vez que en una misión de mantenimiento de la paz se producen escándalos de este tipo. Soldados desplegados en Camboya a principios de los noventa fueron acusados de abusar sexualmente de niñas. Más abusos fueron documentados en 2001 en Kosovo, donde organizaciones de derechos humanos señalaron que, con la llegada de los cascos azules, Kosovo se había convertido en un destino, más que una ruta, para redes de tráfico sexual.

Y en 2002, un estudio de la organización Save The Children y del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) destapó en Liberia, Sierra Leona y Guinea numerosos casos de explotación sexual por parte de trabajadores humanitarios, incluido personal de la ONU que servía en misiones de mantenimiento de la paz.

A raíz del escándalo de "sexo por comida", como pasó a ser conocido el polémico descubrimiento de África del Oeste, el secretario general de la ONU, Kofi Annan, decretó una "política de tolerancia cero" contra los abusos sexuales en el seno de misiones de paz de la organización.

Pero no parece que sus directrices fueran tomadas demasiado en serio.

"El asunto en el Congo no es nuevo, la misión lleva cuatro años y siempre ha habido algún problema, tanto con civiles como con militares. Y no se ha reaccionado con eficacia ante estos temas", afirma un funcionario civil de la MONUC, que habla a condición de mantener su anonimato. "Incluso desde el punto de vista de la imagen había un cierto desbordamiento en el comportamiento. Imagina salir una noche en la capital y ver 12 vehículos con el logotipo de la ONU aparcados junto a la discoteca. No es que esté prohibido salir, pero de cara a la imagen el impacto no es bueno", continúa.

"Ya a finales de 2001 se presentó algún caso de los que te llevan a decir 'cuidado con esto', pero el comandante general de la época dijo: 'Señores, reconozco que son situaciones delicadas, pero no exageremos. Recuerden que son militares y son hombres".

Las duras condiciones en que viven los soldados favorecen dicha postura. Algunos están destinados nueve meses, otros un año. No tienen permisos. En teoría están encerrados en el campo, sin salir del batallón a menos que tengan patrulla. Y no tienen muchas vías de escape, al margen de televisores colectivos o un partido de voleibol.

Pero parte de las dificultades para luchar contra comportamientos ilícitos subyacen en la esencia misma del sistema. Cuando la ONU decide montar una operación de paz, pide prestadas tropas a los países miembros. Y firma con ellos un acuerdo por el cual los soldados: a) obedecen en última instancia las órdenes de sus países, y b) sólo responden ante éstos.

Por tanto, cuando un casco azul comete un delito, la ONU no puede juzgarlo, sólo puede "devolverlo" a las autoridades de su país para que éstas, si lo consideran apropiado, lo hagan.

La organización Alerta Internacional, en su informe Justicia de género y responsabilidad en misiones de paz, reconoce que hay "grietas" en el sistema de las misiones por las que resbalan muchas conductas ilícitas, quedando impunes. Por ejemplo, a la hora de investigar denuncias, la misión puede encontrarse con que los soldados en cuestión ya han sido rotados y han abandonado el país, lo que suelen hacer cada seis meses o un año.

Pese a que se ha notado "un lenguaje más robusto" en los códigos de conducta y los mandatos, Alerta Internacional subraya que "la preocupación persiste en cuanto a su escaso cumplimiento".

Una funcionaria de la MONUC constata que "ahora cada región tiene su plan de acción, y el código de conducta está colgado por todas partes. Antes nadie estaba informado ni había castigo".

"Antes" es antes de que, pese a dos años de política de tolerancia cero, el escándalo le estallara en la cara a la misión, implicando no sólo -aunque mayoritariamente- a militares, sino también a funcionarios civiles.

El 31 de octubre de 2004 fue arrestado en Goma, también en el este de la República Democrática del Congo, pero en la provincia de Kivu Norte, un empleado civil de la MONUC, de nacionalidad francesa. Didier Bourguet, de 41 años, trabajaba desde hacía varios años en los talleres de reparación de la MONUC instalados en el aeropuerto local.

Cuando la policía inspeccionó su casa, informó en su día el diario británico The Times, le encontró acompañado de una menor de 12 años y comprobó que había convertido su dormitorio en una sala de filmación para grabar sesiones de sexo con niñas y jóvenes. La cama estaba rodeada de tres grandes espejos y en la esquina restante había una cámara de vídeo operable con control remoto. También hallaron tres vídeos pornográficos caseros y más de cincuenta fotografías en su ordenador.

Deportado a Francia, fue arrestado en el aeropuerto parisiense de Charles de Gaulle por la policía francesa y se encuentra en detención provisional. La Corte de Apelaciones confirmó en marzo la validez de la denuncia por violación de menores de 15 años y ordenó la continuación de la investigación.

"Fue horrible, había que ver las fotos que tenía… En la cultura africana no existe la pederastia y para la ciudad fue todo un shock. La gente espera que sea condenado, entonces se sentirán aliviados", declara Justine Masika, de la organización local Mujeres con las Víctimas de Violencia Sexual.

Otros dos cascos azules del contingente tunecino han sido repatriados por abusos sexuales cometidos contra mujeres en la capital, Kinshasa. Por su parte, Marruecos detuvo a seis de sus soldados en relación al escándalo y destituyó al comandante de su contingente en la RDC.

Noticias de los abusos ya habían llegado a la vecina Burundi para cuando la ONU desplegó, en junio de 2004, una misión de paz con 5.500 militares y 1.000 civiles.

"Mi objetivo fue poner inmediatamente en marcha una estructura para abordar este problema de frente, porque es algo que no nos podíamos permitir en otra misión. Es importante que los cascos azules sean parte de la solución y que no tuviéramos ningún incidente. Estamos aquí para proteger, no para infligir más sufrimiento", señala la representante especial del secretario general de la ONU y máxima responsable de la misión, la canadiense Carolyn McAskie.

La Operación de las Naciones Unidas en Burundi (ONUB) elaboró su propio código de conducta y creó una unidad dedicada en exclusiva a todo lo relacionado con éste. "La posibilidad de que se den casos de explotación está muy presente en países muy pobres y donde la situación de las mujeres es muy mala. Nos hemos asegurado de que el mensaje de que hay estándares de comportamiento absolutamente no negociables llega a todos los contingentes", dice su responsable, la peruana Roxanna Carrillo.

Para McAskie, "una de las causas que hace las cosas muy difíciles es que las reglas son muy estrictas. Y que conste que yo creo que deben serlo, pero la realidad es que incluso si la prostitución es legal en su país o en el de destino, los militares no pueden frecuentar prostitutas. Prácticamente estás pidiendo a los soldados que no mantengan relaciones sexuales durante los seis meses de rotación, y traer a 5.000 jóvenes sanos y esperar que ninguno practique sexo no es fácil".

Hasta ahora, la ONUB sólo ha afrontado dos casos de violaciones del código de conducta. Dos soldados etíopes de permiso que debían volver a su base no lo hicieron y presuntamente se acostaron con prostitutas. La investigación continúa, y los soldados, confinados ahora en su batallón y sin contacto con la población local, serán expulsados si se demuestra su mala conducta.

"Ellos dicen que no sabían que ir con prostitutas iba contra las reglas de la ONU. Para sus estándares no estaban haciendo nada malo. Pero es un tema tan complicado… En todas las sociedades hay prostitutas, es un asunto muy controvertido incluso en Occidente. Ni las feministas están de acuerdo al respecto. El hombre no fuerza a la mujer; le ofrece dinero, ella acepta, tienen sexo, no hay violencia y ahí se acaba el asunto. Y aun así, en nuestra opinión (de la ONU), es explotación y por eso está prohibido. Porque aquí estás mirando a mujeres que si no son menores están muy cerca, y que están desesperadas, no tienen ninguna oportunidad económica", argumenta McAskie.

Hay otra cuestión, y es de dónde proceden los soldados. "Tenemos un problema porque los países que tienen mejores tropas no las proveen", dice la responsable de la ONUB, y su afirmación la apostilla Roxanna Carrillo: "Lo local y lo internacional están relacionados. Cómo son tratadas las mujeres en Bangladesh va a determinar también cómo los soldados bengalíes las ven y las tratan aquí".

Lo cierto es que de los 66.930 efectivos que componen las 17 misiones de paz que la ONU mantiene actualmente en el mundo -la del Congo es la más importante- la mayoría proceden de países en vías de desarrollo, muchos con un expediente de respeto a los derechos humanos, y en especial a los derechos de las mujeres, más que cuestionable.

Los 10 países que más tropas aportan a misiones de paz son, por orden de importancia, Pakistán, Bangladesh, India, Etiopía, Nepal, Ghana, Nigeria, Jordania, Uruguay y Suráfrica. Todos ellos proveen entre 2.300 y 9.800 soldados u observadores militares, de acuerdo con datos de febrero de 2005.

Los países cobran aproximadamente 1.000 dólares al mes por cada soldado, mucho dinero para un país pobre, especialmente para los africanos.

Muy pocos países occidentales contribuyen con tropas. Alemania e Italia aportan menos de 300 cada una; el Reino Unido, 423, y Francia, 606. Estados Unidos ha cedido 371 militares, un 0,5% del total. En cuanto a España, aporta 259 efectivos, de los que 229 están en Haití, y el resto se reparte en pequeños números por otras misiones.

McAskie ve cierta contradicción en que países occidentales se lleven las manos a la cabeza por el escándalo de la MONUC. "Estos países no sólo no están mandando tropas, sino que tienen sus propios escándalos: ¿qué hay de [la prisión iraquí de] Abu Ghraib?".

Y opina que si la ONU quiere evitar en el futuro más casos de abusos sexuales a mujeres y niñas, debe exigir a los países que le ceden soldados información sobre qué tipo de educación en derechos humanos reciben sus fuerzas militares, y, en última instancia, ser capaz de rechazar ofertas si no está convencida. "Vamos a tener que empezar a prevenir desde mucho antes, diciéndoles a los países que envían tropas que éstas tienen que cumplir ciertos requisitos y entrenamiento antes de venir al terreno. Y no hablo de un breve curso, sino de verdadera formación".

Quizá el escándalo sexual en la MONUC ha adquirido más notoriedad por el hecho de que se añade a un recorrido plagado de fuertes críticas contra la misión. La fuerza ha sido acusada en varias ocasiones de ser incapaz de proteger a la población civil de violaciones y masacres.

Cuando en mayo de 2003, tras una semana de combates, la ciudad de Bunia fue tomada por milicias y la violencia se extendió en la región, el contingente de 700 cascos azules, principalmente uruguayos, se vio desbordado y apenas pudo proteger su propia seguridad y la de quienes buscaron refugio en sus instalaciones. Su mandato de entonces no le permitía intervenir militarmente. Ello llevó a la Unión Europea (UE) a aprobar el envío, por dos meses, de fuerzas de pacificación al Congo, que sí podían usar la fuerza si era necesario para restablecer la paz. Fue la primera misión de la UE fuera de Europa y sin el respaldo de la OTAN.

Ahora, la MONUC tiene un mandato más amplio, y más efectivos: su personal uniformado suma 16.270 personas, de las que 15.532 son soldados, 563 observadores militares y 175 policía civil, así como 734 funcionarios civiles internacionales y 1.154 locales. Los países que con más tropas contribuyen a la misión, cuyo presupuesto es de 746 millones de dólares anuales, son Pakistán, India, Uruguay, Suráfrica, Bangladesh, Nepal y Marruecos, y sus soldados pasan entre seis meses y un año en la RDC.

También el contexto de violencia sexual contra las mujeres es aquí particularmente atroz. Decenas de miles de mujeres y niñas han sido violadas en la RDC por soldados del ejército nacional y de diversos grupos armados, según un informe difundido el 7 de marzo por la organización Human Rights Watch. Ello pese al establecimiento, en 2003, de un Gobierno de Transición, con la participación de todas las facciones rebeldes, que puso fin oficial a una guerra en la que se estima que murieron en cinco años tres millones de personas, la mayoría por el hambre y las enfermedades. Dicha cifra convierte este conflicto en el más mortífero después de la Segunda Guerra Mundial.

En cualquier caso, vistos los escasos efectos de sus directrices en la misión de la RDC, el secretario general de la ONU, Kofi Annan, decidió ir más allá y el pasado 9 de febrero prohibió al personal mantener relaciones con la población local fuera del trabajo, incluida toda relación sexual.

Su última directiva ha sido recibida con una mezcla de crítica, resignación y escepticismo, siempre expresada bajo anonimato.

"Ha habido casos claros de abusos, aunque son una minoría respecto a las casi 17.000 personas que hay en el país. Pero son hechos graves. La gente opina que hay que tomar medidas, pero medidas normales, no éstas, que son desesperadas y absurdas. Porque si no, pagan justos por pecadores", dice un funcionario. "El ambiente no es bueno. Y aunque no soy sexólogo, veo un poco difícil su cumplimiento. Creo que los miembros de la misión continuarán teniendo relaciones sexuales, pero lo harán a escondidas y jugándose el tipo, como en la época de la ley seca".

Otra funcionaria en la ciudad de Bukavu opina que "se ha pasado del blanco al negro, de no preocuparse en años a esto. Los hombres tienen miedo de que en cuanto hablen con una local les amonesten. Se están controlando más y se sale poco. De todos modos, la mayoría de los bares nos están prohibidos, algunos por seguridad y otros por la política de tolerancia cero. En cada sector hay una lista de lugares a los que nadie de la MONUC puede ir".

"Lo que ha pasado es intolerable y sobre [los autores] debe caer todo el peso de la ley", dice un tercero. "Pero la medida es imposible de cumplir. He estado en misiones donde había un muro alrededor del campamento militar. Y aun así, no sé cómo, pero las mujeres entraban".

Más: "Para mí hay un tema clarísimo, hay un comandante de batallón. Pues que controle a su tropa". "Este asunto se ha mediatizado con objetivos políticos. ¿Por qué sale esto ahora y no hace dos años? Creo que no sólo se quiere minar a la MONUC, sino al propio Kofi Annan".

Louise Nsigire, que trabaja en un hospital de Bukavu, apoya la medida de Annan. "Creo que es mejor", afirma, aunque confiesa que desde que la ciudad está vigilada por un contingente paquistaní "las cosas están tranquilas. A los uruguayos iban muchas niñas a buscarlos, les pagaban un dólar. Pero -y susurra- a los paquistaníes no les gustan las mujeres negras".

Masika, de la organización Mujeres con las Víctimas de Violencia Sexual, es de las que piensan que la nueva orden no es realista. "Hay que buscar otra forma. Es una ilusión pensar que los soldados pueden pasar seis meses sin sexo… y más con tanto estrés como hay aquí. A menos que les roten cada mes".

Nadine Kashindi, de 23 años y madre de tres hijas, ejerce la prostitución desde hace tres años en Goma. "La guerra nos desplazó y tuve que empezar a prostituirme para sobrevivir". Afirma haberse acostado con "muchísimos" soldados o civiles de la MONUC. Sale todas las noches de la semana. "Voy a buscarlos a los bares donde se reúnen; bailamos, bebemos y luego lo hacemos detrás del bar o en su casa". Le pagan cinco dólares y a veces le dan comida. Exige condón, pero lo pone ella. Una compañera suya afirma haberlo hecho sin condón en una ocasión porque el cliente le pagó el alquiler de un mes, 12 dólares.

"La última vez que tuve un cliente de la MONUC fue a finales de febrero", cuenta Nadine dos semanas después, y con cara de fastidio añade: "Ahora, muchos se han ido a la ciudad de Beni o los tienen encerrados. Es más difícil".

Pero a los pocos días la prensa de Suráfrica anunciaba el reemplazo de un casco azul del contingente surafricano, con rango de coronel, acusado de emborracharse y pelear en un club nocturno de Goma, y de fomentar la prostitución.

El nuevo incidente parece dar la razón a Kofi Annan, quien cuando dio cuenta de sus últimas medidas al Consejo de Seguridad de la ONU advirtió de que, "en el corto plazo, el éxito de nuestros esfuerzos para acabar con este problema se medirá no por una disminución en las denuncias, sino, muy al contrario, por un probable aumento". Las reformas en esta área", dijo, "no vendrán sin dolor".

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