El Vaticano pide a los funcionarios españoles que no casen a los gays

El cardenal colombiano Alfonso López Trujillo, presidente del Pontificio Consejo para la Familia, tronó ayer contra la ley española de matrimonio homosexual. Llamó, en entrevista al Corriere della Sera, a la rebelión de los católicos y a la "objeción de conciencia" de los funcionarios para que no casen a los gays, y contra la aplicación de una ley que persigue "la destrucción de la familia". La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, replicó que los funcionarios deben cumplir las leyes.

El cardenal, de 69 años, señaló que sólo tres países (Holanda, Bélgica y España) permiten el matrimonio homosexual, frente a "todos los hombres de todas las culturas de todos los tiempos, que consideraron la familia como la unión de un hombre y una mujer", y aseguró que el objetivo de la ley española es "la destrucción de la familia". Todo comenzó, según López Trujillo, "con las llamadas parejas de hecho, que pusieron en circulación una moneda falsa, una ficción jurídica: considerar como matrimonio a personas que no quieren el matrimonio", lo que preparó el terreno a las parejas homosexuales. "Ahora parece que cualquier modelo de agregación, como un club, pueda ser una familia", dijo.

El cardenal recordó que el nuevo papa Benedicto XVI, cuando era el cardenal Joseph Ratzinger, "habló con gran claridad sobre la capacidad destructiva de una ley que abre la vía a la deshumanización". Y subrayó: "Una ley de grandísima iniquidad como ésta no obliga, no puede obligar".

El presidente del Pontificio Consejo para la Familia prosiguió: "No se pueden imponer cosas inicuas a los pueblos; es más, precisamente porque son iniquidades, la Iglesia invoca con urgencia la libertad de conciencia y el deber de oponerse. Hablo de todas las profesiones que de algún modo puedan estar relacionadas con la aplicación de la ley: es la misma objeción de conciencia que se exige a médicos y enfermeras ante un crimen como el aborto".

Esa objeción de conciencia no sería facultativa, sino obligatoria: "Todos los católicos deben estar dispuestos a pagar el precio más alto, incluso la pérdida del empleo", afirmó López Trujillo, antes de señalar que España está "llamada a una reflexión profunda".

La vicepresidenta del Gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, afirmó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que las leyes obligan a todos los ciudadanos, "pero fundamentalmente a quienes tienen ejercicio de función pública". La vicepresidenta quiso dejar claro que "la objeción de conciencia no es que los funcionarios del Estado no cumplan las leyes que el Parlamento aprueba en una sociedad democrática".

Respeto

La vicepresidenta reiteró que "el Gobierno respeta a la Iglesia y respeta a los ciudadanos con los que tiene compromisos electorales". Añadió que tales compromisos "consisten en ampliar derechos que no interfieren ni perjudican al resto de los ciudadanos". También recordó que todos los españoles podrán constituir su familia "con arreglo al derecho canónico si quieren, o al derecho civil si quieren", y que "a nadie se le obliga a nada".

Izquierda Unida criticó "la llamada a la desobediencia civil" planteada por el Vaticano. Añadió que ello "sitúa a la jerarquía eclesiástica al borde mismo del respeto a la ley". El responsable de Movimientos Sociales de IU, David Chica, indicó en una nota que las declaraciones de López Trujillo evidencian el "anquilosamiento en que viven los responsables de la jerarquía y su cada vez mayor alejamiento del modo de sentir mayoritariamente respetuosa de sus propios fieles".

Por su parte, la presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays y Transexuales y Bisexuales, Beatriz Gimeno, aseguró que los funcionarios no pueden oponerse a celebrar bodas homosexuales, tal como pretende el Vaticano, "porque tienen que cumplir la ley".