El PP no logra incluir el archivo en el manifiesto del Día de Villalar
El Partido Popular de Castilla y León no ha logrado que otras formaciones políticas, sindicales y ciudadanas hicieran referencia a la devolución de documentos del Archivo de la Guerra Civil de Salamanca en el manifiesto elaborado con motivo de la celebración, mañana, del Día de Villalar, fiesta de la región. La petición, lanzada días antes por el secretario regional del PP, Alfonso Fernández Mañueco, de incluir el tema como otra reivindicación más fue ignorada por los firmantes. El manifiesto, que será leído mañana en la campa de Villalar de los Comuneros, fue suscrito por el PSOE, Izquierda Unida, Tierra Comunera, Comisiones Obreras, UGT, COAG, Unión de Pequeños Agricultores, Consejo de la Juventud y Confederación de Asociaciones de Vecinos.
En la rueda de prensa convocada para presentar el manifiesto, el representante de Comisiones Obreras consideró que la referencia al archivo no era "una cuestión prioritaria", mientras que el secretario regional de UGT dijo que su organización estaba mucho más preocupada por "la cantidad de empleo que está desapareciendo en Castilla y León, sin que tengamos noticia de ninguna llamada a la movilización por parte de la Junta". Por parte de Izquierda Unida, el comité de Valladolid invitó a la Junta a cuidar mejor el patrimonio documental que es de su competencia.
El presidente regional de los socialistas castellano-leoneses, Tomás Rodríguez Bolaños, aseguró que ninguno de los firmantes del manifiesto tendría problemas en que el PP acudiera a las reuniones donde se elaboran, año tras año, este tipo de comunicados, "aunque debe saber que lo que venimos a hacer aquí es un diagnóstico de la situación de Castilla y León, y no a incluir asuntos que puedan dividirnos".
El secretario regional de los populares declaró que el documento parecía haber sido redactado "directamente en contra" de su formación política. La portavoz y vicepresidenta de la Junta, María Jesús Ruiz, lamentó que el documento no haga referencia a la postura del Gobierno central sobre el archivo, que calificó de "ataque claro a la dignidad de la comunidad".
