El infierno de la muerte por inyección letal

El estudio de las autopsias a presos ejecutados en EE UU por inyección letal ha demostrado que el sistema puede ser no sólo doloroso sino incapaz de garantizar la inconsciencia del preso, sometido a una parálisis pero no a una sedación. La revista médica Lancet, que publica el estudio, pide a las autoridades estadounidenses la revisión de este sistema de ejecución para determinar si viola la enmienda constitucional que prohíbe los "castigos crueles". Al menos dos estados han comenzado una revisión exhaustiva de este procedimiento de ejecución.

Según el trabajo, la inyección letal que se emplea en las ejecuciones en 37 Estados no es, como se presenta, un método indoloro; los errores en la aplicación y las dosis de sedantes han demostrado ser insuficientes en muchos de los casos analizados, lo que provocó, de manera imperceptible para los ejecutores y el público- un gran sufrimiento de los presos en sus últimos minutos de vida.

Según los médicos estadounidenses que han investigado las autopsias de casi medio centenar de presos ejecutados, en 43 de los 49 casos la concentración de anestesia en la sangre era inferior a la que se requiere para sedar a un paciente antes de una intervención quirúrgica convencional. En 21 de esos casos, la dosis de anestesia revelada en las autopsias demuestra que los presos estaban suficientemente conscientes como para mantener una conversación mientras morían por el efecto doloroso del veneno.

Sin embargo, los presos no podrían haber hablado ni podrían haberse quejado porque reciben también una sustancia que paraliza sus músculos para evitar espasmos. El resultado, según los médicos, es una demostración de crueldad porque los presos asisten conscientes al lento proceso de su propia muerte por unos productos químicos que causan dolor.

El estudio se realizó con autopsias a presos ejecutados en Tejas y Virginia, dos estados en los que han sido ejecutados la mitad de las 788 personas a las que se ha aplicado la pena capital por inyección letal desde su reinstauración en 1976 (el número total de ejecuciones en este periodo asciende a 956).

Los médicos han podido acceder a las autopsias, pero han comprobado que no existe documentación sobre el funcionamiento del procedimiento en cada ejecución. También se ha revelado que en muchos casos los enfermeros que ayudan en las ejecuciones no tienen la preparación médica que requiere la aplicación de anestesia, lo que ha provocado casos de dosis erróneas o mal suministradas.

También se ha comprobado que no hay una valoración de los efectos de la anestesia antes de proceder a la siguiente fase de la ejecución, que aplica al preso una sustancia paralizante antes de la inyección letal.

En casi todos los estados que emplean la inyección para las ejecuciones, los presos reciben 2 gramos de anestesia, una cantidad que es, según los médicos que han hecho el informe, claramente insuficiente: "Asumir que 2 gramos garantiza la anestesia es sumamente simplista. Primero, las dificultades técnicas y los errores en el procedimiento por ejecutores mal preparados pueden impedir la aplicación total de esa dosis. Segundo, si la anestesia se aplicara en la dosis estándar, la dosis total para un procedimiento de 10 minutos en un hombre de 100 kilos de peso estaría entre 1,3 y 2 gramos. De este modo, la dosis empleada no es excesiva, dado que la media de tiempo entre la inyección y la muerte es de 8,4 minutos. Tercero, una persona que se enfrenta a su ejecución estará ansiosa y atemorizada y necesitará por tanto una dosis mayor que la que se aplica a un paciente antes de una operación quirúrgica", escriben los médicos.

Uno de los autores, David Lubarsky, asegura que "hace falta una cantidad determinada de anestesia en tu sangre para estar dormido, pero cuando hemos medido esa cantidad en los cadáveres justo después de la ejecución, no era suficiente", lo que indica, según las conclusiones del estudio, que algunos de los presos ejecutados estaban conscientes pero paralizados en los momentos anteriores a su muerte, sin poder expresar el dolor que posiblemente sentían durante la entrada del veneno.

El año pasado, un juez de Nueva Jersey ordenó parar las ejecuciones por inyección letal en ese Estado para investigar el procedimiento médico y garantizar que no es "cruel". Un magistrado de Kentucky va a estudiar la semana que viene una medida similar. Otros Estados, como California, han resuelto la polémica de manera expeditiva: aplican a los presos 5 gramos de anestesia antes de insertarles la inyección letal.