El medio ambiente también tiene un plan

Si el plan Ibarretxe ha marcado toda la pasada legislatura, en materia de política medioambiental el cuatrienio ha quedado marcado por otro plan, el ambicioso proyecto puesto en marcha en 2002 por el que el Gobierno asume hasta 2020 un total de 223 compromisos para mejorar el entorno. Por vez primera, existe un documento integral que "no compete a un sólo departamento", recalca el viceconsejero de Medio Ambiente, Iñaki Ezkurra.

El llamado Programa Marco Ambiental aborda la calidad del agua, aire y suelo; la gestión de recursos naturales y la prevención de generación de residuos; la protección de la naturaleza, ordenación territorial y transporte, y la limitación de su influencia en el cambio climático. Hasta junio pasado, cuando se realizó el último balance anual, el Ejecutivo había ejecutado 21 promesas (el 14%), en su mayoría la puesta en marcha de planes o elaboración de informes. Las actuaciones prácticas, como la reducción de residuos o de suelos contaminados, se deben concretar en los próximos años.

"Si hacemos más carreteras, aumentarán los problemas de ruido y aire", afirma el viceconsejero

La situación de los ríos ha mejorado en la legislatura, pero la polución atmosférica se ha agravado

El Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, que encabeza Sabin Intxaurraga (EA), ha admitido que 44 de las actuaciones previstas para 2006, cuando se efectuará la primera revisión del plan, se consideran de "difícil consecución". Los problemas se concentran, sobre todo, en el excesivo consumo de recursos naturales y el uso de vehículo privado. Un estudio, presentado en enero, concluye que los vascos consumen más del doble de los recursos que le corresponderían en el planeta: cada vecino de la comunidad autónoma requiere 4,66 hectáreas de superficie cuando el límite sostenible sería de 1,9.

El desarrollo del plan, del que la consejería se vanagloria, es visto con escepticismo por los grupos ecologistas. "Palabras, pero pocos hechos", asegura un portavoz de la principal plataforma verde vasca, Ekologistak Martxan. "No se establecen medidas reales. En vez de vigilar e imponer restricciones a las grandes industrias, se da salida a que sigan contaminando".

Los ecologistas critican que, aunque el plan haya sido asumido por todo el Gobierno, el único departamento que se ha comprometido realmente es Medio Ambiente. "En transportes y energía, dos áreas fundamentales, hay falta de interés con la estrategia ambiental. La construcción de infraestructuras sigue. Van a ser dos sectores donde no se van a cumplir los objetivos", dice otro militante ecologista.

En el terreno normativo, la consejería ha tramitado las dos leyes que prometió, de Suelos Contaminados y de Aguas, aunque sólo ha visto aprobada la primera. La de Aguas fue recurrida por la Diputación alavesa aduciendo que invadía sus competencias. La Comisión Arbitral (el foro que dirime los conflictos interinstitucionales) falló en febrero a favor del Gobierno, pero el Parlamento estaba ya disuelto. "Si los protagonistas somos los mismos, la voluntad es aprobarla al inicio de la próxima legislatura", promete Iñaki Ezkurra.

La normativa de suelos contaminados establece multas de hasta 1,2 millones de euros y el cierre definitivo de las empresas contaminantes. Por primera vez, el suelo pasa a tener una protección y una prevención, porque los propietarios quedan obligados a comunicar al Ejecutivo si detectan la presencia de sustancias contaminantes.

"Viene tarde", afirma Ekologistak Martxan. "La mayoría de los suelos han sido limpiados con presupuesto de las instituciones y estamos esperando a que se busque a los causantes". La plataforma cree "correcta" la normativa, pero censura "las pocas medidas coercitivas" que incluye. Por ello, defiende la existencia de un fiscal específico de Medio Ambiente "que vigile desde fuera".

Estos cuatro años han servido para confirmar la mejora de los ríos, aunque el último informe oficial aprecia todavía una elevada contaminación en 14 de los 53 principales cauces vascos. Donde no habido avances es sobre la polución atmosférica, que incluso se ha agravado, o la nula incidencia de las denuncias por presuntos delitos ecológicos, que se suceden todas las semanas del año. "Fue objeto de debate en la reunión del último Consejo Asesor [el foro que reúne a todos los agentes relacionados con el medio ambiente]", dice Ezkurra, quien reconoce que los expedientes sancionadores abiertos no llegan a juzgarse. El 90% de las denuncias medioambientales se archiva por falta de pruebas, según datos de la Fiscalía de 2003. Los fiscales que tratan los asuntos de medio ambiente achacan los sobreseimientos a la falta de una Policía Judicial especializada. "Como no cojas a la empresa cuando está realizando el vertido, no hay posibilidad de imponer una multa", se queja el portavoz de Ekologistak Martxan.

La consejería presentó a mitad de la legislatura un plan de inspección en más de 150 empresas con mayor potencial contaminante o ubicadas en zonas sensibles. Los resultados de la iniciativa, que por primera vez pretende establecer un control integral, son una incógnita, porque el Ejecutivo no ha ofrecido datos, pese a que dijo públicamente que en abril de 2004 dispondría de los primeros planes de inspección.

Los ecologistas, que desde el principio criticaron lagunas legales que podrían invalidar las inspecciones, se muestran críticos: "Se ayuda a las empresas a que no contaminen, cuando lo que hay que hacer es prohibirlo. Es como ayudar a los ladrones a que no roben".

En lo que si coinciden ambas partes es en la actuación con el desastre del Prestige, que permitió recoger en el mar 20.000 toneladas de chapapote. "Hubo errores de organización en el dispositivo, pero, en general, fue rápida y estuvo bien", reconoce Ekologistak Martxan.

El final de la legislatura ha traído polémicas como la construcción de parques eólicos, especialmente los proyectados en Badaia (Álava) y Ordunte (Vizcaya). "Los primeros que se hicieron fueron muy bien, tanto en funcionamiento como en el encaje social. En Badaia hay otros motivos y Ordunte es una cuestión diferente, porque existe una variada oposición. El reto es encontrar el máximo de apoyos; igual no tiene que estar en esa ubicación", asegura el viceconsejero. "Es una energía alternativa", apuntan los ecologistas, "pero por ese motivo no se puede ubicar en cualquier sitio".

Intxaurraga ha criticado además grandes infraestructuras, como la Supersur en Bilbao (una nueva autopista de circunvalación que costará 1.200 millones) o la ampliación del puerto de Pasaia. "Dimos nuestra opinión", dice Ezkurra, "para suscitar el debate. O tomamos un camino u otro. Si hacemos más carreteras, se incrementarán los problemas de ruido y calidad del aire". "Es una reflexión más del consejero que del departamento", apunta un veterano militante ecologista, "pero no hay ningún informe técnico que diga no a esos proyectos".