Cataluña necesita 40.000 trabajadores más para cuidar ancianos y personas dependientes

Cataluña necesita 39.500 nuevos trabajadores a tiempo completo para atender como es debido a las personas con dependencia, especialmente ancianos. Esto es: precisa más del doble de los 30.000 que Comisiones Obreras calcula que existen. El tercer sector, uno de los de mayor auge, está altamente afectado por la economía sumergida. Por ello, el sindicato exige una ley que regule una actividad en la que el 92,4% son mujeres y los inmigrantes, el 13,66%.

Un estudio presentado ayer por Comisiones Obreras sostiene que unas 227.000 personas mayores de 65 años, que representan el 17,2% de la población catalana, tienen algún grado de dependencia. Pero los ancianos no son el único colectivo que necesita estos cuidados; también los requieren los discapacitados, tanto físicos como psíquicos, y los menores. No obstante, los mayores de 65 años son los más afectados y, en este sentido, el sindicato denuncia que el conjunto de residencias para ancianos es muy deficiente y está mal repartido territorialmente, según se desprende del estudio.

El Gobierno catalán no niega el problema. Tanto es así, que el Departamento de Bienestar Social prevé presentar a finales de mayo la planificación territorial especializada en servicios sociales. Se trata de una serie de proyectos que se llevarán a cabo hasta 2008, y que reforzarán el equipamiento de las 986 residencias existentes. "El objetivo es conseguir que cada comarca cubra el 5% de esta demanda", señalaron ayer fuentes de Bienestar Social.

Para mejorar la calidad de vida de las personas que no pueden valerse por sí solas, así como la situación laboral de los trabajadores sociales, la secretaria de acción socioeconómica de CC OO en Cataluña, Dolors Llobet, consideró imprescindible crear una ley específica que regule el llamado tercer sector, algo que el sindicato exige desde hace cinco años. "La atención a las personas con cualquier tipo de dependencia tiene que estar al mismo nivel que la salud o la enseñanza", sentenció Llobet.

El problema para normalizar esta actividad es que la profesión se encuentra regulada por cuatro convenios independientes, "cuyas diferencias son bastante significativas", tanto por jornada laboral -hasta 144 horas al año- como por salarios -hasta 5.664 euros anuales-, según explicó la secretaria general de la federación de sanidad de Comisiones Obreras en Cataluña, Maria Lluïsa Montes.

Además de las condiciones laborales anteriores, el problema es también de efectivos. El responsable de políticas sanitarias de la central sindical, Toni Tuà, autor del informe, considera que hay que dignificar una carrera que hoy sólo cuenta con 747 diplomados, puesto que

la profesión del trabajador social tiene "bajo reconocimiento social" y retribución "insuficiente".