La retirada de las historias clínicas de Leganés suscita una polémica jurídica

La retirada por cinco inspectores de la Consejería de Sanidad de Madrid de más de 300 historias clínicas del hospital Severo Ochoa de Leganés suscitó ayer dudas entre juristas y expertos. La ley de autonomía del paciente (41/2002) permite a los inspectores de la consejería "acceder" a las historias clínicas sin necesidad de orden judicial, pero también obliga a los centros sanitarios a conservar esa documentación. Juristas y expertos en documentación clínica y protección de datos tienen dudas sobre el desplazamiento de los historiales, pero subrayan que su legalidad dependerá de la finalidad concreta.

La ley de autonomía del paciente establece (artículo 16) que "el personal sanitario debidamente acreditado que ejerza funciones de inspección (...) tiene acceso a las historias clínicas en el cumplimiento de sus funciones de comprobación de la calidad de la asistencia, el respeto de los derechos del paciente o cualquier otra obligación del centro en relación con los pacientes y usuarios o la propia Administración sanitaria".

Los juristas y expertos en documentación clínica consultados coincidían ayer en que este artículo permitiría a los inspectores de la consejería examinar las historias clínicas de los pacientes, aunque tenían dudas sobre si el término "acceso" podría justificar la retirada de los documentos fuera del hospital. La razón es que la misma ley (artículo 17) señala que "los centros sanitarios tienen la obligación de conservar la documentación clínica en condiciones que garanticen su correcto mantenimiento y seguridad, aunque no necesariamente en el soporte original, para la debida asistencia al paciente".

Por otro lado, la misma ley establece que "el acceso a la historia clínica con fines judiciales, epidemiológicos, de salud pública, de investigación o de docencia, se rige por lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal".

Esta norma exige el consentimiento del interesado -en este caso, los pacientes o sus familiares- para comunicar los datos personales a terceros, pero con dos excepciones relevantes: "cuando la cesión esté autorizada en una ley" (lo que puede ser el caso de la ley de autonomía del paciente) y cuando el destinatario sea un fiscal, un juez, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas o "instituciones autonómicas con funciones análogas" a estos últimos.

Fuentes de Protección de Datos explican que, en casos de este tipo, "los detalles son lo más importante". La corrección de la retirada de las historias dependerá del grado de habilitación de los inspectores, de si había algún tipo de deficiencia en la seguridad del archivo, de si se ha vulnerado algún secreto y, sobre todo, de la finalidad concreta para la que se ha retirado cada historia clínica. El examen de estos detalles es competencia de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid.

El consejero Manuel Lamela, justificó ayer la retirada de las historias así: "¿Cómo puedo remitir estos informes a la fiscalía sin sacarlos del hospital?". Y el vicepresidente primero del Gobierno de Madrid, Ignacio González, aseguró que la medida cumple la ley de autonomía del paciente. Añadió: "Tenemos en este momento una investigación abierta ante una situación muy delicada y lo que hemos hecho es aplicar la ley, que permite que los expedientes sean custodiados, en su caso, por el juez, a requerimiento de la autoridad judicial, o por la propia inspección, cuando lo considera conveniente para el ejercicio de sus tareas inspectoras".

Por su parte, la presidenta de la junta de personal del hospital, Isabel Serrano, anunció medidas judiciales. Explicó que el personal presente en el hospital cuando llegaron los inspectores les pidió que se identificaran, y que éstos "se negaron", informa Efe. Dijo también que la junta de personal pidió explicaciones al gerente del centro, que a su vez explicó que se trataba de una orden de la consejería. El jefe de Urología, Fernando Jimeno, dijo que sólo había un precedente de una actuación similar, pero que en aquel caso había orden judicial.