EL HOSPITAL DE LEGANÉS

Denuncia por la filtración de datos de un paciente del hospital

José Antonio Hernández

Madrid - 15 abr 2005 - 00:00CEST

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La denominada Comisión de Libertades e Informática, que preside Antoni Farriols, presentó ayer una denuncia ante la Agencia de Protección de Datos de Madrid por la filtración de expedientes clínicos de enfermos del hospital Severo Ochoa, de Leganés. Esta comisión pide a la agencia que abra una investigación y que adopte "medidas cautelares" por lo que considera "un grave incumplimiento del deber de secreto y confidencialidad" por parte del Severo Ochoa.

El hecho de que se hayan divulgado datos "del libro de registro de urgencias del Severo Ochoa entre el 1 de enero de 2002 y el 5 de abril de 2005", supone un quebranto "de la Ley Orgánica 1/1982 de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y la propia Imagen" y de la "Ley 15/1999 de Protección de Datos de carácter Personal en la Comunidad de Madrid", según se indica en la denuncia.

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La Comisión de Libertades e Informática añade en su denuncia que la divulgación de expedientes clínicos del Servicio de Urgencias del Severo Ochoa "evidencia el grave incumplimiento de las múltiples garantías legales que han de observarse al respecto". "Entendemos", añade la citada comisión, "que esta situación exige de la Agencia su actuación de oficio para investigar los hechos -el acceso a los datos por parte terceros ajenos no autorizados, y en su caso, una ilícita comunicación de datos- y el estado de cumplimiento de la normativa sobre protección de datos en dicho hospital".

Una denuncia similar a ésta se presentará "el lunes o el martes" por esta misma comisión ante la Fiscalía de Madrid, que, por su lado, ya ha abierto una investigación sobre filtración de datos clínicos del Severo Ochoa. Asimismo, la Fiscalía tenía previsto ayer enviar un oficio a la Consejería de Sanidad para reclamarle las historias clínicas de 13 casos de sedaciones a enfermos de este hospital. Previamente, los fiscales descartaron 12 casos, de los 25 que el consejero consideró sospechosos, por entender que no presentaban irregularidad.