Historiales médicos

Está visto que la tranquilidad se ha alejado del hospital público Severo Ochoa, de Leganés. Ojalá que regrese pronto, pero gestos como el del pasado miércoles de sacar casi 400 historiales médicos por parte de cinco inspectores de la Consejería de Sanidad madrileña, sin informar siquiera a la junta de personal, no sirven más que para encrespar los ánimos, ya de por sí bastante caldeados. El departamento que dirige el consejero Lamela ha argumentado que el objetivo era custodiar esos documentos y "proteger y garantizar la confidencialidad de los datos". ¿De quién hay que protegerlos? ¿Del personal del centro, que lleva un mes con movilizaciones de protesta contra la destitución del coordinador de urgencias y exige su vuelta? ¿De quienes están filtrando expedientes mancillando el más elemental principio ético de preservar el derecho de intimidad de un enfermo?

La última decisión de Lamela es como mínimo apresurada, pese a que el Gobierno autónomo afirme que se ha realizado cumpliendo la legalidad, aun cuando no haya habido autorización judicial. No piensan así ni la junta de personal ni el Ayuntamiento de Leganés, que estudian interponer una querella ante la Fiscalía de Madrid por entender que se trata de una vulneración de la ley de Autonomía del Paciente y de la ley orgánica de Protección de Datos. También el fiscal general del Estado ha instado a los afectados a presentar denuncia por una posible violación de su intimidad. No se trata aquí tanto de dudar de antemano sobre la verdadera intención de ese traslado de historiales, sino de la premura. Se dice que todo el material será de utilidad para facilitar la investigación del comité de expertos, cuando ni siquiera el órgano ha comenzado a trabajar y, por tanto, no los ha solicitado.

Lamela demuestra una vez más con esta última actitud que hay más sombras que aciertos en su gestión del caso Leganés por mucho que se empeñe en afirmar que la decisión de destituir a la cúpula directiva del hospital y al coordinador del servicio de medicina paliativa, basada en una denuncia anónima, ha sido correcta y que su única equivocación fue la de fiarse de la poca discreción de la oposición socialista. Si así fuese, cabría recriminar a todos los que, independientemente de su coloración partidista, han convertido el incidente en una pelea de plaza creyendo que lo que es ni más ni menos un centro de atención sanitaria se trata de una plataforma para airear sus rencillas. El desgraciado incidente del Severo Ochoa está en manos de la justicia y es sólo ella la que debe refrendar o rechazar la decisión del consejero. Bueno sería un poco de calma y cordura hasta entonces.