Bajo el signo del enfrentamiento

Eusko Alkartasuna controla uno de los macrodepartamentos del Gobierno: Justicia, Empleo y Seguridad Social. A su frente se encuentra Joseba Azkarraga, un político de larga trayectoria e independencia de criterio, condición que él mismo puso a su partido para regresar a la política activa. Más allá de Justicia, su gestión en lo sociolaboral ha quedado irremediablemente marcada por la fractura sindical, e incluso patronal, novedad de la legislatura acabada. Azkarraga no ha logrado impulsar el diálogo social.

A la tradicional división de los sindicatos entre nacionalistas (ELA y LAB) y no nacionalistas (CCOO y UGT), se ha sumado el final de la unidad de acción entre las dos primeras. A esta fractura hay que sumar la ruptura entre sindicatos y empresarios, agudizada en el último año de legislatura por la discusión de convenios sectoriales, como el del Metal en Vizcaya y Álava o el de la Construcción, todavía sin cerrar.

El departamento de Azkarraga ha puesto en marcha una estructura de empleo paralela a la española

La inexistencia de diálogo social no ha impedido a Azkarraga ser un consejero activo y con objetivos bien trazados. La coyuntura le ha favorecido, con una tasa de desempleo del 7% y una reducción de 30.000 parados. Esta premisa y el apoyo del lehendakari, Juan José Ibarretxe, le han permitido mantener viva su principal reclamación: la transferencia plena de la Seguridad Social. Azkarraga no cede a las presiones y prefiere no tener transferidas las políticas activas de empleo -Euskadi es la única comunidad autónoma en esta situación- a que éstas no vengan acompañadas de la cuotas que las financian. El objetivo final al que se aspira es gestionar un sistema de pensiones vasco.

Mientras la competencia no llega por la negativa absoluta de los gobiernos centrales, tanto los populares como el socialista actual, Azkarraga ha ido creando un estructura paralela a la del Estado. No ha logrado avanzar en la reforma de las EPSV (Entidades de Previsión Social Voluntaria), donde no ha contado con el apoyo de los agentes sociales. Donde sí ha adelantado es en el impulso de un Inem paralelo, Lanbide. El Gobierno, al negarse a aceptar las políticas activas, no se ha hecho cargo del Inem y ha creado una estructura propia que pretende abrir 30 oficinas en toda Euskadi para realizar la promoción, intermediación y fomento del empleo. Ya cuenta con tres (Salvatierra, Basauri e Irún), que competirán con el Inem. En cada apertura, los trabajadores del Inem, que desean ser transferidos y homologar sus sueldos con los de los funcionarios autonómicos, han protestado.De este departamento cuelgan algunos de los programas sociales del Gobierno. En 2002, se pusieron en marcha las ayudas para conciliar la vida laboral y profesional y se impulsó el plan de apoyo a la familia. Ambas iniciativas fueron calificadas de insuficientes por los agentes sociales.

Además de los dos anteriores, se han aprobado el Plan de Inserción, el Plan Director de Salud y Seguridad Laboral, el Plan Interinstitucional de Empleo y se han presentado el Plan de Lucha contra la Precariedad Laboral y el de Incorporación de Personas Discapacitadas en el Mercado Laboral. Cada uno ha tenido una suerte dispar, pero lo más significativo es la falta de apoyo de los implicados en el plan de empleo. De hecho, la puesta en marcha del Consejo Vasco de Empleo no contó ni con la participación del propio Azkarraga ni con ELA y LAB. Azkarraga incluso dijo que había nacido "cojo".

Las centrales no nacionalistas acusan al Ejecutivo de haberlo dejado morir antes de nacer al no contar con el apoyo de ELA. La realidad es que el órgano existe, pero no funciona. Una de las mayores carencias de los órganos de diálogo social en Euskadi es, precisamente, esa inoperancia. El Consejo Económico y Social tiene serias dificultades para aprobar un dictamen por los sistemas de bloqueo, mientras que el Consejo de Relaciones Laborales (CRL) languidece haciendo informes sobre la marcha de las negociación colectiva. Las centrales no nacionalistas han reclamado en repetidas ocasiones un cambio en el sistema de toma de decisiones en estos órganos, pero el departamento no ha escuchado sus demandas.

Pese a impulsar un plan contra la precariedad y haber reducido la siniestralidad laboral en 2004 un 10,33% con respecto al año anterior, todavía un tercio de los contratos que se firman en el País Vasco son temporales, tres puntos por encima de la media nacional. En todo caso, el desafío del próximo consejero será el mismo: el diálogo social.