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La Sociedad del Alquiler cobrará a sus inquilinos una mensualidad de comisión

"La dignidad no se mide por metros cuadrados", dice la ministra Trujillo sobre los 'minipisos'

La Sociedad Pública de Alquiler no sólo va a cobrar a los propietarios por su gestión, sino también a los inquilinos. El ciudadano que alquile un piso a través de la red de esta agencia estatal tendrá que pagar en el momento de la firma del contrato una comisión, equivalente a una mensualidad de la renta, por gastos de intermediación, igual que si acudiera a una inmobiliaria privada, según explicó ayer la ministra de Vivienda. Respecto a la posibilidad de cambiar la ley sobre vivienda protegida para incluir pisos de apenas 30 metros cuadrados, María Antonia Trujillo fue tajante: "La dignidad no se mide por metros cuadrados". Trujillo matizó que éste sería un proyecto "a largo plazo", reservado a jóvenes que vivan en alquiler.

Mientras la propuesta de minipisos de la ministra -lanzada el lunes pasado en Barcelona- era recibida ayer con una lluvia de críticas, Trujillo dio más detalles sobre el funcionamiento de la Sociedad de Alquiler, que se constituirá esta semana para intermediar en este mercado y dar seguridad jurídica a los propietarios. El inquilino no tendrá que abonar tasa alguna por ser cliente de esta agencia, pero en el momento de firmar el contrato tendrá que pagar la fianza que exige la Ley de Arrendamientos Urbanos y el coste asociado a la gestión de la empresa pública.

En la práctica, el inquilino tendrá que abonar inicialmente y de golpe tres mensualidades: el primer mes de alquiler, la fianza -se devuelve al finalizar el contrato- y una comisión en concepto de gasto de gestión, una cantidad que el inquilino no recuperará y que cobrará la agencia pública, como cualquier inmobiliaria o agente privado de la propiedad.

Esta comisión servirá a su vez para pagar los servicios de estos agentes privados, que son los que, junto a ayuntamientos, comunidades y otros organismos (como el Instituto de la Juventud) se pondrán en contacto con el futuro inquilino para enseñarle el piso. Son lo que Trujillo llama "red capilar", con la que Vivienda cerrará convenios de colaboración. La Sociedad de Alquiler, proyecto estrella del Gobierno (el alquiler sólo supone en España un 10% del total de pisos), apenas tendrá 20 empleados.

Nómina y aval bancario

A cambio, el inquilino no tendrá que justificar su solvencia económica, bien con contrato laboral indefinido que lo demuestre, bien con un aval bancario. Pedir estos requisitos es habitual ahora, pero no todos, especialmente los jóvenes (las grandes víctimas de la temporalidad laboral), los cumplen.

Además, el propietario del piso deberá pagar todos los meses a esa sociedad una comisión de hasta el 20% de la renta del inmueble que le cobre al inquilino. Este porcentaje es un tope y variará en función de las características de la vivienda. A cambio, el organismo público le garantizará el cobro de la renta mensual durante cinco años y el perfecto estado de la vivienda. Si el inquilino deja de pagar o provoca algún daño, la entidad pública se hará cargo de todos los gastos, incluyendo los judiciales, mediante pólizas de seguros.

En una concurrida conferencia de prensa, Trujillo tuvo que responder ayer a numerosas preguntas sobre los pisos protegidos (con precio máximo) de 30 metros. Afirmó que el impulso de minipisos sólo es algo en estudio entre su departamento y el sector privado por un convenio suscrito el lunes en la feria Construmat en Barcelona. La ministra no los incluirá en el plan de vivienda protegida de este año. Trujillo añadió que estos pisos son un éxito en algunos países europeos. Preguntada sobre cuántos metros como mínimo debería tener una vivienda para ser digna, dijo: "La dignidad no se mide por metros cuadrados. Lo importante es que se adecue a las necesidades de los ciudadanos. ¿Qué hay de dignidad en una casa de 2.000 metros cuadrados?".

La normativa estatal fija un límite máximo de 90 metros para un piso protegido. Después, muchas comunidades fijan límites mínimos: por ejemplo, en Cataluña, Castilla-La Mancha y Valencia, es mínimo es de 40 metros.

Por otra parte, el portavoz de vivienda del PP en el Congreso, Andrés Ayala, criticó los datos de Vivienda que afirman que el actual Gobierno ha liberado suelo público para edificar 28.000 pisos. Según este diputado, las gestiones para hacer posibles al menos 22.000 de esos pisos fueron iniciadas durante la etapa del PP, o no tienen nada que ver con la gestión de un gobierno o no se han cerrado.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 13 de abril de 2005