Emponzoñar la medicina

El hospital público Severo Ochoa, de Leganés, se ha convertido lamentablemente en las últimas cuatro semanas en diana de acusaciones anónimas, difamaciones, medias verdades, filtraciones, flagrantes violaciones del secreto médico, fuego cruzado entre partidos políticos y muy atrevidos comentarios desde diversos medios de comunicación sobre el presunto uso excesivo de sedantes en enfermos terminales. Lo más dañino para la sanidad, pública o privada, es que esté en boca de todos y sea objeto de linchamiento desde cualquier rincón posible, sin dar tiempo a que se comprueben con la cordura y serenidad necesarias las denuncias sobre un profesional que ha obtenido el apoyo de sus compañeros y de otros colectivos. Alguien lo ha definido como la política del calamar: expulsa tinta y huye, que algo queda. Pero olvidando que con tal algarabía se merma la confianza del enfermo y de sus familiares en la medicina pública.

Ya se ha dicho en otra ocasión que es imperativo que la justicia actúe con eficacia, independencia y, dadas las circunstancias, con la máxima celeridad. En ese sentido, es acertado que la Fiscalía de Madrid encargue una investigación en profundidad a sus propios forenses ante la alarma que se ha creado. Y dado el protagonismo que el consejero de Sanidad ha adquirido en el caso, sería exigible que sea el Colegio de Médicos quien designe a los expertos que examinen los historiales médicos objeto de controversia.

El daño ya ha sido hecho. Tanto al prestigio del centro -por cierto, sobresaturado de enfermos, de ahí que muchos pacientes sean instalados en urgencias y se produzcan tantas defunciones- como a la cúpula directiva y al coordinador de urgencias. Todos ellos fueron fulminantemente destituidos por el consejero de Sanidad, Manuel Lamela, a raíz de una denuncia anónima que salió del propio hospital hace un mes. La primera investigación de los inspectores del Gobierno autonómico observó la existencia de irregularidades administrativas (algunos historiales en los que no consta el consentimiento familiar), pero no una praxis médica indebida, como de la denuncia se podía desprender. Y las conclusiones preliminares de la fiscalía madrileña excluyen que haya indicios de responsabilidad penal.

La labor judicial no ha terminado, pero desde diversas tribunas políticas y mediáticas hay quienes se han adelantado y han decidido realizar su propio proceso sumarísimo en la plaza pública con insinuaciones y gruesas palabras lanzadas al aire. ¿Se ha pensado en algún momento en la inseguridad que manifestaciones de este tipo transmiten a los familiares de un enfermo en estado terminal? ¿En las resistencias que este clima comporta a médicos y demás personal sanitario para desarrollar un tratamiento de sedación paliativa? ¿O en qué garantías le ofrece cualquier servicio del hospital Severo Ochoa a un vecino de Leganés que lea o escuche opiniones tan desmesuradas?

Convertir el caso Leganés en un pugilato a la luz de los focos es irresponsable. Lamela insiste en que no dimitirá. Está en su derecho. Pero la destitución del presunto responsable sobre la base de una denuncia anónima y la publicidad que ha dado luego al caso han sido cuando menos pasos precipitados. El hospital se le ha puesto en contra y son muchos -otros centros sanitarios públicos, PSOE, Izquierda Unida, asociaciones de vecinos y otros grupos se han solidarizado también- quienes exigen la reincorporación del castigado y la dimisión del consejero. Y hay algo que no ofrece dudas: en la gestión de esta crisis es difícil hacer las cosas peor y con peores resultados para la sanidad pública, para la reputación de sus profesionales y, lo más importante, para los propios enfermos.