Viviendas sociales contagiosas

La construcción de viviendas de protección oficial específicas para las familias con menos renta ha suscitado muchas veces las quejas vecinales. Protestaban los colectivos de los barrios más humildes, con equipamientos y servicios sociales al límite. Y, ahora que las administraciones tratan de evitar el efecto gueto, protestan los nuevos vecinos, de barrios donde el precio de la vivienda se ha disparado y ya sólo es asequible para familias con un alto poder adquisitivo.

En Jaén existe una bolsa de demandantes de viviendas sociales de más de 1.000 personas. Pero una de las primeras actuaciones en esa línea, 91 pisos cerca del bulevar de la zona norte de la capital, se encuentra bloqueada tres años después de la finalización de las obras. Ni el Ayuntamiento -que cedió los terrenos y es el encargado de la adjudicación- ni la Junta -que construyó las viviendas y debe aprobar en última instancia la lista de beneficiarios- han sido capaces en este tiempo de ocupar las viviendas y han claudicado a las presiones vecinales del barrio, el de mayor crecimiento de la capital y también el de pisos más caros.

Las 91 viviendas sociales de la calle Miguel Castillejo están construidas desde noviembre de 2002. Desde entonces, una empresa de seguridad vigila permanentemente el inmueble a la espera de que sean ocupados por sus inquilinos, familias con bajos recursos económicos y problemas de habitabilidad en sus casas de barrios marginales de la ciudad.

La asociación de vecinos Expansión Norte se opone sistemáticamente a la adjudicación, que tiene recurrida en los tribunales además de intentar, sin éxito, suspenderla cautelarmente. Lo que sí han logrado ha sido forzar al Ayuntamiento a modificar en dos ocasiones los criterios de adjudicación. "No estamos en contra de las viviendas sociales, pero queremos que se repartan por la ciudad", asegura la presidenta de Expansión Norte, Matilde Cruz.

Así las cosas, ni el PP -que ostenta el gobierno municipal- ni el PSOE parecen dispuestos a asumir el coste político de esta adjudicación. Así quedó de manifiesto durante el último pleno del Ayuntamiento. Auque parecía haber consenso para la adjudicación definitiva, el PSOE advirtió de que iba a abstenerse porque había detectado que se iba a dar una casa a un vecino denunciado por su anterior pareja por malos tratos, mientras que a ésta, que tiene la custodia de los hijos, se la dejó fuera de la lista. El PP argumentó que se condicionaba esa adjudicación a la resolución de los tribunales. Sin embargo, aunque podían haber ejercido su mayoría absoluta, los populares optaron por dejar el tema sobre la mesa, lo que motivó la indignación de IU.

Coste político

"Ni PP ni PSOE tienen suficiente coraje ni valentía. Es algo que cuestiona la viabilidad de las futuras promociones de viviendas sociales", dijo el edil de IU José Luis Cano, quien añadió que las irregularidades podía resolverlas la Junta. Que la cuestión no agrada a los partidos mayoritarios se confirma en las palabras del concejal de Asuntos Sociales, Antonio Lucas. El edil llegó a acusar a la Junta de entregarle "un dardo envenenado" al responsabilizar al Ayuntamiento de la adjudicación. Tras el último pleno, manifestó que a los socialistas se les había vuelto en su contra su propia estrategia política.

El Ayuntamiento de Sevilla ha tenido que dar marcha atrás en más de una ocasión a la construcción de viviendas sociales por la oposición de los vecinos. El último caso dio al traste con la intención del equipo de gobierno de contar un parque municipal de viviendas en una de las zonas más en alza del mercado inmobiliario, el barrio de La Calzada.

Allí se aprobó en mayo de 2004 la construcción de 61 pisos y 59 garages de VPO que se iban a reservar a jóvenes, pero en noviembre de ese año, el Ayuntamiento decidió hacerse con toda la promoción con dinero del patrimonio municipal del suelo para destinarla a realojos sociales. La idea era contar con un paquete de pisos en el que poder acoger de forma provisional a familias cuyo domicilio habitual se vea afectado "por la ejecución de políticas municipalea" (como ocurrió con los chabolistas de Los Bermejales) o por un siniestro y a mujeres maltratadas o con cargas familiares y sin recursos.

Pero el anuncio desató las protestas de los vecinos de la zona, con el temor no confesado de la devaluación del precio de sus viviendas, una de las millas de oro de la capital. El pasado 11 de febrero, Urbanismo certificó el poder de las presiones vecinales y "conforme a los acuerdos alcanzados con las entidades vecinales" encomendó a la empresa municila de la vivienda la oferta y adjudicación de los pisos como VPO.