Penales de discordia

El Puerto de Santa María (Cádiz) tiene ya dos cárceles. Y en 2007 tendrá tres. A Augusto Tolón, representante del Foro Social, que integra diferentes colectivos vecinales y sociales, sindicatos y partidos, le han explicado muchas veces que el tercer penal dará muchos puestos de trabajo, generará riqueza en el municipio y ayudará a descongestionar las otras dos prisiones. Pero son argumentos que no le convencen. Da por seguro que la nueva instalación traerá a su localidad más inseguridad y droga.

Ésta es la razón más habitual que esgrimen los colectivos que se oponen a que se instale una cárcel en su municipio. Fue el argumento que emplearon hace ocho años vecinos de Deifontes (2.400 vecinos), localidad granadina junto a la que se iba a construir una prisión, en el término municipal de Albolote. Se echaron a la calle porque barruntaban un periodo de delincuencia desmedida. La cárcel se construyó, con beneficios económicos para Albolote y sin ningún perjuicio para Deifontes, que sigue viviendo con sus problemas de siempre y con la paz de un pueblo pequeño.

El Foro Social de El Puerto no quiere una nueva cárcel porque sostiene que las dos existentes ya han dado suficientes problemas a la ciudad. Tolón dice aludir a "estadísticas oficiales" cuando asegura que el 70% de la población reclusa es toxicómana. "Hay a quien no le gusta que se mezcle el problema de la droga con la presencia de un penal, pero hay que mezclarlo porque está demostrado que hay una relación directa", afirma. "No queremos hablar mal de los presos sino constatar una realidad". Augusto Tolón cree que las dos cárceles han atraído a El Puerto a numerosos consumidores y vendedores.

Tolón no se considera insolidario por rechazar la instalación de una cárcel. "Solidaridad es que, entre otras localidades, se hubiese evitado la concentración de tres prisiones en una misma ciudad".

En pleno barrio de Cruz de Humilladero de Málaga, uno de los que soportan mayor densidad de Europa, se ubica la antigua cárcel de la ciudad. Cuando en 1991 se inauguró la prisión provincial de Alhaurín de la Torre, los vecinos del barrio pensaron que por fin, después de años de espera, los terrenos de la cárcel construida en 1933, y que ocupan una manzana completa, se convertirían en los nuevos equipamientos para el barrio. No fue así. La prisión se destinó a 275 reclusos que disfrutan de tercer grado y acuden a diario a pernoctar a la cárcel, aunque en condiciones "muy lamentables", según los sindicatos.

"La negociación entre Ayuntamiento y Ministerio de Interior no termina de dar sus frutos. Ni las concentraciones frente al penal, ni los escritos anuales desde hace ya 14 años...". Antonio Vega, presidente de la asociación de vecinos Cooperación, muestra su frustración ante el problema, aunque dice que están "más esperanzados" desde el cambio de gobierno.

Una sentencia judicial reconoció en 1997 la propiedad municipal de los terrenos donde se levanta la antigua cárcel, pero el problema es que la sentencia reconoce el derecho a la propiedad del Ayuntamiento cuando el suelo deje de tener uso penitenciario, así que sigue funcionando como cárcel.

Los vecinos reclaman que los terrenos se destinen a equipamientos que echan en falta en Cruz de Humilladero: una residencia de ancianos, biblioteca, canchas deportivas y sobre todo zonas verdes. El Ayuntamiento ha ofrecido a Instituciones Penitenciarias un suelo alternativo, pero el Ministerio de Interior sabe del valor que esos terrenos han adquirido y espera mayores compensaciones.