Reforma moderada
El vicepresidente y ministro de Economía, Pedro Solbes, ha desvelado las líneas generales de lo que será la reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), un compromiso asumido por el PSOE en su programa electoral. Con ello, el Gobierno cumple una primera exigencia: reducir incertidumbre en un asunto de enorme delicadeza para el conjunto de los agentes económicos. Se ha puesto fin a las conjeturas y a las potenciales amenazas percibidas por algunos sectores.
El principal rasgo de la reforma es la moderación, el gradualismo. Las propuestas avanzadas por Solbes quedan muy lejos de las presunciones manejadas durante la campaña electoral de ir a un IRPF de tarifa única, con la consiguiente eliminación de las deducciones. En su lugar, serán tres o cuatro los tramos impositivos, lo que supone una simplificación adicional que deberá favorecer el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes. Se espera que las tarifas sean más reducidas, aunque sólo se ha concretado la del tramo más elevado. El mantenimiento de la deducción por la vivienda, con independencia de la renta del contribuyente, es tan discutible como el aspecto de la progresividad de las ventajas fiscales de los planes de pensiones, reformado en la dirección correcta. Tampoco se anuncian grandes cambios en la controvertida fiscalidad de las ganancias patrimoniales o plusvalías. Sí lo ha hecho con la posibilidad de un mejor tratamiento a las circunstancias de dependencia familiar. Todas esas variaciones tendrán efecto en el ejercicio de 2007, es decir, en la declaración de la renta que se cumplimente en 2008, metidos ya en la siguiente legislatura.
En el fondo de las declaraciones de Solbes subyace la cuestionable necesidad de una reforma fiscal en un país con una presión fiscal de las menos elevadas de Europa. En su lugar, es prioritario mejorar la eficacia del propio sistema y es creciente la percepción de que el cumplimiento de las obligaciones tributarias sigue siendo desigual. La eficacia en la lucha contra el fraude y el avance en la eficiencia del gasto público son prioridades mucho más importantes.
