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COLUMNA

Universidad

La sentencia del Tribunal Constitucional sobre la segregación de centros de la Universidad de Alicante para crear la Miguel Hernández de Elche ha supuesto un espaldarazo a la expropiación que en su día ejecutó Eduardo Zaplana desde la Generalitat pese a la resistencia de los rectores españoles, que la consideraron abusiva. Su polémica actuación de entonces, contra lo que propugnaron los socialistas, firmantes del recurso, no vulneró la ley. Así lo reconoce una sentencia que, sin embargo, proyecta sombras inquietantes sobre la autonomía universitaria, es decir, sobre el equilibrio en la convivencia, a menudo conflictiva, entre la institución académica e investigadora y el poder político. Al considerar que no es necesaria, no sólo la aquiescencia de la universidad afectada, sino la mera consulta -aunque ésta resulte conveniente-, la resolución del alto tribunal abre la vía a una capacidad de hacer y deshacer por parte del gobierno cuyo margen de impunidad sorprende. Con el fallo en la mano, tal como el Consell que presidía Zaplana arrebató en 1996 contra su voluntad a la Universidad de Alicante la facultad de Medicina (ubicada en Sant Joan y no en Elche, lo que invalidaba la motivación territorial), otro gobierno podría hacer lo contrario con la Miguel Hernández y revertir la situación, lo que no parecería razonable. Es dudoso que, al margen de su legalidad, aquella iniciativa fuese acertada, cosa que no hay tribunal capaz de dilucidar de forma inapelable. El enfrentamiento con el rector Andrés Pedreño, que defendió legítimamente los intereses de su universidad, tuvo tintes de persecución política y consecuencias directas, como el veto al proyecto del Medpark, especialmente graves a la vista de que hoy resulta notorio el retraso valenciano en materia de parques científicos. Habría que analizar con detalle los efectos del periodo de Gobierno del PP en España sobre la autonomía universitaria (ha conseguido, con la elección directa de los rectores por voto ponderado, restar poder al claustro y hacer evidente que los catedráticos imponen su mayoría sin necesidad de negociar con nadie), pero en lo que atañe a la política autonómica, amparada en una legalidad que no la considera "arbitraria ni irracional" aunque sí "discutible", aquella segregación fue todo un abuso.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 21 de marzo de 2005