La Generalitat dará 7,3 millones a los municipios por los depósitos de detenidos

El tripartito cerró ayer un episodio que se arrastra desde hace dos décadas y que el Gobierno de CiU siempre había esquivado. Los consejeros de Economía y Justicia, Antoni Castells y Josep María Vallès, respectivamente, firmaron un acuerdo con la Federación de Municipios de Cataluña para que 21 ayuntamientos catalanes reciban 7,3 millones de euros por la deuda histórica que han contraído en este tiempo al asumir el mantenimiento y coste de los depósitos municipales de detenidos. Es lo que se llama un "servicio impropio" que costeaban los consistorios y que correspondía pagar a la Generalitat. Lo establece, además, una sentencia firme del Tribunal Supremo de 2003, que nunca se llegó a ejecutar y que dio la razón a esos 21 municipios.

Con el pacto asumido, el Gobierno catalán abonará 10,06 millones de euros correspondientes al 50% de la deuda hasta 1998 y otros 1,7 millones por la aplicación de un nuevo modelo de financiación que se aplicará de manera retroactiva desde 1998 hasta 2004. De esas cantidades deben deducirse los pagos a cuenta realizados por Justicia durante los últimos años a los ayuntamientos afectados, por lo que la cifra total es de 7,33 millones de euros.

Todos los firmantes coincidieron en que se trataba de un buen acuerdo y se anunció la disposición a compensar también a los ayuntamientos que en su día no acudieron a los tribunales.