Desbloqueo municipal

El Estado de las autonomías acumula una importante deuda histórica con los ayuntamientos. La institución política más próxima al ciudadano y que afronta en primera línea no pocas de las tareas relativas a su bienestar sigue siendo escandalosamente débil en competencias y recursos financieros. Es lógico que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) haya acogido con alivio el acuerdo alcanzado ayer con los ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas para compensar a los ayuntamientos con un mínimo de 120 millones de euros por la supresión, hace tres años, del impuesto de actividades económicas (IAE). Esta cantidad se añade a los 661 millones de euros ya liquidados por este concepto como cifra consolidada para 2006 y aplicada en el presente año.

Esa inyección servirá para mitigar la difícil situación financiera de los municipios. Pero sólo el tiempo que se tarde en gastarlos, pues el problema es que la supresión del IAE no fue acompañada de una definición clara de los mecanismos financieros llamados a reemplazar ese impuesto. En todo caso, el acuerdo tiene un valor político indudable: desactiva el contencioso abierto entre el municipalismo y el Gobierno a cuenta de la supresión de ese impuesto, que ya había llegado a los tribunales. Pero lo tiene sobre todo porque parece que se asume la necesidad de reformar de una vez por todas el modelo de financiación municipal. De momento va a crearse una comisión bilateral municipios-Gobierno que desbroce el camino de esa reforma en coherencia con el modelo financiero de las comunidades autónomas.

Esa reforma se hace cada vez más urgente por las tareas supletorias que asumen los ayuntamientos en materias como inmigración, medio ambiente o medidas contra la violencia de género, entre otras. Se calcula que un 30% del gasto municipal corresponde a estas tareas llamadas impropias, aunque sólo la mitad les venga financiada. Es una buena noticia para los ayuntamientos que el Gobierno les haya prometido estudiar su cofinanciación mediante un fondo compartido. Pero es evidente que la solución sólo puede estar en un sistema estable y suficiente, proporcional a los servicios que los ayuntamientos prestan. Actualmente gestionan el 13% del gasto público, un porcentaje muy lejano al 20%, que es la media de los países de estructura federal consolidada.