Lección de arbitrariedad

Nunca se ponderará con suficiente énfasis la importancia de la estabilidad política y la seguridad jurídica de un país para atraer inversiones y generar riqueza. Los inversores huyen de la arbitrariedad y de la intervención descontrolada de los Gobiernos. Sorprende que el presidente argentino, Néstor Kirchner, demuestre periódicamente que no le interesa aplicar esta lección capital. Como último ejemplo, ha exigido a las compañías extranjeras que actúan como concesionarias de servicios públicos -Endesa, Repsol YPF, Telefónica, Aguas de Barcelona y Gas Natural, entre ellas- que retiren las demandas presentadas ante el Banco Mundial antes de iniciar las negociaciones para descongelar las tarifas que pueden cobrar por sus servicios. Éstas reclaman 38.000 millones de dólares en compensación por las medidas de emergencia dictadas durante la crisis de 2001, y Kirchner utiliza la amenaza para librarse de las reclamaciones.

La actitud del jefe del Estado ha sido más tosca si cabe al enfrentarse a la subida de los precios de los combustibles aplicada en Argentina por la compañía Shell: ha pedido a los ciudadanos que no compren "ni una lata de aceite" en los establecimientos de la firma anglo-holandesa. Es un claro boicoteo desde instancias políticas contra una empresa, inflamado además con argumentos demagógicos.

El presidente argentino es aficionado a estas técnicas de intimidación. Recuérdese su visita a Madrid el año pasado, durante la cual acusó a las empresas españolas de preocuparse más de negociar subidas de tarifas que de garantizar los servicios básicos del país. Los bancos y las empresas españolas se comportan con extremada paciencia en Argentina: soportaron las consecuencias de las repetidas depresiones económicas, sufrieron pesificaciones y aceptaron congelaciones de tarifas.

Kirchner ha vulnerado otro límite al intentar que un contencioso arbitral, que se maneja con conceptos jurídicos, resulte claramente violentado por una amenaza política. Esta clase de conductas destruye la seguridad jurídica de un país y ahuyenta la inversión. Argentina acabará pagando la prima de riesgo de la arbitrariedad. Ya no basta con disculpar estos arranques como "mensajes para consumo interno". El líder argentino se está jugando el bienestar de los ciudadanos que dice defender; y todo porque, en lugar de articular una estructura económica y fiscal que evite la arbitrariedad y extienda la riqueza, está empeñado en fiar casi toda su política en este tipo de mensajes amenazantes a las empresas que garantizan los servicios básicos del ciudadano.