"No puede haber desarrollo sin inversión extranjera"

En apenas cuatro días, Carlos Mesa (La Paz, 1953) ha pasado de estar a punto de abandonar la presidencia de Bolivia ante la situación de ingobernabilidad del país a colocarse al frente de una de las reformas políticas y económicas más importantes de la historia boliviana, contando además con el respaldo del Parlamento y una amplia mayoría social. Mesa se declara un defensor del indigenismo y pide realismo a la oposición para que comprenda que la inversión extranjera es indispensable para el desarrollo de Bolivia.

Pregunta. ¿Qué balance hace como protagonista de la crisis que ha vivido Bolivia esta semana?

Respuesta. Creo que el país ha tomado conciencia de que hay que tomar decisiones que no pueden esperar, que requieren consensos y criterios comunes independientemente de las posiciones. La Ley de Hidrocarburos, la Asamblea Constituyente y el referéndum de autonomías son instrumentos fundamentales para fortalecer la economía, la institucionalidad y la democracia en el país. Todavía hay cosas que construir y capítulos que no están cerrados, pero, en conjunto, siento que tengo un respaldo abrumador. El sentimiento de apoyo y solidaridad con el presidente es extraordinario.

"No podemos pensar en una nación ni indígena ni mestiza ni blanca. Hay que pensar en un país multicultural y diverso"

"Es muy cómodo desde cualquier capital europea hablar de la teoría de derechos indígenas sin tener en cuenta la realidad"

P. ¿Qué apoyos ha recibido durante estos días?

R. He recibido una solidaridad extraordinaria de prácticamente todos los presidentes suramericanos, de EE UU y de organismos multilaterales. Hace poco he recibido una llamada de Fernando Henrique Cardoso en nombre del Club de Madrid. Me siento realmente reconfortado. Quiero destacar que como presidente de la República las encuestas me marcan un respaldo popular en torno al 55%, que tomando ocho de los nueve departamentos del país pasa del 80%. Eso se convirtió en una realidad conmovedora cuando presenté mi renuncia.

P. Todo el conflicto parece girar en torno a la Ley de Hidrocarburos. ¿Saldrá adelante?

R. Tenemos que aprobar la Ley de Hidrocarburos en el plazo más corto posible. No lograremos unanimidad ni la esperamos. Requerimos una mayoría clara, que podemos alcanzar, para una ley que yo califico como revolucionaria porque marca una recuperación de la fuerza del Estado. Marca un ingreso muy superior al que hemos estado recibiendo hasta ahora en impuestos, abre los espacios para la industrialización y exportación del gas y debe garantizar al inversionista la seguridad jurídica. No se puede plantear una cosa sin la otra. No se puede plantear un Estado fuerte y unos ingresos positivos si no se garantizan seguridad jurídica y seriedad en las reglas del juego a la inversión extranjera, que es indispensable para Bolivia. No podemos concebir el desarrollo de los hidrocarburos, ni casi de ningún sector, sin inversión extranjera privada.

P. Algunos sectores, especialmente el Movimiento Al Socialismo de Evo Morales, proponen otro modelo de Estado. ¿Se está polarizando Bolivia?

R. La polarización no es algo que está surgiendo ahora. La crisis de octubre de 2003 fue el producto de una nación profundamente polarizada. Éste es un elemento clave. Ocurre que en un contexto de democracia sale a la superficie un conjunto de contradicciones muy duras que la sociedad boliviana se había negado a aceptar. Llegó el momento en que Bolivia tiene que establecer una resolución de esos conflictos. Una Asamblea Constituyente va a plantear visiones, a veces radicalmente diferentes, de lo que tiene que ser el país. Tenemos que ser capaces de realizar proyectos de Constitución que unan y que logren consensos. No podemos pensar en una nación ni indígena, ni mestiza, ni blanca. Hay que pensar en un país multicultural y diverso. Es una combinación muy difícil, pero Evo Morales, las regiones y el presidente tenemos que entender que hay una cosa que se llama voluntad popular. Yo creo en un Estado democrático cuyos principios y valores se basan en la democracia liberal surgida en el siglo XVIII, pero que tiene que contar con elementos de participación e inclusión.

P. Evo Morales habla constantemente como si usted estuviera en contra de los indígenas.

R. Voy a hacer una afirmación categórica e inequívoca. Yo, como presidente, como vicepresidente, como periodista, como historiador, soy un militante activo de la defensa de los pueblos indígenas, de la necesidad de acabar con un pasado racista inaceptable y de que la Constitución del Estado refleje los derechos de los indígenas. No acepto, ni siquiera en matiz, la posibilidad de que Morales o Felipe Quispe [dirigente sindical indígena] pongan en cuestión la acción positiva del presidente de la República en este asunto. En este aspecto soy absolutamente intransigente. El hecho de que Morales esté en este momento enfrentado conmigo le da todo el derecho a criticarme por lo que quiera, pero esa crítica ni la acepto ni la tolero.

P. En su carta de dimisión citaba el papel desestabilizador de algunas ONG. ¿A qué se refería?

R. Las ONG en general cumplen un papel esencial en la sociedad boliviana y mundial. En términos generales, creo que el trabajo que hacen es positivo para el país, pero hay algunas ONG extranjeras que tienen una visión idealizada -rousseauniana en algunos casos- de lo que debe hacerse con el mundo indígena. Es muy cómodo desde cualquier capital europea hablar de la teoría de derechos indígenas sin tener en cuenta la realidad. En Bolivia alrededor del 60% de los ciudadanos se considera indígena. Me da la impresión de que esa visión utopista, idealizada, de determinadas ONG se estrella contra la realidad y a veces plantea posiciones ultrarradicales imposibles que están generando falsas expectativas.

P. ¿Va a adoptar el Estado boliviano medidas contra estas ONG?

R. Hay que hacer un análisis en profundidad con la ley en la mano, con la Constitución, y ver si algunas ONG están vulnerando la ley y los derechos y obligaciones que marca. Es algo que tenemos que ver.

P. ¿Qué va a existir primero en Bolivia, las autonomías o la Asamblea Constituyente?

R. Lo lógico es que la Asamblea Constituyente defina a las autonomías, porque es uno de los puntos centrales del debate nacional. Pero las circunstancias políticas que vive el país nos han marcado una agenda distinta que hará que el debate de las autonomías se haga a través de un referéndum donde se decidirá la voluntad o no de ir a las autonomías. Aquí uno tiene que entender que lo ideal debe compartirse con la realidad. A veces la realidad te obliga a aceptar hechos que, no siendo ideales, te pueden ayudar en el camino.

P. Sobre las autonomías, y utilizando la expresión española, ¿habrá café para todos?

R. Lo ideal sería que los nueve departamentos tuvieran un sistema autonómico, pero creo que puede haber otros dos caminos. Autonomías progresivas en la medida en que cada departamento se va preparando, y eventualmente (y es el que menos me gusta) el que haya departamentos que mantengan con el Estado una relación como la que han tenido hasta ahora y otros que tengan autonomía. Esta última opción no me parece muy consistente ni coherente, pero hay una flexibilidad sobre todo porque dadas las características de Bolivia de repente se puede plantear esa opción.