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Domingo, 13 de marzo de 2005

Autonomias

El TSJA anula las licencias de otras 156 viviendas habitadas en Marbella

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha anulado en sendas sentencias las licencias de obras de dos urbanizaciones que suman 156 viviendas porque fueron expedidas por el Ayuntamiento en contra de las estipulaciones sobre los usos del suelo contenidas en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente.

Los técnicos empiezan a apuntalar dos edificios en el Carmel por orden judicial

Al final, el apuntalamiento de los edificios del número 4 del pasaje de Calafell y 8 de Conca de Tremp, en el Carmel, se realizó ayer por un mandato del juez de guardia de Barcelona ante el "grave peligro" de derrumbe de las edificaciones colindantes, declaradas en ruina tras el socavón.

Manoteras tendrá las salas de cine más grandes de la ciudad

Los cines más grandes de la ciudad de Madrid -4.000 butacas en 20 salas, repartidas en dos plantas- están construyéndose desde octubre en el parque empresarial de Manoteras, al norte de la ciudad. Allí la empresa Alius ha invertido 45 millones de euros para levantar un centro de ocio de cinco plantas, que albergará los cines; una veintena de locales comerciales, en su mayoría de restauración, y un aparcamiento de 1.000 plantas.

El expediente infractor del Atrium no incluye 120 pisos edificados de más

El arquitecto jefe del Ayuntamiento de La Vila Joiosa advierte, en el escrito de 1 de marzo que sirve de base al gobierno local (PP) para negociar con la promotora del Atrium Beach la legalización del exceso de obra del hotel, de que también debe restituirse la legalidad urbanística en las cuatro torres del complejo inmobiliario, donde se han construido 6.223 metros cuadrados (unos 120 apartamentos) de más.

La Fiscalía investigará la subasta de bienes de Mecapeña por debajo de su valoración

El Juzgado de Primera Instancia número 13 de Bilbao ha trasladado a la Fiscalía el escrito del comisario que gestiona la quiebra de la empresa de bienes de equipo Mecánica de la Peña (en proceso de disolución) en el que denunciaba un presunto delito de prevaricación en la subasta de bienes inmuebles de la compañía realizada en 2002 por la Diputación de Vizcaya, así como perjuicios para la institución foral y el resto de los acreedores.

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