Los técnicos empiezan a apuntalar dos edificios en el Carmel por orden judicial

Al final, el apuntalamiento de los edificios del número 4 del pasaje de Calafell y 8 de Conca de Tremp, en el Carmel, se realizó ayer por un mandato del juez de guardia de Barcelona ante el "grave peligro" de derrumbe de las edificaciones colindantes, declaradas en ruina tras el socavón. La iniciativa de la Generalitat y la orden juidical no gustó nada, y se notó en las protestas de los vecinos afectados, que han mantenido un duro pulso negociador con la Generalitat a lo largo de toda la semana. En este tiempo no permitieron la entrada de los técnicos en sus casas para los apuntalamientos.

El auto judicial se basa en un informe técnico presentado por los arquitectos que dirigen el proyecto de apuntalamiento y derribo de las tres fincas ya sentenciadas, Carles Buxadé y Vicente Alegre, que advertían del inminente riesgo de derrumbe de los tres inmuebles en caso de no "proceder de forma inmediata" a apuntalar las fincas colindantes.

El auto salió del juzgado a media mañana de ayer e inmediatamente los técnicos prepararon el material para entrar en las viviendas. Son 11 en total, y el primer paso que se debía realizar en los domicilios era colocar puntales en las habitaciones más próximas a las paredes medianeras que comunican con dos de los tres edificios que se debe derribar: los números 6 del pasaje de Calafell y el 6 de Conca de Tremp. "Como en otras operaciones de ese tipo, se empieza haciendo espacio y retirando muebles y enseres para apuntalar la zona más cercana al derribo y, si es necesario, se colocan puntales en las partes más alejadas. Se trata de un proceso realizado en muchas ocasiones junto a edificios mucho más viejos y no ha pasado nada", explicó ayer Buxadé.

Pero parece que todas las previsiones se tuercen en el Carmel. Los técnicos lograron apuntalar únicamente los bajos del número 8 de Conca de Tremp. No así el resto de los pisos porque se toparon con el problema de que era imposible hacerlo sin sacar los muebles, y para eso tenían que pedir autorización a los afectados. Portavoces del Departamento de Política Territorial señalaron que ya disponían de guardamuebles. Añadieron que si los propietarios no prestaban autorización para sacar los muebles tendrán que pedir la ampliación del mandato judicial. Todos los pisos de ese bloque fueron inspeccionados, igual que los del número 4 de pasaje de Calafell.

Peligro inminente

Buxadé y Alegre plantearon el pasado viernes en la reunión de la comisión de obras que se celebró en el Departamento de Política Territorial la urgencia de la intervención de una manera tan clara que calificaron de "irresponsabilidad técnica" no hacerlo. Ante esa advertencia, Política Territorial se puso en contacto con los dos abogados que representan a las 11 familias, pero no lograron que cedieran y autorizaran la entrada, según portavoces del departamento. María del Carmen Pérez-Pozo, una de las letradas que representan a ese grupo de afectados, insistió ayer en que la negativa obedecía a que hasta el viernes no se les había entregado el informe geológico del subsuelo según el cual no se producían movimientos en el subsuelo en los últimos tres días. La abogada añadió que cuando fueron avisados por la Generalitat no pudieron localizar a sus técnicos y a los propios afectados para informarles de la nueva situación. El caso es que la Generalitat optó por recurrir al juzgado de guardia.

Ante un panorama en el que los afectados vuelven a estar molestos, el consejero de Política Terrirorial, Joaquim Nadal, se apresuró ayer a dejar claro que las negociaciones se reanudarán.

La urgencia para derribar los tres edificios ya sentenciados era el peligro de desplome en cualquier momento, según el criterio de los técnicos. "Un edificio abandonado se deteriora. Todavía más cuando hay una montaña de escombros que ejerce presión [se refiere a los restos del edificio del número 10 del pasaje de Calafell, derribado el 30 de enero] contra las paredes medianeras. Nosotros advertimos que la situación se agravaría si llovía porque los escombros se empapan, pesan más y empujan más. Todo eso es muy arriesgado si se trata de edificios en ruina estructural", argumentó el arquitecto. No llovió, pero el 28 de febrero nevó. "La situación ha ido empeorando progresivamente, todavía más el viernes, con la lluvia. El riesgo de hundimiento era inminente", añadió Buxadé y, con él, el daño seguro a los edificios colindantes que, a juicio del arquitecto, tienen lesiones "completamente recuperables". El arquitecto agregó que otro factor de riesgo eran las inyecciones de hormigón que se hacen en las cavidades, que "pueden producir pequeños movimientos e influir en los edificios en estado de ruina".En uno de los bloques se ha llegado al desplome de parte de los pisos superiores, como es el caso, por ejemplo, del ático de Conca de Tremp, 6. "Se están cayendo a trozos por dentro", comentó Laura Alcampel, una de las afectadas del edificio condenado.

Las 11 familias del número 4 de pasaje de Calafell, que aguardaron la llegada de los técnicos desde las nueve de la mañana, se definían ayer como "los cabezas de turco de esta historia". Gemma Torrents, vecina del 3º 2ª, rompió a llorar cuando se enteró por la prensa de que la Generalitat había pedido una orden judicial para apuntalar su edificio. "No entiendo nada, hace unos días mi casa estaba bien y ahora resulta que está en peligro", se quejó. "No queremos entorpecer nada, sólo saber las condiciones en las que vamos a volver", añadió.

A la espera de la llegada de los inspectores, los vecinos decidían si debían resistirse a su entrada. "Yo no les dejo pasar", atajó un hombre. "¡Pero si tienen una orden del juez y no tienen que pedirnos permiso!", le respondió Torrents. A medida que pasó la mañana se reafirmó la teoría de que eran "cabezas de turco". "Ahora nos van a poner como ejemplo para culparnos de que no se hayan derribado los inmuebles", aseguró el vecino de la finca Pedro García.

La propietaria de los áticos del edificio, Isabel Pérez, afirmó: "Han aprovechado la lluvia de ayer y que es fin de semana para montarlo todo. No puede ser que los edificios estén en peligro cuando podemos entrar sin ningún bombero", terció. "Lo peor", interrumpió Torrents, "es que llevo más de un mes fuera de casa, que mi piso es todo lo que tengo y que todo esto me pasa cuando todo empezaba a ir bien. Tenía por fin trabajo en un hospital y pagábamos la hipoteca".

A mediodía llegó la abogada que representa a las 11 familias, Mari Carmen Pérez-Pozo. "Nos han engañado. Ha sido una jugada perfecta", les espetó. "Cuando lleguen los mossos, que levanten acta, que conste que no autorizamos nada y que los testigos que instalaron no se han movido", les indicó.

Los apuntalamientos no empezaron hasta las 18.00 horas, cuando un centenar de personas que se manifestaban cruzó la calle de Llobregós. El inspector de los Mossos d'Esquadra leyó el acta dictada por el juez, recomendó avisar a los vecinos, y las tareas para sostener los edificios se complicaron en el inmueble del pasaje de Calafell, donde los propietarios de los pisos seguían esperando para ver cómo se entraba en sus viviendas. Los muebles, que prácticamente llenaban la superficie de los pisos, impedían colocar puntales. "Queremos demostrar que no estamos aquí para obstaculizar nada y les hemos abierto nosotros mismos junto a los mossos para que vean que no hay espacio para apuntalar", aseguró Susana Carmona, que regenta con su padre un taller de recambios de automóvil.

La familia Carmona cerró el viernes un acuerdo con la Administración para trasladar su negocio a otro local cercano. Sin embargo, aún no había trasladado el mobiliario y la maquinaria, que llenaban casi por completo los 250 metros cuadrados de los bajos del edificio. La falta de espacio para mover los muebles fue la razón por la cual, al final del día, no se pudieron terminar los apuntalamientos.