El expediente infractor del Atrium no incluye 120 pisos edificados de más

El arquitecto jefe del Ayuntamiento de La Vila Joiosa advierte, en el escrito de 1 de marzo que sirve de base al gobierno local (PP) para negociar con la promotora del Atrium Beach la legalización del exceso de obra del hotel, de que también debe restituirse la legalidad urbanística en las cuatro torres del complejo inmobiliario, donde se han construido 6.223 metros cuadrados (unos 120 apartamentos) de más. El alcalde, José Miguel Llorca, no ha sancionado esa infracción. Ni siquiera ha abierto un expediente. Las viviendas carecen de cédula de habitabilidad.

La situación urbanística de todo el complejo del Atrium Beach (cuatro torres de apartamentos y el hotel), en la Cala de La Vila Joiosa, es irregular en su conjunto. A los 53.000 metros cuadrados de exceso de obra en el hotel (equivalentes a 11 plantas), sobre los que se centra un expediente municipal infractor pendiente de resolver, se unen 120 apartamentos construidos de más en las cuatro torres del complejo que ocupan, según certifica el arquitecto jefe, 6.223 metros cuadrados.

Sobre estos apartamentos, según fuentes municipales, no pesa expediente infractor alguno. Sin embargo, el arquitecto jefe, en el informe con el que el gobierno local pretende iniciar la legalización del complejo, advierte de que la solución que se busca debe englobar también el exceso de edificabilidad de las torres de apartamentos. Los pisos, ya comercializados, ni siquiera tienen la cédula de habitabilidad y la luz y el agua son de obras.

Tras analizar la propuesta de la promotora para legalizar el complejo a través del plan de reforma interior, el arquitecto concluye que el exceso de obra es tan cuantioso que ni siquiera aceptando la oferta de la inmobiliaria podría darse cobertura legal a las obras. En el mejor de los casos, aun con los 21.000 metros cuadrados de suelo para dotaciones públicas que ofrece la promotora a cambio de la legalización, quedarían entre 7.000 y 10.000 metros fuera de ordenación. De ahí el pacto oficioso al que ha llegado el alcalde de La Vila con el promotor: derribar sólo tres plantas de la estructura del hotel para erradicar ese exceso imposible de legalizar. Esa demolición, de acuerdo con el pacto oficioso en el que, según varias fuentes municipales, también estaría involucrado el Consell, amplificaría la sensación social de tolerancia cero contra las edificaciones ilegales que promulga el consejero de Territorio y Vivienda, Rafael Blasco.

Así las cosas en la gestión administrativa, la primera decisión judicial sobre este caso -hay pendientes de resolución en los tribunales cuatro recursos sobre el Atrium- dificulta la propuesta de legalización pactada entre Llorca y el promotor. El juez ha ordenado al alcalde que convoque un pleno, en el plazo máximo de un mes, para poner fin al expediente infractor. El gobierno de Llorca llegó a dictaminar el jueves, el día en que se recibió la sentencia, la suspensión del expediente para negociar con el promotor.

Pese a que la sentencia truncó su plan -el alcalde ya no puede suspender el expediente sancionador- José Miguel Llorca se felicitó el viernes por el fallo judicial. "Es como si hubiera ganado las elecciones", dijo. Y luego, entre risas, respondió que no conocía la Ley del Suelo cuando fue interpelado sobre la parte esencial de la sentencia, la que le obliga a que ponga fin a ese expediente infractor en el plazo de un mes en el marco del artículo 184.3 de la Ley del Suelo, es decir, el que contempla la demolición de las obras. Según la sentencia, el Ayuntamiento deberá "inexorablemente" adoptar las medidas previstas en el artículo 184.3, que dice: [...] el Ayuntamiento acordará la demolición de las obras a costa del interesado y procederá a impedir definitivamente los usos a los que diera lugar.

El alcalde, al igual que la promotora, Hotel Luna SA, interpretan como una victoria un apartado de la sentencia en el que el juez señala que no puede ordenar directamente al Ayuntamiento la demolición de las obras del hotel ejecutadas sin licencia, porque en este momento está en trámite un expediente municipal de restablecimiento de la legalidad.

Entre tanto regocijo, cientos de propietarios de apartamentos del Atrium que compraron de buena fe siguen ocupando las viviendas sin disponer de la cédula de habitabilidad. Y la oposición municipal, por su lado, censura la actitud del alcalde, que no ha sido capaz de evitar que en su término municipal se cometa la mayor infracción urbanística del territorio valenciano.