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El TSJA anula las licencias de otras 156 viviendas habitadas en Marbella

Los jueces dicen que las construcciones incumplen el plan urbanístico

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha anulado en sendas sentencias las licencias de obras de dos urbanizaciones que suman 156 viviendas porque fueron expedidas por el Ayuntamiento en contra de las estipulaciones sobre los usos del suelo contenidas en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente. Como ocurre en casos anteriores similares, las casas están ya construidas y habitadas. Las licencias, que fueron impugnadas por la Junta, fueron emitidas en 1998 y 1999.

Una de las urbanizaciones ahora declarada ilegal, de 144 viviendas en el Polígono La Ermita, fue promovida por Turismo y Recreo Andaluz, sociedad del grupo Ávila Rojas, que ha construido también otro complejo de 238 viviendas en Banana Beach cuya licencia de obras fue también anulada por la sala de lo contencioso-administrativo del TSJA el 16 de abril de 2004.

El caso de Banana Beach ha tenido además una vía penal y ha sido objeto del primer juicio por delito urbanístico contra miembros de los equipos de gobierno que presidió Jesús Gil. Hace una semana se celebró la vista oral contra el ex alcalde Julián Muñoz y otros seis ediles para los que la Fiscalía pidió penas de año y medio de prisión por haber concedido la licencia para la urbanización en suelo no urbanizable que el PGOU destina a sistema general de áreas libres. El asunto está pendiente de sentencia.

La urbanización del polígono La Ermita se alza sobre suelo urbano calificado de industrial y parques y jardines en el PGOU. La Consejería de Obras Públicas alegó en su recurso contencioso que la concesión de la licencia para las 144 viviendas entrañaba una modificación de hecho del planeamiento, "prescindiendo absolutamente del procedimiento legalmente establecido". La sala considera que "la concesión o denegación de licencias es una potestad absolutamente reglada en base al planeamiento urbanístico vigente", es decir, que se concede si la calificación del suelo lo permite, como no era éste el caso.

Comisión de Urbanismo

La licencia municipal se expidió el 12 de febrero de 1999, porque el Ayuntamiento que entonces presidía Jesús Gil entendía que era de aplicación el proyecto de revisión del PGOU que aprobó en pleno el 7 de agosto de 1998, pero previamente la Comisión Provincial de Urbanismo lo había rechazado, y de hecho, cuando se otorgó la licencia, el TSJA ya había dictado un auto de suspensión cautelar de aquel acuerdo municipal. Éste ha sido anulado definitivamente en sentencia también del 2 de marzo.

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En la segunda de las sentencias, el TSJA argumenta que aunque el Ayuntamiento hubiera incluido en la revisión del PGOU nuevas catalogaciones de suelo que sí darían amparo a la licencia, "no se le puede conferir valor porque no ha sido aprobado definitivamente".

Tanto en el caso de La Ermita como en el segundo, 12 viviendas adosadas en Dunas de Marbella, el Ayuntamiento había suscrito previamente un convenio urbanístico con las promotoras. El tribunal invoca los "elementales principios de lógica y seguridad jurídica" y sostiene que "las licencias otorgadas con falta de cobertura en el planeamiento vigente carecen de amparo legal tal y como ha declarado reiteradamente esta sala".

En el caso de Dunas de Marbella, el Ayuntamiento concedió licencia de obras para 12 viviendas adosadas en una parcela donde el PGOU únicamente posibilitaba una vivienda unifamiliar exenta, y además con una edificabilidad de 0,69 metros cuadrados, por encima a la establecida en el planeamiento.

Las dos nuevas sentencias anulatorias de licencias de viviendas ya habitadas vuelven a poner sobre la mesa el problema de cómo afrontar la restitución de la legalidad urbanística en Marbella (gobernada ahora por Marisol Yagüe) sin crear graves perjuicios a terceros, como los compradores de las casas, algunas de las cuales ya han sido transferidas a un segundo propietario. Hasta el momento, el TSJA ha anulado licencias de más de un millar de obras, pero hay más de un centenar de casos aún pendiente de resolución judicial.

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