La Fiscalía investigará la subasta de bienes de Mecapeña por debajo de su valoración

El Juzgado de Primera Instancia número 13 de Bilbao ha trasladado a la Fiscalía el escrito del comisario que gestiona la quiebra de la empresa de bienes de equipo Mecánica de la Peña (en proceso de disolución) en el que denunciaba un presunto delito de prevaricación en la subasta de bienes inmuebles de la compañía realizada en 2002 por la Diputación de Vizcaya, así como perjuicios para la institución foral y el resto de los acreedores.

Con el ánimo de favorecer los intereses de los trabajadores de Mecánica de la Peña, el departamento de Hacienda de la Diputación, que tenía trabados distintos bienes de la empresa de Urduliz por deudas fiscales, adjudicó en poco más de un millón de euros a la sociedad mercantil que representaba a la plantilla unos terrenos y pabellones valorados oficialmente en 6,2 millones de euros. Pocos meses después, esta sociedad, Trabajadores de Mecapeña SL, vendió dichos bienes a una empresa pública -Urdulizko Industrialdeak SA, propiedad de la Diputación y del Gobierno vasco- por 6,9 millones de euros, lo que representa una plusvalía de 5,8 millones sobre el precio que se pagó a la Diputación. Los beneficios obtenidos se destinaron, según un portavoz de Trabajadores de Mecapeña SL, a complementar las pensiones e indemnizaciones de los alrededor de 320 empleados de la empresa que se quedaron sin trabajo con la quiebra.

Sin embargo, el comisario de la quiebra estima que las actuaciones realizadas por la Diputación en la subasta de los bienes afectaron "negativamente" a los intereses del resto de los acreedores, incluida la propia Hacienda foral. Al mismo tiempo, considera que se pudo incurrir en un presunto delito de prevaricación debido a las "irregularidades" cometidas durante el proceso de adjudicación directa de los bienes. El juzgado número 13, que es el mismo que lleva la quiebra de Mecánica de la Peña, calificada de culpable, ha remitido el expediente de la subasta a la Fiscalía para que determine si hay indicios de delito penal.

El comisario de la quiebra, Fernando Gómez Martín, relata en el escrito que presentó en el Juzgado el pasado 10 de febrero distintas actuaciones hechas por el Servicio de Recaudación de la Diputación de Vizcaya y la propia Dirección de Hacienda que podrían suponer un delito de prevaricación (dictar una resolución injusta a sabiendas). Concretamente, el haber permitido que Trabajadores de Mecapeña SL retiraran fuera de plazo las ofertas más elevadas que presentaron a la subasta y revocado la primera adjudicación.

La secuencia de los hechos comienza cuando, en abril de 2002, el Servicio de Recaudación saca a subasta por 6.262.546 euros un pabellón y el terreno colindante de Mecánica de la Peña que tenía embargados por los impuestos que adeudaba a la Hacienda foral (alrededor de 10 millones de euros). La empresa de Urduliz presentó suspensión de pagos en 1999 y entró en liquidación con un pasivo de 186 millones de euros. La subasta quedó desierta al no presentarse ofertas, por lo que se convocó la venta de la finca "por gestión directa" y sin precio mínimo de salida. El 27 de septiembre de 2002, tres días antes de finalizar el plazo para recibir ofertas, la sociedad Mercantil Trabajadores Mecapeña SL, creada por sindicalistas de ELA, CC OO, UGT y LAB, presentaron 23 plicas con importes que iban desde los 963.855 euros, el más bajo, hasta los 4,2 millones, el más elevado.

José Javier Blasco, representante de CC OO en la mercantil, señala que los trabajadores, con la colaboración activa de las instituciones, pudieron ir adquiriendo propiedades de la empresa en disolución, embargadas por la Seguridad Social o Hacienda, para financiar las prejubilaciones e indemnizaciones de la plantilla. Para ello, no sólo hicieron gestiones ante los organismos públicos que subastaban los bienes, sino también ante posibles empresas o particulares interesados, con el fin de solicitarles que no compitieran con la plantilla.

El 11 de octubre, diez días después de cerrado el plazo de ofertas, Trabajadores Mecapeña SL registra en la Hacienda foral un escrito en el que manifiestan que, de las 23 plicas presentadas, sólo tiene valor la realizada por importe de 1.024.096 euros. Sin embargo, los miembros de la Mesa de Subasta, reunidos el 15 de octubre, estiman que esa retirada carece de valor porque el plazo de ofertas y correccciones terminó el 30 de septiembre, y adjudican la finca en el precio más alto ofrecido, 4.216.867 euros.

3,19 millones menos

Ante esta situación, y según relata la denuncia, la subdirectora de Recaudación, Nieves Pereda, con el visto bueno del director de Hacienda, asumió para sí el procedimiento, así como la presidencia de la Mesa de Subasta. Ésta vuelve a reunirse el 28 de octubre, con el cambio también de su secretario, y deja sin efecto la adjudicación hecha. En una nueva convocatoria, ese mismo día, se adjudican los bienes a Trabajadores Mecapeña en la cantidad que éstos pretendían, 1.024.096 euros, 3,19 millones menos que la oferta más alta que hicieron.

El 17 de febrero de 2003, la empresa Urdulizko Industrialdea SA, constituida dos meses antes por Bizkailur y Sprilur (las sociedades de la Diputación y el Gobierno vasco para la promoción de suelo industria), adquirió a Trabajadores Mecapeña la finca por 6.911.639 euros, 5.887.543 euros más de los que pagaron por ella a la Hacienda foral.

A la vista de estos hechos, el comisario de la quiebra apunta que "pueden apreciarse irregularidades" en el procedimiento, que han podido causar "grave perjuicio patrimonial" a la Diputación -haber ingresado un millón de euros en vez de los 4,2 millones de la oferta más alta-, así como al resto de acreedores en la quiebra de Mecánica de la Peña. Fernando Gómez, que mantiene con la Hacienda foral otros contenciosos de carácter tributario, sostiene que las circunstancias descritas pueden ser causa de un "ilícito penal" de prevaricación por parte de los funcionarios y cargos públicos intervinientes. Empezando por haber aceptado 23 ofertas por parte del mismo licitador, en contra de lo establecido por la ley.

José Javier Blasco, a preguntas de este periódico, ha señalado que los representantes sindicales aprovecharon "todas las bazas que la ley nos daba para asegurar las mejores condiciones a los trabajadores que se quedaron en la calle sin alcanzar la edad de jubilación". "Nosotros no vamos a juzgar la actuación de la Diputación", indicó el representante de CC OO en Trabajadores Mecapeña SL. "Si el comisario de la quiebra estima que ha habido actuaciones irregulares", añadió, "que las ponga en conocimiento del juez y ya veremos qué pasa".