Buena jugada
El presidente boliviano, Carlos Mesa, apostó fuerte con su amenaza de renuncia y le ganó la partida, al menos por ahora, a Evo Morales, el líder indígena del Movimiento Al Socialismo (MAS), que había puesto al depauperado país andino patas arriba con el bloqueo de las comunicaciones, agravando más si cabe la crisis social. El Congreso decidió el martes por unanimidad rechazar la dimisión del presidente y aprobó, esta vez con el voto en contra del grupo de Morales, el paquete de reformas que exigía Mesa. Está por ver cuánto puede durar el denominado "Acuerdo ante la Nación", suscrito por el mandatario con las fuerzas de derecha y centro.
El acuerdo recoge todo lo que quería el presidente, e incluso más, pues el Parlamento ha ordenado poner fin a los bloqueos. Y eso cuenta, al parecer, con la simpatía de buena parte de la población, fatigada por el impacto negativo en sus vidas de esta última crisis. El pacto contempla la rápida aprobación de la controvertida ley de hidrocarburos, pero en condiciones bastante más beneficiosas para las empresas extranjeras, entre ellas la hispano-argentina Repsol YPF. Tendrán que pagar en concepto de explotación del gas un impuesto del 18%, lejos del 50% que pretendía el MAS.
El pacto incluye también la elección de prefectos (gobernadores) en todas las provincias -uno de los puntos de fricción que amenazaba con una tentativa secesionista de Santa Cruz, la única región rica-, un referéndum de autonomía y la convocatoria de una Asamblea Constituyente para tratar de conciliar posiciones enfrentadas. El MAS, que lidera Morales, apuesta por un programa de nacionalizaciones y economía centralizada, frente a los partidos de la derecha y el centro, que defienden una descentralización administrativa y medidas económicas de formato neoliberal para atraer inversiones extranjeras.
Mesa, historiador y periodista que llegó al poder hace 17 meses, tras la renuncia de Sánchez Lozada, salpicado por la corrupción, se aproxima más hacia esa concepción liberal, pero a la vez es sensible a las demandas sociales, lo que le ha hecho ganar popularidad. Quiere respetar los compromisos contraídos con los organismos multilaterales de crédito y las empresas extranjeras, pero, al mismo tiempo, propone un gran pacto social con reminiscencias de los Pactos de la Moncloa que Suárez promovió en 1977 con participación de todas las fuerzas políticas y sindicales para superar la grave crisis de la economía española. Es una apuesta loable, pero sin el respaldo del movimiento indígena está condenada al fracaso.
