Argentina rescindirá los contratos de servicios públicos si las empresas no retiran las denuncias

Argentina ha lanzado un ultimátum a las empresas concesionarias de servicios públicos, muchas de ellas españolas, para renovar sus contratos. El jefe del Estado argentino, Néstor Kirchner, ha dado una orden tajante al ministro de Planificación, Julio de Vido: "Si no retiran las denuncias contra el Estado argentino ante el Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, un tribunal controlado por el Banco Mundial), que se preparen para irse. Esa condición es innegociable", advirtió. Aún queda por resolver más de la mitad de los contratos.

La revisión de contratos con las concesionarias, que el presidente argentino, Néstor Kirchner, valora como "la más importante discusión de intereses pendiente", una vez lograda la reestructuración de la deuda pública con los acreedores, entró desde ayer en la "última etapa". El Ejecutivo se ha dado un plazo "de tres a seis meses" para darlo por terminado.

Tal como lo había advertido la pasada semana en el Congreso, el presidente argentino comenzó a sacar uñas y dientes para defender al Estado en la disputa por la revisión de los contratos con las empresas concesionarias de los servicios públicos. Las empresas llevaron al Estado a los tribunales en protesta por la propuesta de elevar las tarifas a partir de este año.

El jefe del Estado advirtió: "Esta renegociación tiene plazos otorgados por la ley y debe realizarse en nuestro país conforme a sus normas, sin que deba inmiscuirse tribunal ni árbitro alguno por amañada que resulte la interpretación que de los tratados se haga para activar supuestas competencias".

Audiencias públicas

Tres días más tarde, sin aviso y sin que se registren avances en la negociación, el Ejecutivo convocó a las distribuidoras de electricidad y gas, las que más se resisten a las condiciones que pretenden imponerles, entre ellas Edesur y Gas Natural, participadas por capitales españoles. El objetivo era discutir los compromisos de inversión y las tarifas en audiencias públicas a las que pueden asistir las organizaciones de usuarios.

"Nos quieren tirar a la gente encima", dicen los ejecutivos de las empresas. Según ellos, las negociaciones no han avanzado nada y no hay motivos para convocar a unas audiencias en las que, según la ley, las organizaciones que representan a los consumidores deben fijar posición sobre puntos de acuerdo. "¿Sobre qué contratos vamos a debatir?", se preguntan. "Si no hay acuerdo, las tarifas saldrán por decreto", advierten los funcionarios.

El portavoz de una distribuidora eléctrica recordó ayer a este diario: "El propio Kirchner había pedido a José Luis Rodríguez Zapatero que intermediara, y en ésas estábamos. Miguel Sebastián [responsable de la oficina económica de La Moncloa], nos pidió un informe para saber cuáles eran nuestras condiciones, pero esta convocatoria es una forma de patear el tablero. Así no se van a retirar las demandas".

Los funcionarios de la unidad encargada de la revisión de los contratos tienen claro que "los puntos de mayor conflicto son esas denuncias que se mantienen como una forma de extorsión y a las que el Gobierno piensa responder con otras, porque también las empresas incumplieron los compromisos de inversión". Un portavoz del ministro De Vido explicaba ayer a este diario que el estallido de la convertibilidad (la paridad del peso con el dólar que se mantuvo 10 años, hasta fines de 2001) dejó todo en ruinas y hay que rehacer los contratos en función de los años que las empresas tienen todavía para ganar dinero. "Hasta ahora han ganado muchísimo más de lo que correspondía durante seis o siete años de fiesta".

La generadora y distribuidora estadounidense AES, que controla Edelap, suministradora de energía en la provincia de Buenos Aires, firmó el acuerdo que pretende el Ejecutivo y retiró sus demandas. El ministro De Vido se pregunta: "¿Por qué ellos sí y las otras eléctricas no? El acuerdo, que contempla un aumento inmediato de tarifas del 15% para los usuarios de mayor consumo y otro a considerar en 2006 para el resto de los clientes, permitiría a las empresas postergar los pagos de multas que el Estado aplicó por incumplimientos de servicio.

Las grandes distribuidoras, como Edesur, que atiende a 2,1 millones de usuarios, no consideran que Edelap, "una compañía con la décima parte de clientes", represente los mismos intereses que Edesur y Edenor. Por eso no van a firmar un acuerdo que para ellas "no es sustentable en el largo plazo".

Postura firme

En su informe al Congreso, el presidente Kirchner aseguró que no le "va a temblar el pulso" a la hora de tomar decisiones. "No obligaremos a nadie a quedarse en Argentina haciendo beneficencia con su plata, ni pretendemos obligar a nadie a perder lo que es suyo. Quien quiera compartir el trabajo con nosotros, será bienvenido. Sobre bases serias es necesario culminar un proceso de reestructuración de los contratos atendiendo a los derechos de los consumidores, sobre todo los de bajos ingresos, a las inversiones y a la rentabilidad empresarial".

La ley concede plazos al Ejecutivo hasta final de este año para revisar y renovar los contratos con las tarifas en pesos y sin el aumento automático según la inflación en Estados Unidos que autorizaban los contratos vigentes hasta finales de 2001.

Según los responsables de la unidad de renegociación, ya se han resuelto, con nuevos acuerdos, 28 de los 64 contratos en revisión. Trece empresas firmaron los nuevos acuerdos: las terminales portuarias de Buenos Aires, las autopistas de acceso a la capital federal, los trenes de carga y algunas de las distribuidoras eléctricas. Quedan pendientes 36 contratos, entre los que figuran los de las telefónicas (Telecom y Telefónica) y el de Aguas Argentinas. Las nueve distribuidoras de gas, además de las mayores distribuidoras eléctricas, Edesur y Edenor, fueron convocadas a audiencias públicas que deben celebrarse entre abril y mayo.