Una comisión de las Cortes de Castilla y León aprueba la financiación del cambio de sexo

La Comisión de Derechos Humanos de las Cortes de Castilla y León aprobó el viernes pasado, con el apoyo del PP, una proposición no de ley para financiar las operaciones de cambio de sexo de los transexuales. "La Junta ya financia los tratamientos psicológicos y hormonales; es lo único que faltaba", dijo el diputado socialista Ismael Bosch, quien defendió la proposición. Bosch negó que la medida representara un coste excesivo. "Puede afectar a unas 120 personas, y costaría menos de 300.000 euros, lo que una campaña publicitaria de la Junta", dijo.

El consejero de Sanidad del Gobierno castellano-leonés (en manos del PP), César Antón Beltrán, recordó que la Junta ya había implantado 16 nuevas prestaciones, entre las que no estaba la cirugía de reasignación de sexo. Sobre la posibilidad de que la Junta haga efectivo lo aprobado por su Parlamento, el consejero contestó: "La ministra de Sanidad, Elena Salgado, ha dicho que la nueva cartera de servicios para todo el sistema está casi terminada. No tengo por qué dudar de que este punto, que iba en el programa del PSOE, estará incluido".

Antón recordó que la medida insistía en la temporalidad de ésta, e instaba al Gobierno central a regularlo. "La proposición está aprobada. Ahora le corresponde al Ejecutivo ponerla en marcha", replicó Bosch.

La diferencia entre quién decida que debe darse esa prestación, si la Junta o el Gobierno central, está en la financiación. Si se aprueba como prestación del sistema nacional de salud, Sanidad deberá aportar los fondos para su realización. Si lo decide un Gobierno autonómico, éste tendrá que correr con los gastos.

Sólo dos comunidades, Andalucía y Extremadura, gobernadas por el PSOE, han incluido el tratamiento de reasignación de sexo en sus prestaciones. Todas las operaciones se realizan en el hospital Carlos Haya de Málaga, aunque en en el último año la cifra de intervenciones se ha reducido a menos de 15, frente a más de 30 de años anteriores, según ha denunciado Izquierda Unida.

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