No más escombros andorranos

Cataluña ha dicho basta a la importación masiva de escombros procedentes de la construcción de Andorra. Después de un largo periodo de tolerancia administrativa, la Generalitat ha decidido poner fecha de caducidad a la entrada de camiones cargados con todo tipo de materiales, sobre todo tierra y piedras, con destino a vertederos de la comarca del Alt Urgell. A partir del 31 de diciembre, el vecino país estará obligado a quedarse con sus residuos.

El vertido de estos materiales ha originado en los últimos 15 años un grave problema medioambiental en algunos municipios próximos a La Seu d'Urgell. En 1999, el entonces alcalde de esta ciudad, el socialista Joan Ganyet, denunció la existencia de 19 vertederos incontrolados en un radio de 15 kilómetros, la mayoría en fincas situadas cerca del río Segre, donde se depositaban todo tipo de residuos andorranos. Desde entonces la situación no ha hecho más que empeorar.

Según datos oficiales, Andorra sacó del país el año pasado 1,7 millones de toneladas de escombros, que mayoritariamente fueron a parar a terrenos particulares o municipales. Se calcula que actualmente cruzan la frontera hispano-andorrana de La Farga de Moles alrededor de 400 camiones, conocidos como bañeras, con 20 toneladas de carga cada uno.

La entrada de escombros andorranos en Cataluña se ha realizado siempre bajo la sospecha de que algunos camiones transportan de forma clandestina materiales no autorizados, un hecho que ha sido denunciado reiteradamente por los vecinos del Alt Urgell. El pasado mes de septiembre, una juez de La Seu ordenó al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil que examinara el subsuelo de una finca de ese término municipal para comprobar si contenía residuos tóxicos, como baterías, neumáticos o desechos sanitarios. La búsqueda, que no resultó fácil porque la tierra depositada alcanzaba una altura de 20 metros, confirmó las sospechas.

Ante tal evidencia, el Gobierno catalán ha decidido atajar de raíz el problema, de manera que el año que viene ya no permitirá que se depositen en los vertederos del Alt Urgell más materiales de desmontes de Andorra. Incluso ha rechazado la moratoria de un año solicitada por las principales empresas constructoras andorranas.

El Departamento de Medio Ambiente ha clausurado en el último mes 10 vertederos por haber observado irregularidades en ellos o porque no disponían de licencia. Seis de estos vertederos estaban en el municipio de Ribera de l'Urgellet y los otros en Coll de Nargó, Adrall, La Seu y Montferrer. Con esta medida se ha reducido el 40 % el volumen de camiones que cruzan la frontera hispano-andorrana con destino a la comarca del Alt Urgell.

Representantes de los gobiernos español, catalán y andorrano han acordado que el 31 de diciembre se considerará extinguido el convenio hispano-andorrano que permitía la exportación de estos materiales, lo que obligará a Andorra a tratarlos gradualmente en su territorio. Mientras tanto, la Generalitat tiene previsto aprobar una normativa para regular la entrada de tierra destinada a la mejora de fincas y establecerá un punto de control en la aduana de La Farga de Moles, donde se revisará el contenido de la carga de cada camión y su destino final.