Cerrada por contaminar una empresa recicladora de baterías de coche

La Generalitat ha paralizado la actividad de la empresa Derivados de Minerales y Metales, SA (Demimesa), dedicada al reciclaje de baterías de automoción, por infracciones graves e incumplimiento reiterado de las normativas medioambientales a las que está sujeta como empresa productora de residuos. La planta, que está situada en el municipio de Sant Llorenç d'Hortons (Alt Penedès) y cuenta con unos 30 trabajadores, no podrá reanudar su actividad hasta que se hayan corregido las deficiencias que se han observado en el proceso de gestión de sus residuos. En el expediente sancionador que el Departamento de Medio Ambiente ha abierto a la empresa se señala que ésta tiene amontonadas al aire libre 6.000 toneladas de residuos de plomo, que se catalogan como "depósito ilegal" sin medidas de seguridad.El Ayuntamiento de la localidad venía reclamando desde hace años a la Administración autonómica una intervención para forzar a Demimesa a regularizar su producción. El Juzgado de Instrucción número 3 de Vilafranca del Penedès está llevando a cabo las diligencias previas con relación a este caso de almacenaje no autorizado de residuos especiales, concretamente de escoria de plomo.

La dirección de la empresa ha presentado un recurso contra la decisión del Ejecutivo catalán, aunque ha acatado la orden del Departamento de Medio Ambiente paralizando la actividad a la que hace referencia el expediente sancionador. Fuentes de la compañía aseguran que su nuevo equipo directivo, al frente de Demimesa desde hace sólo unos meses, tiene como prioridad introducir todas las medidas necesarias para cumplir las normativas medioambientales que establece la legislación catalana, un reto que no será nada fácil ya que sus deficiencias en esta materia vienen arrastrándose desde hace años. De hecho, su anterior gerente, Agustín Prieto, fue condenado por el Tribunal Supremo a tres años de prisión por delito ecológico en el año 2001.

Éste no es el único requerimiento que Demimesa ha recibido de la Generalitat, pero sí el primero que la ha forzado a paralizar su actividad. En la planta se recuperan baterías ya utilizadas mediante la trituración y posterior fusión del plomo, una actividad que, según se afirma en el expediente, "no se encuentra autorizada de acuerdo con lo que establece la normativa vigente". El periodo de almacenaje para las escorias de plomo es de un máximo de seis meses y, según Medio Ambiente, la empresa lo ha superado "con creces".