El Gobierno propone sustituir las tres cárceles actuales por seis nuevos centros

El Gobierno quiere sustituir el actual modelo penitenciario de Euskadi por uno de nueva planta que incluiría la construcción de seis nuevos centros de cumplimiento y de inserción social, y que primaría los regímenes de semilibertad. Este es el planteamiento central del estudio presentado ayer por el consejero de Justicia, Joseba Azkarraga (EA), que el Ejecutivo encargó en enero de 2004 por 170.000 euros.

El consejero no pudo precisar, ni siquiera como estimación aproximada, el coste económico de la puesta en marcha de este planteamiento. En todo caso, el Ejecutivo no tiene tampoco la transferencia de prisiones, que Azkarraga volvió a reclamar. "Sabemos que sin la competencia no podemos hacerlo; lo que queremos es demostrar que estamos preparados", argumentó.

El estudio necesitaría concretarse en un plan director que establezca fases y planes plurianuales de inversiones y que debería ser aprobado en Consejo de Gobierno y presentado al Parlamento. Sin embargo, el estudio no tiene ni siquiera garantías de ser incluido como compromiso electoral de la coalición PNV-EA ni, por tanto, en su eventual programa de gobierno. "A nosotros nos gustaría", apuntó Azkarraga.

El consejero señaló también que no establecerá ningún contacto con el Ministerio de Justicia para un estudio conjunto de la cuestión, ni ha puesto en su conocimiento el estudio. "Si tienen interés, no tenemos ningún problema en trasladárselo; ya saben dónde estamos", zanjó.

Parte de los seis centros que constituirían el hipotético nuevo sistema penal podrían aprovechar instalaciones y terrenos de las actuales cárceles (Basauri, Martutene y Nanclares de Oca) y se repartirían del siguiente modo: tres serían centros de inserción social, ubicados uno en cada territorio, para personas en régimen abierto y con capacidad de entre 75 y 150 plazas cada uno; otros dos serían prisiones ordinarias para hombres adultos, penados y preventivos, con 250 ó 350 plazas cada uno, aunque en este caso también podría optarse por una única cárcel; otro estaría destinado a hombres jóvenes de 25 a 28 años (50-100 reclusos) y el último a mujeres (100-150 internas). Además, habría dos unidades de hospitalización penitenciaria y una red de viviendas pequeñas para reclusos en tercer grado.

Azkarraga señaló que este esquema sí permitiría hacer una política acorde con las recomendaciones de la moderna doctrina penitenciaria y los criterios humanitarios. La actualmente desarrollada "por los diferentes gobiernos españoles" chocaría "frontalmente" con esos criterios, acusó. El consejero recordó que la directora de Instituciones penitenciarias, Mercedes Gallizo, tachó de "pésimas" las condiciones de las cárceles vascas en junio pasado.

El nuevo esquema incluye en los cálculos un eventual traslado a cárceles vascas de los presos de ETA, y también comunes - hasta un total de 809- que cumplen condena fuera de Euskadi. Ello elevaría la tasa de encarcelamiento de la comunidad de 59 a 97 reclusos por 100.000 habitantes. El número óptimo de plazas se fija en una franja de entre 1.110 y 1.500 plazas. Según el estudio, en febrero había internas en las tres prisiones vascas 1.317 personas.