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Columna
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La cara oculta de la Luna

Antón Costas

Hay realidades o conductas perversas que están ahí, que todos sabemos o intuimos que existen y se practican, pero no nos atrevemos a acercarnos a ellas, a mirarlas a la cara, ni aun a mencionarlas por su nombre, quizá por el temor inconsciente o la convicción de que el que lo haga quedará cegado por su resplandor. Son realidades sobre las que recaen ciertos tabúes que nos inhiben para censurarlas y aun simplemente para mencionarlas, quizá con la esperanza de que lo que no se menciona acaba por no existir. Pero son secretos a voces.

Sucedió así con la extorsión y las prácticas mafiosas del juez Luis Pascual Estevill y el abogado Joan Piqué Vidal sobre muchos empresarios catalanes que se vieron empujados a pagar importantes coimas a los mafiosos, como si de un país tercermundista se tratase, para no verse sometidos a la amenaza de pérdida de libertad por un uso perverso del poder del Estado. Era un secreto a voces, porque toda la Barcelona empresarial y política lo sabía, pero todos miraban para otro lado. Probablemente el propio poder político autonómico fue chantajeado, porque, si no, es difícil explicar cómo Pascual Estevill pudo tener los apoyos políticos necesarios para llegar a ser vocal del Consejo del Poder Judicial. El mismo sistema judicial desde el que se ejercían el chantaje y la extorsión fue incapaz de hacer frente a esas prácticas. Solo la valentía o la desesperación de uno de los empresarios afectados, que se negó a que pagasen justos por pecadores, denunció y puso en marcha el mecanismo judicial que finalmente acabó con la extorsión.

Secretos a voces son también el uso inadecuado de ciertos fondos públicos -como fue el caso del lino o el de los fondos para formación ocupacional- y las comisiones pagadas por los adjudicatarios de las licitaciones de obra pública. Aunque en este caso hay que señalar una diferencia importante con las prácticas corruptas al estilo de Pascual Estevill, que usan los instrumentos del poder público del Estado para beneficio personal. Por el contrario, en estos otros casos no se busca el beneficio particular -aunque algo de eso al final acabe existiendo siempre-, sino para hacer frente a una realidad no bien resuelta en nuestra legislación: la financiación de los partidos políticos, un instrumento básico de la democracia.

Aunque esta práctica genera de vez en cuando cierto escándalo social, poco a poco ha ido inoculando en la sociedad una pasividad y un fariseísmo que tolera su existencia. Se ve como una corrupción blanca, que se beneficia de una cierta legitimación política y social. Pero no por eso es menos peligrosa, porque deja a los partidos políticos en manos de conseguidores y de donaciones anónimas que al final pervierten la vida de aquéllos y van impregnando de un cierto olor a podrido al conjunto de las instituciones de la democracia.

Hace unos cuatro años, el entonces presidente del Parlament, Joan Rigol, impulsó una iniciativa parlamentaria con la intención de poner fin a esas prácticas y dar transparencia y moralidad a la vida política catalana. El objetivo fundamental, nunca mencionado por su nombre, era acabar con la práctica de las comisiones. En el marco de esa iniciativa, se organizó una jornada con expertos y representantes de las instituciones civiles en la que tuve la oportunidad de participar. No sé cuáles habrán sido los resultados finales, pero al menos de aquel esfuerzo de Rigol queda un libro que hoy puede ser útil consultar (El finançament dels partits polítics, Publicacions del Parlament de Catalunya, 2000).

Recuerdo que topé con la imposibilidad de obtener datos veraces sobre las fuentes de ingresos de los partidos políticos, tanto catalanes como de ámbito estatal, al contrario de lo que ocurre en otros países democráticos europeos. Las cuentas públicas que los partidos entregan al Tribunal de Cuentas son como cuentos de hadas, no creíbles; pero con la particularidad de que, en el caso de las cuentas de los partidos, además son ininteligibles.

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Uno de los parlamentarios, en aquel momento en la oposición y hoy en el Gobierno, al ver mis dificultades para elaborar una foto fiel de las finanzas de los partidos, se refirió a las comisiones por obra pública que reciben los partidos como "la cara oculta de la Luna", aquella que sabemos que existe pero no se ve.

En pleno debate sobre la crisis del Carmel y sus consecuencias políticas, el presidente Pasqual Maragall se ha atrevido a referirse por su nombre a esa cara oculta de la financiación de los partidos. Es difícil saber si su denuncia fue el resultado de un subidón parlamentario momentáneo, provocado por la irritación y la incomodidad que tiene que producir el hecho de hacer pagar a justos por pecadores, o si por el contrario, su acción fue intencionada, pensada para aprovechar la ocasión y dar transparencia a las decisiones públicas y, a la vez, moralizar la vida política catalana. El paso del tiempo lo aclarará.

¿Qué pasará mientras tanto? Era evidente desde que comenzó a entreverse la magnitud de la crisis del Carmel que las consecuencias no podrían quedar circunscritas a examinar cómo se ha gestionado la crisis y dar respuesta a la dramática situación de los afectados. La vida política catalana tiene mucho de querella familiar, con cuentas pendientes importantes, y ya se sabe que las querellas familiares están movidas en ocasiones por instintos depredadores. Mi impresión es que algo se ha roto de forma irreparable en la vida política y parlamentaria catalana. Y viviremos con cierto aire de provisionalidad hasta que los platos rotos se puedan sustituir.

Sin embargo, al final seguiremos sin conocer la cara oculta de la Luna. Todos los partidos ya han anunciado que no se deben mezclar las dos cuestiones, la crisis del Carmel con la financiación de los partidos. Por tanto, seguiremos con el secreto a voces. Nadie tiene interés en adentrarse en esa cara oculta, porque la verdad puede ser cegadora.

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