Bruselas multa a España con 103 millones por el descontrol en el vino

La Comisión de la Unión Europea ha impuesto a España una multa de 103 millones de euros por considerar que no se han llevado a cabo los controles necesarios en las producciones de vino procedentes de explotaciones ilegales y no regularizadas, plantadas antes de 1998 o plantadas ilegalmente desde septiembre de ese año. Esta multa equivaldría al 10% de las ayudas percibidas por el sector en las campañas 1998/99, 1999/2000 y 2000/01.

España rechaza el montante de esa sanción por considerarla excesiva. Las negociaciones planteadas con Bruselas al respecto no dieron lugar a un acuerdo, por lo que la Administración española acudirá al organismo de conciliación para rebajar la cuantía de la multa.

Durante la última década, la Unión Europea ha puesto en marcha diferentes medidas encaminadas a reducir el volumen de producción de vino y a mejorar su calidad para evitar excedentes.

En esa línea, se aplicó una política de arranques de viñedos subvencionados, se exigió regularizar o arrancar las plantaciones hechas hasta 1998, así como la prohibición de nuevas plantaciones desde septiembre de ese mismo año. En España se consideraba que habría unas 100.000 hectáreas de viñedos ilegales.

Las exigencias comunitarias en el sector del vino se concretaban en prohibir que el vino producido en esas plantaciones ilegales entrara en los circuitos comerciales y que el mismo se pudiera beneficiar de la política de ayudas comunitarias, tanto para su destino para la producción de mosto, como para la destilación para obtener alcohol para usos de boca. Su único destino debería haber sido la quema, sin ayudas.

Inspecciones

Las inspecciones comunitarias en el sector vitivinícola español se centraron en las campañas que van desde el año 1998 al año 2001, muy especialmente en las grandes zonas productoras donde se generan los mayores excedentes como son Castilla La Mancha, Extremadura y la Comunidad Valenciana.

Los inspectores comunitarios consideran que, en aquel momento, los controles que se hacían sobre ese tipo de explotaciones no eran lo suficientemente correctos y, en consecuencia, decidieron imponer la sanción.

Desde la Administración española se considera que en ningún momento ha existido esa falta descontrol, aunque se reconoce que los mecanismos de seguimiento para este tipo de explotaciones se ha mejorado mucho en los últimos años con la terminación de los Registros Vitivinícolas. Por otro lado, se recuerda que la comunidad de Castilla La Mancha, donde en teoría están las mayores superficies ilegales de viñedo, ha puesto en marcha los mecanismos supervisores necesarios para exigir el arranque de las mismas.

Acabar con los viñedos considerados ilegales ha sido, igualmente, una preocupación del propio sector vitivinícola español por considerar que la entrada de esas producciones en los circuitos comerciales podría contribuir a un aumento de los excedentes y a la consiguiente caída de los precios en los mercados.