Críticas al Supremo de Chile por poner plazo a los casos de la dictadura

La orden dada por la Corte Suprema de Chile a los jueces que investigan procesos por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet de cerrar los sumarios en un plazo de seis meses, y que afecta a 315 casos pendientes, ha recibido un rechazo generalizado. La resolución del alto tribunal, que tuvo el apoyo del Gobierno y buscaba descongestionar los tribunales, ha sido criticada por las víctimas, jueces, abogados de derechos humanos, parlamentarios y organizaciones humanitarias, que temen que se transforme en un punto final al atar las manos de los jueces.

La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) dijo que la medida era "arbitraria e ilegal", e interpuso un recurso en la Corte de Apelaciones Santiago. "El Poder Judicial, una vez más, se pone del lado de los victimarios", dijo la presidenta de la AFDD, Lorena Pizarro.

Amnistía Internacional reprochó que la imposición del límite de tiempo puede facilitar la impunidad en crímenes de lesa humanidad, mientras en Human Rights Watch, el abogado José Miguel Vivanco, director de la división de las Américas, consideró "irónico" que los militares se quejen de los atrasos en sus juicios "cuando el verdadero impedimento ha sido su propia negativa a cooperar con los investigadores". Diputados socialistas y demócratacristianos también se han opuesto a la medida.

El impacto que ocasionó el suicidio hace unos días del coronel Germán Barriga, ex miembro de la cúpula de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), el mayor aparato represivo de la dictadura, creó dentro de la Corte Suprema el clima favorable a la orden, donde sólo dos magistrados votaron en contra. Quien impulsó el acuerdo fue el presidente de la Corte Suprema, Marcos Libedinsky, que en 1993 aplicó la amnistía a los militares de la DINA que asesinaron al ex funcionario de la ONU, el español Carmelo Soria.

Aunque algunos casos llevan muchos años abiertos, la gran mayoría sólo se activó hace tres años, con el nombramiento de jueces especiales para investigar las causas. El trabajo de estos magistrados para aclarar crímenes cometidos hace casi 30 años, sin la colaboración de la mayoría de los acusados, también deberá finalizar en seis meses, de acuerdo a la orden de la Corte Suprema. Abogados especializados en violaciones a los derechos humanos consideran que la orden estimulará a los acusados a permanecer en silencio seis meses para esperar el cierre de los sumarios.