Sánchez llevará a Ayuso al TC si impide recordar las torturas del franquismo en la sede del Gobierno de Madrid

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha enviado a la Comunidad de Madrid un requerimiento para negociar la modificación de una reforma legal aprobada en diciembre por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso con el objetivo de que la líder conservadora tenga poder de veto sobre cualquier cambio en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno madrileño. Esa medida fue diseñada como una traba a la voluntad del Ejecutivo central de recordar que la sede de la Presidencia de Madrid fue lugar de torturas, encarcelamientos y vejaciones como base de la dirección general de seguridad (DGS) de la dictadura franquista entre 1939 y 1979. Un conflicto por invasión de competencias que acabará en el Tribunal Constitucional si las dos partes no llegan a un acuerdo, pues el Estado considera inconstitucional la norma madrileña. Como adelantó EL PAÍS, la máxima instancia judicial de España ya ha recibido otro recurso, este de Madrid, contra el procedimiento para declarar la Real Casa de Correos como lugar de memoria democrática.

En diciembre, el PP de Madrid usó su mayoría absoluta para aprobar en la Asamblea una reforma legal para que la instalación “con carácter permanente de cualquier placa o distintivo” en la Real Casa de Correos requiera de “la previa autorización del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid”. Es decir, para que Ayuso pueda vetar su instalación.

Como consecuencia, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha enviado ahora a la Comunidad de Madrid lo que define como “una invitación para resolver las discrepancias sobre el artículo 4 la Ley 8/2024, de 26 de diciembre, de medidas para la mejora de la gestión pública en el ámbito local y autonómico de la Comunidad de Madrid”. El Gobierno central considera que la reforma despoja de sus competencias a la Administración General del Estado, a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y a la Dirección General de Atención a las Víctimas y Promoción de la Memoria Democrática. Una situación que el ministerio que dirige Ángel Víctor Torres analiza como incompatible con el artículo 53 de la Ley de Memoria Democrática, al supeditar la aplicación y ejecución de la norma estatal por los órganos del Ejecutivo estatal a una previa autorización de un órgano autonómico “sin límite ni ponderación alguna“.

“El ministro canario [en referencia a Torres] recibirá una ilustrativa carta donde le informaremos de algunos lugares que nunca declaró “franquistas” en Canarias, mientras tiene sus confundidos ojos puestos en Madrid”, ha reaccionado Díaz Ayuso con un mensaje en la red social X, antiguo Twitter. “Y mira que tuvo tiempo”.

En junio de 2024, las dos administraciones lograron in extremis un acuerdo para evitar que el Constitucional dirimiera su choque por el redactado de la ley de presupuestos autonómicos. Sin embargo, en esta ocasión el acuerdo parece imposible.

Este nuevo episodio solo profundiza el choque entre ambas administraciones por los actos de celebración del 50º aniversario de la muerte de Franco, en los que Madrid se ha negado a participar. Un desencuentro que refleja el pulso continuo que enfrenta al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y a Díaz Ayuso.

El Ejecutivo regional viene defendiendo desde octubre, cuando se iniciaron los trámites para la declaración, que la etapa de las torturas de la DGS solo representa un 15% de la historia de la Real Casa de Correos y que la colocación de la placa afectaría a su uso administrativo e invadiría las competencias autonómicas.

Así, el Ejecutivo de Díaz Ayuso expuso en sus alegaciones que “el acuerdo (de declaración como lugar de memoria democrática) vulnera las competencias de la Comunidad de Madrid en materia de gestión de su patrimonio, defensa del patrimonio histórico, funcionamiento de una institución de autogobierno, y ataca el funcionamiento de una institución de autogobierno”. Además, el Gobierno regional denunció que “el Estado ha actuado con una total falta de lealtad institucional”, pues no le comunicó su decisión de declarar el edificio como lugar de memoria democrática hasta que publicó la decisión en el BOE. Y argumentó que no procede destacar que el complejo fue sede de la DGS entre 1939 y 1979 porque también ha sido oficina central de Correos, y ha albergado la Capitanía General, el Gobierno Militar y el Ministerio de Gobernación, sin que nada lo recuerde.

Frente a ello, el Gobierno de Sánchez opina que no hay razón para que se produzca colisión alguna entre las actuaciones previstas en la ley de memoria histórica para la declaración de un inmueble como lugar de memoria democrática y el normal ejercicio por la administración titular del inmueble de las facultades de titularidad autonómica sobre el mismo. Por ejemplo, recuerda una fuente gubernamental, miles de personas visitan todos los años la Real Casa de Correos para ver su Belén o escuchar villancicos, sin que eso perturbe el día a día de la administración regional. ¿Por qué habrían de hacerlo una placa y la explicación que le acompañe?

Además, el Ejecutivo central plantea que la mera incoación de un procedimiento administrativo no conlleva afección competencial alguna, ni puede ser una injerencia en el autogobierno de Madrid, ni en su capacidad en materia de protección y seguridad de los edificios e instalaciones. También subraya que la ley recoge expresamente la posibilidad de declarar como lugares de memoria edificios que son Bienes de Interés Cultural (BIC), como es el caso de la Real Casa de Correos, por lo que tampoco hay injerencia en las competencias autonómicas sobre patrimonio histórico, artístico o monumental. Y recalca que la existencia de otras placas en el edificio (sobre los atentados del 11-M, los héroes del Dos de Mayo o las víctimas de la covid) muestra que es posible instalar otra recordando el pasado del edificio como sede de la DGS.

La declaración de lugar de memoria democrática “normalmente” culmina con la colocación de una placa conmemorativa; acciones de “difusión, en múltiples soportes y formatos explicativos, de por qué es un lugar de memoria”; y exposiciones, según explicó un portavoz del Gobierno central cuando se inició el proceso que afecta a la Real Casa de Correos.

Como informó EL PAÍS, el Ejecutivo regional ya se opuso en mayo de 2024 a colocar una placa que recordara el pasado del edificio, tras solicitárselo el periodista Nino Olmeda, que fue detenido durante la dictadura y aún recuerda el complejo como un lugar terrorífico, lleno de dolor y gritos, con celdas y torturadores. El portavoz del Gobierno, Miguel Ángel García Martín, llegó a decir que el edificio tiene “muchísima historia”, recordando, entre otras cosas, que en el mismo lugar se situó el Ministerio de la Gobernación de la Segunda República, “cuando también se persiguió por sus ideas a muchos madrileños”.

La placa del 11-M

Entonces, tanto Ayuso como el portavoz argumentaron que las únicas placas que tenían cabida en la sede del Gobierno eran las ya existentes, “porque unen y no dividen”. Una honra a los héroes del Dos de mayo; otra recuerda a las víctimas del 11-M y a quienes las auxiliaron; y, la última, a los fallecidos durante la pandemia de la covid.

Sin embargo, el poderoso jefe de gabinete de la presidenta, Miguel Ángel Rodríguez, fue incluso más lejos. Así, en una carta dirigida a Olmeda y adelantada por este diario, argumentó que Madrid está “plagada de inmuebles” en los que “se han cometido actos reprobables, como los sucedidos en las checas durante la Guerra Civil, sin que ninguna placa recuerde los horrores acaecidos”.

En contraposición, así argumentaba el Gobierno central en octubre la necesidad de actuar sobre un edificio que albergó horrores descritos por Mario Martínez Zauner en Presos contra Franco (Galaxia Gutenberg, 2019): “La declaración de Lugar de Memoria Democrática pretende rescatar del olvido y reconocer a quienes sufrieron las humillaciones, torturas o encontraron la muerte en sus dependencias”, se lee sobre la iniciativa liderada por el ministro Ángel Victor Torres. “El edificio constituye un referente y símbolo de las violaciones de los derechos humanos durante el franquismo”, sigue. Y añade: “Con la declaración de Lugar de Memoria se pretende contribuir al conocimiento de la verdad de lo que ocurrió en sus dependencias con la finalidad de que nunca más vuelvan a ocurrir hechos similares en nuestro país”.