Equidad y Constitución

DESPUÉS DE EXAMINAR la Propuesta de Reforma del Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi (PEPCE), remitida por el Parlamento vasco, la Mesa del Congreso ordenó su publicación en el Boletín General de las Cortes Generales y la remisión del texto al Gobierno; admitida así a trámite la iniciativa legislativa puesta en marcha el pasado 30 de diciembre por la asamblea autonómica, el Pleno de la Cámara baja celebrará, el próximo 1 de febrero, el debate de totalidad sobre el plan Ibarretxe. Aunque el Grupo Parlamentario Popular votó en contra de la tramitación de la propuesta por considerar que incumplía fraudulentamente los requisitos constitucionales y estatutarios exigidos por la ley, sus diferencias con el partido del Gobierno versan únicamente sobre cuestiones de procedimiento: los socialistas también se pronunciarán inequívocamente en el Pleno contra la patente, rampante y provocadora inconstitucionalidad de esa falsa propuesta de reforma del Estatuto de Gernika que no se propone sino enterrarlo.

Tras la aceptación a trámite de la Propuesta de Reforma del Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi por la Mesa del Congreso, el Pleno de la Cámara debatirá su texto el 1 de febrero próximo

Hace diez días la reunión del presidente del Gobierno con el líder del principal partido de la oposición ratificó su compartido y tajante rechazo a la PEPCE. Pero el lehendakari Ibarretxe no tira la toalla: el pasado martes pidió un encuentro a tres con Zapatero y Rajoy a fin de aleccionarles sobre la supuesta "barbaridad democrática" que implicaría el no del Congreso de los Diputados a la "mayoría absoluta" de la Cámara de Vitoria "y por tanto a la sociedad vasca". La falacia es clamorosa: de un lado, los representantes elegidos el año 2001 por el 40% de los ciudadanos vascos se han pronunciado en contra de la propuesta; de otro, al menos 312 de los 350 diputados designados el 14-M con el apoyo del 81% de los votantes rechazarán en el Pleno del 1 de febrero la PEPCE (entre ellos, 11 de los 19 congresistas elegidos en el País Vasco).

Por lo demás, la experiencia enseña que la rigidez y la cerrazón impiden al lehendakari ceder ni un centímetro ni una coma en la negociación. Durante el año largo de tramitación en el Parlamento autónomo, Ibarretxe defendió contra viento y marea los aspectos más estridentes y estrafalarios de su plan: junto a la expresa derogación unilateral -dentro del País Vasco- de preceptos tales como los artículos 145 (la prohibición de la federación entre comunidades) y 161.2 (la facultad del Gobierno para impugnar disposiciones de los órganos autonómicos), la PEPCE lleva a cabo la demolición implícita -también unilateral- de las paredes maestras del edificio constitucional: desde la estructura y las competencias del Poder Judicial hasta la regulación de los derechos de nacionalidad, ciudadanía, asociación y participación, pasando por el caprichoso adelgazamiento anoréxico de las competencias exclusivas y compartidas de la Administración central y la expansión bulímica no menos arbitraria de las competencias propias.

Las reformas de la PEPCE introducidas por el Parlamento, o son inanes (la dicción femenina de los cargos de lehendakari, rey y fiscal), o agravan su inconstitucionalidad. La atribución del derecho de gracia sobre los ciudadanos de Euskadi al Gobierno vasco implica el privilegio de indultar a todos los terroristas condenados incluso por crímenes de sangre (artículo 24). Y la anterior concesión a la canadiense de la necesidad de una "voluntad clara e inequívoca" expresada por los ciudadanos vascos en el eventual referéndum convocado por las instituciones de Euskadi para proclamar su independencia como Estado es reinterpretada a la baja como la simple "mayoría absoluta" -bastaría con el 50,01% - de los votos "declarados válidos" en la consulta por muy baja (¿hasta un dígito?) que fuese la participación (artículo 14). En cualquier caso, la inconstitucionalidad no es la razón principal -desde el enfoque de una democracia deliberativa- de que la PEPCE sea una burla para la mitad -al menos- de los vascos y la abrumadora mayoría del resto de los españoles. El aspecto más ofensivo es su arrogante desprecio hacia la equidad que debe inspirar al ordenamiento jurídico para garantizar la igualdad de derechos y deberes y la libertad y solidaridad de todos los seres humanos.