Comisión de la lealtad

Los partidos que representan al 80% de los españoles están de acuerdo en abordar las reformas institucionales, en particular las de la Constitución y los Estatutos de Autonomía, desde el entendimiento. De momento lo que hay es sólo la voluntad de acuerdo -que ya es mucho-, pues lo convenido es crear una comisión en la que se buscarán acercamientos para una actuación convenida. Es un efecto de la situación creada por el desafío que supone el plan Ibarretxe, que no sólo afecta al País Vasco, sino a la cohesión y viabilidad futura del Estado autonómico.

El presidente del Gobierno y el del primer partido de la oposición, que venían escenificando divergencias en el tratamiento del desafío soberanista, decidieron ayer dejar pasar a primer plano lo que comparten, el rechazo a ese reto y la defensa de los valores constitucionales, y relativizar las diferencias, que seguramente subsisten, sobre la mejor forma de hacerle frente.

Rajoy es seguramente, de entre los dirigentes actuales del PP, el más receptivo al estilo y voluntad de acuerdo de Zapatero en relación a las cuestiones de Estado. Y viceversa: para hacer la misma oposición que hizo Aznar en su momento, Mariano Rajoy no vale. Se han juntado así, gracias al plan Ibarretxe, las condiciones para un entendimiento entre ambos dirigentes que permita una respuesta concertada a preocupaciones compartidas. Pero también se han creado las condiciones para un reconocimiento mutuo: de que la iniciativa corresponde al Gobierno socialista, por parte del PP, y de que el PP es un partido democrático no contaminado por taras congénitas, por parte del PSOE; uno reconoce la gravedad de la situación, y el otro, la estabilidad y la legitimidad de los apoyos parlamentarios del Gobierno. Y se empieza a poner fin a un periodo de crispación que, según constatan las encuestas, la mayoría de los ciudadanos considera artificial e inconveniente; especialmente a la hora de hacer frente a la situación que abre el desafío soberanista.

Las reformas institucionales constituyen el eje del programa político del PSOE para la legislatura. Son asuntos para cuya culminación el Gobierno necesita el acuerdo del PP; de manera imprescindible para las reformas de la Constitución, y que sería muy conveniente para las de los Estatutos y la de la financiación autonómica. Zapatero ha conseguido asociar al PP a ese proceso; es decir, ha conseguido que el partido de Rajoy se decante por la colaboración y no por el boicoteo de cualquier reforma como vía para desgastar al Gobierno y provocar su fracaso. Rajoy, por su parte, ha conseguido que el Gobierno reconozca la conveniencia del acuerdo de los dos grandes partidos frente a eventuales desbordamientos de la fiebre reformista de los nacionalistas. Ello no afecta necesariamente a la política de alianzas del Gobierno, según reconoció Rajoy. Pero es evidente que la mera existencia de la comisión como cauce en el que plasmar respuestas conjuntas actúa como elemento disuasorio y preventivo de tales desbordamientos.

El principio de acuerdo está pendiente de desarrollo y concreción. A diferencia del Pacto de 1992 sobre ampliación de competencias de los Estatutos de las autonomías de régimen común, en todas las cuales gobernaba el PSOE o el PP, las principales reformas ahora previstas afectan a comunidades con fuerte presencia de partidos nacionalistas. Ello obligará a buscar un equilibrio en las medidas acordadas. Pero de momento, la satisfacción expresada por los dos principales líderes políticos españoles es compartida por muchísimos ciudadanos.