La eutanasia, de nuevo
El éxito de la película Mar adentro, de Alejandro Aménabar, centrada en la batalla librada por el tetrapléjico gallego Ramón Sampedro para que le ayudaran a bien morir, y la reciente salida a la luz pública de la mano amiga que le suministró el veneno que acabó con su vida, han impulsado el debate social sobre la eutanasia, en tanto se mantiene congelado el político e institucional. No es la primera vez que se produce ese paso cambiado entre la realidad social y la política en una cuestión sin duda delicada y compleja, pero cada vez más difícil de eludir según avanzan las técnicas médicas y se prolonga la vida de las personas.
El PP pasó olímpicamente del tema mientras gobernó, debido sin duda a su total alineamiento político en este punto con las opciones morales de la Iglesia, mientras que el actual Gobierno socialista, que incluyó en su programa electoral el debate sobre el derecho a la eutanasia, no ha dado todavía ninguna señal sobre su voluntad política de abordar la cuestión.
Es cierto que el actual Gobierno, que tiene en marcha otras reformas a las que se resiste la Iglesia católica, no está atado por ningún compromiso legislativo de regular la eutanasia en esta legislatura. Su promesa se limita a crear una comisión de estudio en el Congreso sobre sus aspectos éticos, jurídicos y sanitarios, así como sobre su despenalización y el derecho del enfermo a recibir cuidados paliativos y tratamientos para el dolor. Pero esa comisión no ha sido creada todavía, aunque hubo un intento de hacerlo en septiembre pasado, frustrado por el PP. Este partido, cerrado a cal y canto al debate de la eutanasia desde el Gobierno, no permite ahora desde la oposición que otros lo abran.
Los socialistas parecen, en todo caso, haber reorientado su política más inmediata al desarrollo de los servicios de cuidados paliativos y a evitar el llamado encarnizamiento terapéutico (prolongar artificialmente la vida de un enfermo terminal), aplazando el debate sobre la eutanasia al que se habían comprometido. Pero el debate sobre ambas cuestiones no es excluyente, sino complementario. Y habrá que abordarlo alguna vez si realmente existe voluntad política de regular legalmente la eutanasia, reconociendo el derecho del paciente en situación terminal o extrema de su existencia a decidir sobre su muerte y a demandar ayuda médica. El descubrimiento de que Ramón Sampedro pudo sufrir en la hora de su muerte es un argumento más a favor de un tratamiento legal y civilizado de esas situaciones personales extremas, fuera de los riesgos que conlleva la clandestinidad.
