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Un mapa con 18 sistemas de salud

Aumentan las diferencias entre las prestaciones que ofrecen las comunidades autónomas

Una pareja joven a la que se le haya roto el preservativo puede tener que pagar o no la píldora poscoital dependiendo de donde viva. Tampoco la boca de los niños recibe la misma atención pública en unas comunidades que en otras; no todos los diabéticos tienen acceso gratuito a las bombas de insulina; y los transexuales que aún no se han operado intentan empadronarse en Andalucía. Éstas son algunas de las diferencias que han hecho único cada uno de los 17 sistemas de salud (18 si se incluyen Ceuta y Melilla, gestionadas por el Ministerio de Sanidad).

Las diferencias se han multiplicado en los últimos tres años, desde el fin de las transferencias a las comunidades del antiguo Insalud, reconoce Ana Pastor, quien vivió el proceso como ministra de Sanidad en el último Gobierno del PP. "Ésa fue una de las causas por las que se elaboró la Ley de Cohesión y Calidad, y por las que todos estuvieron de acuerdo [la norma se aprobó por unanimidad en mayo de 2003]", añade.

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Pero la vuelta a la unanimidad parece imposible. Existe un catálogo común de prestaciones aprobado en 1995, y luego cada comunidad puede incorporar los servicios extra que desee, siempre que los pague con sus propios fondos y no con el dinero que reciben para financiar los servicios sanitarios, explica el secretario general de Sanidad, Fernando Lamata.

La incorporación de nuevos servicios (tecnologías, formas de abordaje de una enfermedad) depende desde 2003 de un grupo de trabajo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que todavía no ha presentado ninguna conclusión a los consejeros. Luego, si se trata de una prestación auténticamente nueva, deberá elaborarse una memoria económica y el Consejo de Política Fiscal y Financiera deberá aprobar dar a las comunidades nuevos fondos para que las pongan en marcha.

"Pero si se trata de mejoras en lo que ya se hace, no hace falta eso", recalca Pastor, quien pone como ejemplo las bombas de insulina (un dispositivo que permite que los diabéticos reciban la insulina correctamente dosificada de forma automática). Para mejorar lo que ya funciona está el fondo de cohesión, que tiene como fin no sólo pagar el tratamiento de pacientes desplazados, sino dar cohesión al sistema.

Estas incorporaciones de pequeñas mejoras -pequeñas económicamente, aunque pueden suponer un avance importantísimo para la calidad de vida de sus pacientes- se van haciendo poco a poco, "por sentido común", señala Lamata. "Un consejero da el primer paso, y si le va bien los demás lo copian", indica.

Ni los responsables del actual Gobierno ni los del anterior creen que este sistema deba tener una mayor regulación, ni que represente un problema para el precario equilibrio financiero de las comunidades. "Es un plus que las comunidades tienen derecho a dar", afirma Lamata.

Tampoco parece ser una fuente de desigualdad. "Hacerse famoso incorporando algo nuevo a la cartera de servicios es prácticamente imposible, porque todo el mundo lo quiere y todos lo tendrán que dar", dice Pastor. "No supone una desigualdad frente a las grandes cuestiones de salud", dice Lamata.

Otro aspecto es qué será lo próximo en incorporarse. "El sistema español es tan abierto que prácticamente en vez de decir qué hay que dar, dice lo que excluye, como el psicoanálisis, la ortodoncia o la cirugía plástica cuando es por estética", señala Lamata.

Por ejemplo, fuentes de Sanidad opinan que todas las comunidades financiarán la píldora del día siguiente, por lo que quedará incluida en el sistema. "Además, es más segura y barata que un aborto en una adolescente, por ejemplo", apuntan. El problema aquí parece ser más religioso que financiero.

Las asociaciones de afectados no opinan lo mismo. Aparte de la salud bucodental y la atención en salud mental, hay peticiones de financiación de pañales para personas con incontinencia, sistemas menos dolorosos para medir el grado de coagulación de la sangre en personas que toman medicación anticoagulante, prestaciones ortoprotésicas o la extensión de lo que algunas comunidades ya dan: cambio de sexo para los transexuales, operaciones de plástica para los efectos de los antivirales en personas con sida, posibilidad de ir a centros privados si se excede un máximo de lista de espera, o más cercanía de centros de día o diálisis, por ejemplo.

La ministra de Sanidad, Elena Salgado, con consejeros de Sanidad.
La ministra de Sanidad, Elena Salgado, con consejeros de Sanidad.EFE

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