El futuro fiscal de EE UU afronta duras críticas por su posición sobre la tortura

La confirmación del equipo que el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, ha elegido para gobernar en este segundo mandato inicia hoy su carrera de obstáculos. Alberto Gonzales, candidato a ponerse al frente del Departamento de Justicia y fiscal general del Estado, está recibiendo estos días un duro ataque desde círculos militares y religiosos en EE UU por su particular opinión sobre el recurso a la tortura en los interrogatorios a prisioneros de guerra. La candidatura de Gonzales, que consideró en 2002 que Estados Unidos puede ignorar las exigencias de protección de los prisioneros de guerra previstas en la Convención de Ginebra, será examinada hoy en el Senado.

Gonzales es un veterano colaborador del presidente Bush, sobre el que la Casa Blanca deposita gran confianza y al que defiende. Pero su expediente plantea problemas. Como consejero jurídico de la Casa Blanca, solicitó en agosto de 2002 al Departamento de Justicia una "opinión legal objetiva" sobre los interrogatorios extremos a presos. El resultado fue un texto que eximía al presidente de cualquier responsabilidad. Antes, en enero de 2002, aseguró en un memorándum que la guerra contra el terrorismo es "un nuevo tipo de guerra" que requiere que EE UU recurra a vías poco usuales para obtener información. En ese informe se asegura que la Convención de Ginebra es "obsoleta" sobre el interrogatorio a presos y "limitada".

En su comparecencia de hoy Gonzales tiene previsto "respetar" los tratados contra la tortura, según explicaron ayer fuentes próximas al colaborador de Bush. Estas fuentes subrayaron que ante el Senado dejará claro su "profundo compromiso con el imperio de la ley", informa Efe.

Los primeros en lanzar la voz de alarma contra Gonzales han sido un grupo de ex generales que han enviado una carta al Comité Judicial del Senado en la que expresan "gran preocupación" por la llegada del hispano al Departamento de Justicia. En la misiva piden al comité que "examine" con detalle las opiniones del aspirante sobre el tratamiento de los prisioneros de guerra.

Joseph Hoar, ex jefe del mando central de las Fuerzas Armadas, es contundente a partir de estos informes y de lo sucedido después en Afganistán, Irak y Guantánamo: "Gonzales no está cualificado". En la misma línea se pronunció James Cullen, ex juez militar en el Tribunal de Apelaciones del Ejército de Tierra, quien asegura que el hombre designado por Bush para ponerse al frente de Justicia "no posee el atributo básico de un fiscal general, que es buen juicio".

Al rechazo de los militares se le sumó, además, el de un grupo integrado por 225 líderes religiosos, que cuestionaron las opiniones expresadas por Alberto Gonzales ante el recurso de la tortura en los interrogatorios. En un carta abierta, los religiosos piden al candidato que se comprometa a respetar la Convención de Ginebra y a hacer de EE UU un país líder en el respeto de los derechos humanos.

El grupo de religiosos denuncia y rechaza los informes elaborados por Gonzales para la Casa Blanca justificando el recurso a la tortura. "La tortura física, psicológica, sexual o religiosa degrada la dignidad humana. Nunca está justificada", señalan. Y piden al futuro responsable de Justicia que se pronuncie en contra de esta práctica antes de ser designado como nuevo fiscal general de EE UU.

Por su parte, el grupo Alianza para la Justicia denuncia que Alberto Gonzales está en el centro de la política seguida por la Casa Blanca para justificar los abusos a los prisioneros de guerra en Afganistán e Irak, que se destaparon a raíz del escándalo en la prisión de Abu Ghraib, a las afueras de Bagdad. "Gonzales elaboró informes en los que favorecía el uso de la tortura desafiando la Convención de Ginebra y el derecho internacional", indican.

Apoyo republicano

El senador republicano Orrin Hatch se mostró convencido de que Gonzales pasará el examen, a pesar de la controversia suscitada durante los últimos días. El Partido Republicano domina la Cámara baja, lo que le permitirá sacar adelante las propuestas. Pero los fieles al presidente Bush son conscientes de que el caso de Gonzales podría toparse con algunos problemas o maniobras dilatorias por parte de la oposición demócrata. El senador Patrick Leahy ya ha dicho que será duro.